La Procuraduría General de la Nación desplegó un equipo de expertos forenses desde Bogotá con el fin de ejecutar una orden judicial en Telemedellín y la anterior Alcaldía de Medellín, con el fin de recolectar evidencia sobre presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo valorado en más de 18.000 millones de pesos.

Esta operación busca profundizar en la investigación que implica a Juan José Aux, exsecretario de Comunicaciones durante la gestión del exalcalde Daniel Quintero, y a otros profesionales asociados con el caso.

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La pesquisa se centra en el análisis de un contrato específico que supera los $18.000 millones, establecido para la difusión publicitaria y la promoción de logros de la administración de Quintero.

El contrato inicial se valoró en $12.496 millones con una adición posterior de 6.248 millones. Los entes fiscalizadores critican la elección de la modalidad de contratación directa para este acuerdo, obviando el proceso de licitación pública que garantizaría una selección más transparente y equitativa.

Además de esta controversia, se investigan posibles malversaciones en el uso de los fondos fijos de la alcaldía, particularmente en gastos injustificados y las sospechas de doble facturación en algunos ítems. La Procuraduría también señaló la posible incapacidad de Telemedellín para cumplir con el objeto del contrato, sugiriendo que parte de las responsabilidades fueron subcontratadas a la empresa Maxempleos, lo que plantea dudas sobre la gestión y ejecución del convenio.

“El ente de control evidenció un presunto desconocimiento de los principios de contratación estatal, al suscribir el referido contrato bajo la modalidad de contratación directa, eludiendo el procedimiento de ley (licitación pública), en el cual deberían participar varios oferentes para escoger el de mayor experiencia, idoneidad, capacidad necesaria y suficiente”, señalaron en la Procuraduría.

Este escenario llevó al cese de actividades de Juan David Duque, secretario privado de Quintero, tras la negativa a proporcionar información detallada sobre los gastos e historial de facturas relacionadas con los fondos asignados. La situación de Duque refleja la profundidad de las investigaciones relacionadas con la gestión anterior en Medellín, que incluye a varios exfuncionarios enfrentando escrutinio legal por acciones que podrían ser interpretadas como corruptas.

Las indagaciones de la Procuraduría y otras entidades apuntan a esclarecer las circunstancias bajo las cuales se concibieron y ejecutaron estos contratos y manejos financieros, marcando un momento significativo en los esfuerzos por asegurar transparencia y responsabilidad en la administración pública de Medellín y reflejando las complejidades del gobierno local en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando un nuevo expediente vinculado al contrato del programa Computadores Futuro, iniciativa clave del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, durante el último cuatrienio.

Dicho contrato, ya bajo escrutinio desde 2022 por retrasos logísticos, se ve ahora cuestionado por presuntas irregularidades en la adjudicación y modificaciones contractuales que dispararon los costos para el distrito de manera considerable.

Este contrato, adjudicado inicialmente por $80.000 en septiembre de 2021, con un plazo de siete meses, terminó costando más de $118.000 millones y se extendió hasta finales de diciembre del año pasado.

Las adiciones y modificaciones aprobadas por la administración Quintero y la sospecha de que el contratista modificó las especificaciones técnicas de los equipos después de ganar la licitación, elevan las alertas sobre posibles actos de corrupción en la gestión de los recursos del distrito.

Entre las anomalías detectadas se encuentra la autorización, otorgada por la Secretaría General de la Alcaldía, para cambiar la marca y referencia de los portátiles comprometidos antes de la adjudicación del contrato. Estas modificaciones, que implican diferencias en las especificaciones técnicas acordadas, podrían significar infracciones a la legalidad del proceso contractual.

Nicolás Ríos, secretario de Gobierno, ha instado a los organismos de control a investigar estas irregularidades, denunciadas también en otros proyectos como la recuperación de la Biblioteca España y actos de presunta corrupción en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Esta situación se suma a una lista de preocupaciones expresadas por la nueva administración en relación con prácticas potencialmente corruptas que requieren atención inmediata. La modificación en las especificaciones técnicas de los computadores, contraída después de la asignación del contrato, ha sido calificada por Ríos como “abiertamente ilegal”, señalando la profunda necesidad de un escrutinio exhaustivo de las transacciones y contrataciones realizadas durante el periodo de Quintero.