Durante el viernes 10 de marzo una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y una ONG de derechos humanos de la región del Bajo Cauca antioqueño recibió, de manos del Bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo, a dos adolescentes que permanecían secuestrados desde el 6 de marzo.
Según el grupo armado ilegal, los dos menores de edad estarían involucrados en un delito ocurrido en el municipio de Caucasia, por esa razón los habrían privado de su libertad. En el marco de las investigaciones, la Defensoría del Pueblo ofreció el acompañamiento jurídico a los jóvenes, a través de un defensor público, para garantizar el respeto de sus derechos humanos.
De acuerdo con información recolectada por Caracol Radio, hasta el 28 de febrero, 49 personas habían sido secuestradas en Colombia en lo corrido del año. El medio de comunicación señaló que 13 víctimas fueron rescatadas, 18 liberadas y seis se fugaron de los criminales. Los responsables son, principalmente, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.
Las autoridades enfatizaron que estos registros se basan en las denuncias formales ante la Fiscalía General, pero que también hay secuestros que no son informados a las autoridades.
Una vez entregados a la misión humanitaria, los dos adolescentes de 15 años de edad fueron trasladados al Centro Transitorio de Atención al Menor Infractor de Caucasia, con el fin de que se adelanten las acciones jurídicas correspondientes.
El Clan del Golfo es el principal grupo criminal del país, dedicado sobre todo al narcotráfico y actividades ilegales, y tiene influencia en la costa Caribe y Pacífica, con alrededor de 9.000 miembros y control en catorce departamentos.
Las liberaciones de los menores de edad del viernes 10 de marzo no han sido las únicas que ha realizado el Clan del Golfo en los últimos meses en el Bajo Cauca. El 10 noviembre de 2022 el grupo paramilitar permitió el regreso a la libertad de un joven de 14 años secuestrado en zona rural de Antioquia.
En ese caso fue la Cruz Roja Internacional, que adelantó la acción humanitaria. “El Cicr reconoce la confianza brindada por las partes del conflicto en su labor humanitaria”, señaló Roberta Businaro, jefa de la oficina del Cicr en Montería, ese ese momento.
La funcionaria lamentó que aunque “el derecho internacional humanitario protege de manera especial a los niños, niñas y adolescentes por su particular vulnerabilidad, con frecuencia estos se ven involucrados directa o indirectamente en los conflictos armados”.
Meses atrás, el 14 de julio de 2022, el mismo grupo ilegal liberó a un menor de edad que había sido secuestrado en el municipio de Valdivia, tras un enfrentamiento en el que murieron dos civiles. El menor, de 14 años, fue entregado a una comisión humanitaria integrada por líderes comunitarios de la zona y los bomberos de la localidad.
La retención del menor ocurrió en los límites entre Valdivia y Tarazá, después de una incursión del Clan del Golfo y además del adolescente, fueron secuestrados y luego asesinados a tiros una mujer identificada como Lucelly Echavarría, de 37 años; y John Fáber Mora, un mototaxista de 26 años.
Así las cosas, el 10 de febrero de 2023, por ordenar el secuestro y el reclutamiento ilegal, de por lo menos 20 adolescentes en el norte de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación emitió nuevas órdenes de captura contra la cúpula del Clan del Golfo.
Por esa razón, se expidieron órdenes de captura por el delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos, en contra de Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, Wilmer Giraldo Quiroz, alias Siopas y Gonzalo Sánchez Sánchez, Gonzalito, miembros del Estado Mayor del Clan del Golfo.
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