La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al senador Antonio José Correa Jiménez por presuntos hechos de corrupción relacionados con la construcción de canchas sintéticas en municipios de Bolívar y Córdoba.
Correa Jiménez es acusado por la suscripción irregular de convenio interadministrativos de El Peñón (Bolívar) y Santa Cruz de Lorica (Córdoba) con Coldeportes, además de los denominados ‘cupos indicativos’ y la presunta exigencia de coimas a contratistas.
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La Corte Suprema encontró que el congresista del Partido de la U habría conformado una red de corrupción para adjudicar los contratos de manera ilegal, exigiendo el 12% del valor de cada uno de los acuerdos.
“La Sala encontró que presuntamente se habría orquestado un entramado de corrupción para adjudicar esos contratos, haciendo exigencias de dinero a los contratistas, sumas que habrían sido entregadas al congresista Correa Jiménez”, dice la Sala.
El alto tribunal también estableció que las acciones contrarias a la ley se habrían concertado con funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), de Coldeportes y en asocio con alcaldes y otros directivos.
El senador Correa Jiménez, que fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, ya estaba bajo investigación desde el 2022. En mayo de ese año, fue citado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por su presunta implicación en este caso de ‘mermelada parlamentaria’ relacionada con contratos de Coldeportes.
Sin embargo, y a pesar de las fuertes sospechas que tuvo el alto tribunal, este mismo tomó una decisión a su favor e indicó que podría defenderse en libertad por la investigación que cursa en su contra.
Francisco Farfán, magistrado que llevó el caso, afirmó que entre 2016 y 2017 Correa tuvo a su disposición un cupo de recursos de cofinanciación de proyectos a través de Coldeportes, que ascendía los $5.000 millones.
Según el magistrado, no se consideraron irregularidades con este hecho, pues, explican las autoridades, esta es una figura legal llamada ‘cupos indicativos’. El problema radica en que el exsenador Correa Jiménez abusó de su poder y del alcance de esta figura.
Una de las testigos claves en el caso es Mariela Trujillo Buelvas, exintegrante de la UTL de Correa Jiménez. En julio de 2018, cuando la mujer fue capturada, aceptó los cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Trujillo Buelvas fue condenada por su participación en estos hechos de corrupción. Sin embargo, en mayo de 2022, logró un acuerdo con la Fiscalía en el que se comprometía a testificar en contra de Correa Jiménez.
Es así como, en julio de 2022, el ente acusador le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigara al senador del Partido de la U por direccionar ‘cupos indicativos’ en un contrato con la Alcaldía de El Peñón (Bolívar) a cambio de un soborno.
El senador Antonio José Correa Jiménez también ha sido vinculado con Enilce López, alias La Gata, condenada por lavado de activos y homicidio.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación que se realizó con el objetivo de establecer los vínculos ilegales en la campaña al Congreso en ese año, determinó que Correa Jiménez recibió $210 millones de Jorge Luis Alfonso, hijo de la empresaria Enilce López.
Antonio José Correa Jiménez es un médico cirujano y político cartagenero. En 2010 fue elegido senador por el Partido de Integración Nacional (PIN), después se desempeñó como senador por el partido Opción Ciudadana, y fue designado como presidente de la Comisión Séptima de Senado. Actualmente, es senador designado para el periodo 2022-2026 por el Partido de la U.
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