En un reciente informe, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha moderado las expectativas del Gobierno al proyectar que el recaudo por litigios tributarios para este año se ubicará entre 1,82 billones y 3,28 billones, una cifra significativamente inferior a los $10 billones anticipados por el Ministerio de Hacienda. Esta discrepancia entre las proyecciones hace prever un ajuste presupuestario más severo de lo previsto, para cumplir con la normativa fiscal vigente.
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El Ministerio de Hacienda había declarado, a principios de año, una estimación optimista de 10 billones en ingresos provenientes de disputas legales en favor de la Dian. Sin embargo, la realidad, según la entidad sugiere que las cifras reales de recaudación por esta vía estarán considerablemente por debajo de dichas proyecciones. “Durante el primer trimestre de 2024, se registraron 92 fallos en materia tributaria con una cuantía total de 671.181.245.786. De estos, el 60 % fueron favorables”, explicó el organismo.
La diferencia en estas proyecciones agrava la problemática para el Gobierno, que ahora deberá considerar recortes significativos en sus gastos para ajustarse a la normativa fiscal. Este ajuste es imperativo para evitar desbalances en el presupuesto nacional, especialmente en un contexto en el que los ingresos previstos no se materializan como se esperaba. La Dian fundamenta sus cálculos más conservadores en el historial de sentencias judiciales, en el que históricamente ha logrado una tasa de éxito del 51,3% en los 691 procesos contenciosos administrativos tributarios, involucrando cerca de $3.5 billones en disputa.
Los detalles ofrecidos por la entidad en respuesta a un derecho de petición de Blu Radio, revelan un panorama menos optimista que el esbozado en su momento por el Ministerio de Hacienda. “Una vez se encuentran en firme, los fallos son remitidos al área de cobranzas para su correspondiente cumplimiento, razón por la cual el dato de recaudo varía según la fecha en que se revise”, añadió.
Los retos de la cartera de Hacienda
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrenta un desafío económico sin precedentes, ya que debe considerar un recorte presupuestario de hasta 23,4 billones de pesos, lo que representa casi un cuarto del presupuesto de inversión del gobierno. Este ajuste pondría en riesgo proyectos esenciales como la atención primaria en salud, la universidad gratuita y diversos subsidios. La situación se complica ante la posibilidad de que no se encuentren otras áreas donde realizar los recortes necesarios sin afectar programas críticos para el desarrollo social y económico del país.
La Dian ha proyectado una necesidad de ajuste en el presupuesto que inicialmente se estimaba en 16,7 billones de pesos, pero que ahora asciende a una cifra aún más alarmante. Esta revisión presupuestaria refleja la delicada situación financiera que atraviesa el país y la urgente necesidad de encontrar soluciones eficaces que no comprometan los objetivos de larga duración del gobierno.
En respuesta a esta crisis presupuestaria, el gobierno había introducido un proyecto de ley dirigido a acelerar la recuperación de recursos a través de litigios, buscando así una fuente alternativa de ingresos que pudiera mitigar la necesidad de recortes drásticos. Este enfoque, sin embargo, ha enfrentado críticas significativas. “El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha destacado que los ingresos provenientes de litigios representan una fuente inestable y no permanente, lo que los convierte en una base poco confiable para el cumplimiento de la regla fiscal”, explican desde el comité.
Pese a la urgencia de la situación, el proyecto de ley ha perdido impulso en el Congreso. La retirada del mensaje de urgencia por parte del gobierno ha resultado en un estancamiento, con la fecha límite del 20 de junio acercándose rápidamente. Si no se realiza el primer debate antes de esta fecha, la iniciativa será archivada por falta de procedimiento, dejando al gobierno con aún menos opciones para manejar la crisis presupuestaria.
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