El lunes 27 de noviembre la Corte Constitucional anunció que inició un incidente de desacato “por cumplimiento bajo” en la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP) para superar el Estado de Cosas Institucional (ECI) en la niñez de indígenas wayuu; especialmente en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La Corte sugiere que, pese a que se reportó la creación de la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira como “acción para cumplir la orden”, no son del todo favorables “toda vez que es incompatible con los elementos del mandato al no incluir a todas las entidades concernidas en la orden”.
El incidente de desacato va dirigido contra Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia; y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres Cárdenas.
Igualmente, se vinculó al superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; la gobernadora del Departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar.
La orden de la Corte les exige a los funcionarios y alcaldes señalados que, en un lapso de tres días, presenten los informes correspondientes que dejen en evidencia el cumplimiento frente a la conformación del Mesepp.
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A propósito del pronunciamiento de la Corte, la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, dejó claro los logros del actual Gobierno en la implementación de estrategias de atención a la población wayuu, los cuales fueron presentados una vez se conoció la exigencia de la Corte, de acuerdo con Ortiz, “hace 12 días”.
La consejera recalcó que desde su dependencia se presentaron los requerimientos que exige la Corte, que abarcó “el envío de documentos, la formulación de un plan provisional de acción, la batería de indicadores” y la exhibición de datos que reflejan el ejercicio efectivo de derechos. Además, indicó que se comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los progresos relacionados con este asunto.
“Ya tenemos un plan de acción que se lo presentamos a la Corte Constitucional. Nunca, históricamente, ningún Gobierno anterior había tenido este compromiso, que son compromisos que vienen del año 2017 y que nosotros en estos meses hemos tratado de sacarlos adelante. Este si es un gobierno que sí le ha cumplido a La Guajira y con todo el trabajo que hemos hecho en La Guajira”, aseveró Ortiz.
La funcionaria enfatizó en que el Gobierno se ha entregado en “sacar a La Guajira adelante”, agregando que ningún otro de los gobiernos anteriores ha tenido el compromiso para superar las dificultades sociales y económicas que tiene el departamento.
Por último, Ortiz aseguró que se ha realizado un trabajo “juicioso, serio y responsable”, con los ministerios implicados y que están a la espera que el presidente Gustavo Petro firme un nuevo decreto que permita avanzar y dar concretar resultados para “antes de finalizar el año”.
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