En la mañana del 30 de abril de 2024, el cabildante Julián Uscátegui presentó un proyecto de acuerdo que pretender suspender los apoyos económicos y educativos financiados por el distrito para aquellas personas que se vean comprometidos por actos vandálicos en contra de lo público y privado durante las manifestaciones.
El concejal precisó que el proyecto además precisa la suspensión de esos beneficios a quienes sean responsables de agresiones contra la vida e integridad de los uniformados de la fuerza pública o la población civil.
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Uscátegui comentó que a pesar de las investigaciones adelantadas por las autoridades, el distrito sigua beneficiando a “terroristas urbanos. Aquellos que se expresan con violencia deben responder ante la justicia y perder todo subsidio. Los bogotanos no pagan impuestos para financiar criminales”.
Qué se propone en el proyecto de acuerdo
De acuerdo con el vocero, con la aprobación del proyecto se le facultará a las dependencias distritales, encargadas de la gestión y administración de los programas de formación educativos y de inclusión social, para declarar la suspensión provisional de los beneficios de aquellos ciudadanos cobijados y que se encuentren investigados por una presunta participación en delitos o contravenciones cometidos durante una manifestación pública.
Sobre ese punto, el cabildante explicó que las entidades distritales, en ese caso las secretarías de Educación e Integración Social, deberán implementar un procedimiento específico que otorgue las garantías del debido proceso en la imposición de la suspensión provisional.
“El acceso a programas de educación superior no es un derecho absoluto. Los beneficiarios deben cumplir con los deberes y responsabilidades que exigen la constitución y la ley. Este proyecto busca proteger la protesta social, desincentivando las expresiones violentas en las manifestaciones públicas”, enfatizó Uscátegui.
En cuanto al proceso de suspensión, este estará directamente vinculado a la duración del proceso policivo o penal que involucre al beneficiario del programa de incentivos. Posteriormente, una vez esclarecida la situación jurídica del sujeto, la entidad deberá revisar la medida de inhabilitación para que la persona pueda retomar los beneficio, en caso de que resulte absuelto o exonerado de las acusaciones formuladas.
Sin embargo, después de culminar las investigaciones y el proceso penal por parte de las autoridades, el sujeto es hallado responsable de actos vandálicos contra la propiedad pública - privada o contar la integridad de la ciudadanía y la fuerza pública, las dependencias encargadas de la administración de los beneficios tendrán que retirarlos de manera definitiva.
Pérdidas que dejan los actos vandálicos en Bogotá durante las protestas sociales
Uscátegui precisó que cada manifestación que se registra en la ciudad deja millonarias pérdidas para la capital. Uno de los ejemplos que trajo a colación fue el incendio de uno de los buses zonales que hacen parte del sistema integrado de transporte público, Sitp, que se registró el 25 de abril en inmediaciones de la sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar.
Según el cabildante, el hecho dejó daños por más de 700 millones de pesos. A su vez sumó que en 2021, durante las manifestaciones, se presentaron destrozos a 151 infraestructuras gubernamentales, 28 peajes, cuatro básculas de pesajes, 25 bienes culturales, 150 cámaras de seguridad, 55 cámaras de fotomultas, 111 semáforos, 679 instalaciones policiales, 536 vehículos policiales, 438 establecimientos comerciales privados, 456 oficinas bancarias, 1201 vehículos de transporte público, 236 estaciones de transporte público, 21 motos particulares, 91 estaciones de servicios y 432 cajeros automáticos.
“No más beneficios para los vándalos en Bogotá. Los bogotanos no podemos seguir subsidiando a aquellos que en el marco de la protesta social están acabando con el patrimonio público. Por ese motivo radicamos este proyecto en el Concejo de Bogotá”, reiteró el cabildante una vez finalizó su presentación.
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