Reviven discusión sobre si el presidente Gustavo Petro debería someterse a exámenes periódicos: debate generó controversia

Tras el revuelo mediático que causaron las revelaciones de la periodista María Jimena Duzán, que habló sobre lo que sería la adicción del presidente de la República, Gustavo Petro, a las drogas, desde diferentes sectores políticos se refirieron a la situación que expuso la comunicadora, en un fuerte debate entre quienes le dieron credibilidad a sus señalamientos y los que la cuestionaron por su proceder.

Duzán se fue con todo en su escrito, denominado Carta abierta al presidente Gustavo Petro, y que fue publicado en el portal informativo Cambio, en el que no tuvo inconveniente alguno para aseverar lo que sería el problema del jefe de Estado con las sustancias alucinógenas, así luego lo conminara a confirmarle al país si, en efecto, tiene trastornos relacionados con lo que sería el consumo de estas sustancias.

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Y es que luego de la revelación de la periodista que agitó el panorama político a nivel nacional, también se revivió la discusión sobre si el presidente debe someterse o no a exámenes periódicos para demostrar si es apto para el cargo que ostenta. Este debate ya se dio en el Congreso, pero que no tuvo éxito en su trámite, pues se hundió antes de lo pensado.

Una de las que lideró el proyecto con el que se buscaba que se aprobara esta iniciativa en la Cámara de Representantes es Carolina Arbeláez: congresista del partido Cambio Radical, que tras la información que publicó Duzán en su columna no dudó en apoyar la petición de la periodista, en el sentido de que el mandatario le cuente a Colombia si sufre de algún tipo de adicción o no.

Por su parte, los representantes Juan Espinal, del Centro Democrático, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, también se manifestaron con respecto a esta proposición. En diálogo con W Radio, expresaron cada uno sus posturas: la de Espinal, referente a que si debe someterse a revisiones periódicas que le entreguen la tranquilidad a los colombianos de cómo está el mandatario; contrario a Ocampo, que lo consideró una violación a la privacidad del gobernante.

Esto, “ante las faltas sistemáticas a su agenda tanto nacional como internacional, y ante los evidentes los quebrantos de salud que ha registrado el presidente”, indicó Espinal, que lamentó que el trámite no ha sido adelantado en el Senado. “No somos nadie para señalar unas posibles adicciones (...) pero creo que sería sano que el presidente acudiera a hacerse un examen tranquilo para despejar dudas”, señaló.

Incluso, Espinal propuso que la revisión también se le haga a los congresistas. Visión distinta tiene Ocampo, que no se puede permitir que el “ruido” de cualquier persona, sea o no de la oposición, lleve al presidente a hacerse exámenes porque alguien tiene dudas sobre su salud. “Eso es una cosa ilógica”, remarcó, en relación con la petición que se ha indicado.

“Hay una narrativa que desde las 4:00 a. m. se instala para hacer ver mal al presidente Petro. Hay un sector grande del país político que le interesa que al mandatario lo vean mal”, agregó Ocampo, que hizo mención a otros mandatarios, sobre sus asuntos personales, y sobre los cuales no se pidió verificar su condición, incluso a quienes decían que eran “jugadores y bebedores”. Incluso, lo calificó como “montadera”.

Sobre el particular, la Comisión Primera de la corporación archivó el 12 de septiembre el proyecto de ley que buscaba que tanto el mandatario como otros funcionarios elegidos por voto popular se sometieran a un examen médico anual, para determinar sus condiciones de salud con miras a las funciones que acarreaban sus cargos.

La propuesta había sido presentada por Carlos Felipe Quintero, representante del Partido Liberal en Cesar, e incluía la presentación de examen por parte de alcaldes y gobernadores. No obstante, no obtuvo los votos necesarios para su aprobación en la Cámara, por lo que se archivó, debido a que al ser un proyecto de ley estatutaria necesitaba la mayoría absoluta, pero logró 20 votos de los 21 que necesitaba, frente a 16 que rechazaron el proyecto.

Pedro Suárez Vacca, representante del Pacto Histórico, alegó en su momento que obligar a los funcionarios a someterse a un examen médico anual plantea una invasión de la privacidad y el consentimiento informado, innegociables del ser humano.