La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento del mayor (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Bernardo Alfonso Garzón y Gustavo Arévalo, vinculados al caso de la toma y retoma al Palacio de Justicia y procesados por desapariciones forzadas.
La decisión en primera instancia indicó que los tres militares en retiro del Ejército Nacional no realizaron aportes a la verdad para esclarecer los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El pasado 24 y 25 de mayo de 2023 se llevó a cabo una audiencia de aporte a la verdad a la que asistieron los sargentos (r) Gómez y Arévalo. En dicha ocasión, el mayor (r) Vásquez estuvo ausente argumentando no tener “ninguna contribución que hacer más allá de lo ya preceptuado por la justicia ordinaria”.
Señaló la JEP que durante la audiencia, los miembros de la fuerza pública negaron cualquier tipo de conocimiento relacionado con el caso, pese a la petición que hicieron las víctimas de conocer la verdad.
“(...) no puede tolerar la reticencia a esclarecer la verdad. A pesar de haberse concedido otra oportunidad para que los aspirantes a comparecer rectificaran sus deberes con el sistema, el comportamiento negativo de brindar aportes plenos a la verdad aún permanece”, se lee en el fallo de la JEP.
Así mismo, explicó que tanto el mayor como los sargentos, “no tienen vocación de construir un aporte sustantivo a la verdad plena, lo cual se deriva de una manifiesta y grave vulneración al régimen de condicionalidad al cual se encuentra supeditado el acceso y permanencia en la justicia transicional por parte de los señores interesados en comparecer”
Por lo anterior, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tomó la decisión de no aceptar el sometimiento de los militares a la Justicia Especial para la Paz, pues según la JEP, de aceptarlos estaría “permitiendo conductas desobligantes con las víctimas”, lo cual llevaría a un “retraso en el proceso de aporte a la verdad y reparación”.
Actualmente, el mayor (r) William Vásquez Rodríguez tiene una condena en su contra por el delito de desaparición forzada y es investigado por el delito de tortura agravada. Desde que quedó en firme su sentencia condenatoria el pasado 15 de mayo de 2023, la JEP señaló que “no ha efectuado contribución alguna con la satisfacción de los derechos de las víctimas y los fines del Sistema Integral, es decir, su promesa de aportar verdad simplemente no ha sido cumplida”.
En lo que respecta al sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno, el cual tiene un proceso abierto en su contra por el delito de tortura agravada, el tribunal de paz indicó que pese a que se había comprometido a entregar nuevas declaraciones del caso, “su intervención estuvo ceñida en explicar la forma como se estructuraba para el momento de los hechos el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, al igual que la posición que ocupaba como analista de blanco”.
Sin embargo, para la JEP, estos aportes “no fueron novedosos” pues atendieron únicamente lo relacionado con el proceso que cursa en su contra.
Por su parte, al sargento (r) Bernardo Garzón la JEP no aceptó su sometimiento a la justicia transicional porque, según indicó, el militar “se mostró ajeno a los acontecimientos objeto de análisis (...) insistentemente se retractó de la versión de los hechos que en su momento rindió ante la Procuraduría General de la Nación en 1991 y la Fiscalía Regional Delegada en 1994, en las cuales daba cuenta de lo sucedido en noviembre de 1985 y los comportamientos que se derivaron de la toma y retoma del Palacio de Justicia, especialmente sobre las circunstancias que rodearon la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y la participación del SM (R) Gustavo Arévalo Moreno”.
Señaló además que no existen argumentos suficientes para aceptar su solicitud, pues “su experiencia en la carrera militar le permitió infiltrarse en la agrupación guerrillera protagonista de diferentes golpes mediáticos; así mismo, su recorrido al interior del Ejército Nacional lo situaba en una de las más importantes dependencias de inteligencia en el estamento castrense, como lo era el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia”.
Los procesos en contra de los tres militares pasarán ahora a la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
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