JEP fijó fecha para definir el futuro de Salvatore Mancuso

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya le puso fecha a la audiencia en la que se definirá el futuro del exjefe paramilitar y gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro, Salvatore Mancuso. El 28 de septiembre el tribunal de paz tomará definitivamente la decisión si acepta, o no, la petición de sometimiento a la justicia del exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Hay que recordar que Mancuso ha pedido pista en la JEP desde 2022 y en mayo de 2023, en una audiencia única de verdad, entregó información para soportar su petición de sometimiento a la justicia transicional, principalmente, sobre fosas comunes en la que están los restos de personas dadas por desaparecidas. La fecha de la audiencia, advierten desde el tribunal de paz, solo podría ser modificada en caso de que algo extraordinario ocurra.

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De acuerdo con información de W Radio, la audiencia fue solicitada a la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla para el 28 de septiembre, luego de recibir un concepto favorable del Ministerio de Justicia y se acordó bajo el principio de colaboración armónica.

La audiencia llegará un mes y 14 días después de que el presidente Gustavo Petro firmó, el 14 de agosto, la resolución con la que designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz. En dicho documento conocido por Infobae Colombia quedaron establecidas las funciones que el excomandante de las AUC tendrá que cumplir mientras es revisada su petición de ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y comparece ante la justicia ordinaria por crímenes cometidos por dicho grupo paramilitar.

Uno de los primeros encargos será contribuir con procesos de desarme colectivo de grupos ilegales en el país y que tienen un alto impacto en las actividades criminales. La resolución precisó al respecto que Mancuso Gómez debe aportar al diseño de dichas estrategias con enfoque en las regiones donde centró su actividad ilícita.

La senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba reveló el 5 de septiembre, en un debate en la Comisión Séptima del Senado, mientras hablaba del proyecto de los bonos de agua del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de los que dijo que fueron una “estafa paramilitar”, que tuvo una conversación con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso; sin entregar más detalles.

Sobre los bonos de agua, la senadora advirtió que “fueron una estafa paramilitar” con la que embaucaron, según ella, 117 municipios con el argumento de adquirir unos préstamos para acueducto y alcantarillado. “Le hemos hecho seguimiento y nos hemos dado cuenta (de) que ninguno de esos municipios ha hecho inversiones en acueducto y alcantarillado”, agregó.

Y añadió que en vez de beneficiar a los municipios, los condenó a pagar “una deuda inmoral, ilegal e ilegítima”. “Lo que sí ha ocurrido es que los recursos de cada municipio se van a pagar una deuda inmoral, ilegal, ilegítima, que fue adquirida a punta de presiones de los paramilitares con estos alcaldes”, destacó.

También le pidió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que el Gobierno nacional le condone la deuda a estos municipios, pues dijo que estos fueron víctimas de presiones ilegales:

Además, le pidió al Gobierno nacional designar a un funcionario para examinar esto y anunció que seguirá investigando la relación entre los grupos paramilitares y los bonos de agua.