
En vista de las elecciones territoriales programadas para el próximo domingo 29 de octubre, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, ha emitido una advertencia sobre la supervisión exhaustiva de todo el proceso electoral, el manejo de dineros públicos y la participación en política de los funcionarios públicos.
La Procuradora expresó su preocupación por lo que considera una práctica problemática: “Es muy rico hacer organizaciones y preparar a los nuevos candidatos con el erario. Hemos observado la intención de los funcionarios actuales, que dirigen los gobiernos territoriales, que utilizan su infraestructura, su presupuesto, sus elementos, para apoyar a un determinado candidato, afectando ese tipo de manejo transparente del erario”.
Además, Cabello subrayó que están realizando un análisis detallado de la lista de aportantes y donantes a las campañas electorales. A menudo, se ha observado que aquellos que contribuyen con fondos a las campañas luego obtienen contratos a través de convenios interadministrativos, con acuerdos específicos que les otorgan una parte del presupuesto en proporción al porcentaje de su aporte a la campaña respectiva.
La Procuraduría ha recibido un total de 2,861 quejas electorales hasta el 24 de octubre. De estas, el 30% se relaciona con la participación en política y el manejo de los recursos públicos en campañas electorales. Sorprendentemente, el 17% de estas quejas se dirige contra funcionarios electos popularmente.
Cabello destacó que han impuesto cuatro suspensiones a gobernantes territoriales en relación con su presunta participación en política con actos que involucran alegaciones de corrupción. Esto refuerza aún más la necesidad de que los funcionarios públicos se mantengan al margen de las actividades políticas durante las elecciones.
En un evento relacionado, la procuradora general instó a los gobernantes territoriales a garantizar una planificación adecuada de los proyectos y procesos contractuales para el próximo año. Hizo hincapié en que la administración pública funciona como una entidad única y que los nuevos gobernantes necesitan una adecuada transición y proyección de los proyectos para el funcionamiento del primer año de su mandato.
Gobierno expidió polémico decreto con las medidas de orden público para las elecciones de 2023
el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, expidió el decreto que contiene todas las medidas de orden público que se implementarán en todo el territorio nacional durante las elecciones de territoriales en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales (JAL) el domingo 29 de octubre de 2023.
El decreto 1702 de 2023 establece que a partir del lunes 23 de octubre y hasta el lunes 30 de octubre de 2023 solamente podrán llevarse a cabo reuniones de carácter político en sitios cerrados y también garantiza la participación de los testigos electorales a los puestos de votación desde las 7:00 a. m., del día de los comicios.
Una de las medidas restrictivas es la que hace referencia a la ley seca, en la que se prohíbe en todo el país la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m., del sábado 28 de octubre hasta las 6:00 a. m., del lunes 30 de octubre de 2023.
Si llegase a haber segunda vuelta en la elección del alcalde Mayor de Bogotá, la prohibición se aplicará únicamente en el territorio del Distrito Capital, desde el sábado 18 de noviembre a las 6:00 p. m., hasta las 6:00 a. m., del lunes 20 de noviembre de 2023.
Otras restricciones que se contemplan en este decreto son las que tienen que ver con la publicidad electoral, el equilibrio informativo y el apoyo a sufragantes con limitaciones físicas. “Estas con el objetivo de garantizar los derechos y libertades individuales, en especial, el derecho a elegir y ser elegido”, se especifica.
Y se añade que: “Los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impida valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio acompañados de una persona hasta el interior del cubículo de votación, sin perjuicio del secreto del voto”.
Así mismo, el día de los comicios electorales queda prohibida cualquier clase de “propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines políticos electorales a través de radio, prensa, televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora”, se indica en el documento.
En cuanto a los testigos electorales, se les garantizará el derecho de acceder el día de las elecciones (29 de octubre) a los diferentes puestos de votación desde las 7:00 a. m., y “no podrán permanecer hasta cuando concluyan los escrutinios de mesa o mesas para las cuales estén acreditados. Para ingresar deberán identificarse con la cédula de ciudadanía y la respectiva credencial diligenciada y firmada por la autoridad electoral. La credencial de testigo electoral tiene de carácter de personal e intransferible”, se agrega.
Del mismo modo, durante la jornada electoral se añade que “no podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 am y a las 4:00 pm, salvo los medios de comunicación que deseen participar, previa coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
Al terminar las votaciones solamente los medios de comunicación podrán suministrar información a la opinión pública acerca de los resultados de los escrutinios provenientes de las respectivas autoridades electorales.
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