
El 15 de febrero del 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra del exgobernador del Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano, que ocupó el cargo en el periodo 2012-2015. La medida fue tomada debido a las irregularidades en la construcción del parque principal de Mocoa, donde se invirtió una suma superior a los 7 mil millones de pesos.
Otro de los afectados con la medida fue Ronald Hernando Latorre, que se desempeñó como secretario de Planeación de ese departamento entre 2014 y 2015. Según la información recabada por el Ministerio Público, se encontró que aunque los estudios previos para la obra eran insuficientes e incompletos, estos fueron avalados por la oficina de planeación del departamento.
Esta no fue la única irregularidad encontrada por la Procuraduría, que advirtió que el contrato se tramitó y acordó sin que la Alcaldía de Mocoa hubiese expedido la licencia de construcción correspondiente.
Ante lo anterior, la obra no pudo ser ejecutada y se vieron afectados los recursos públicos del Putumayo, pues al contratista se le pagó una suma superior a los 5 mil millones, justificada en los gastos en los que incurrió al momento de legalizar el contrato.
Las irregularidades llevaron a que la obra, planificada para diez meses, no fuera ejecutada, con estos hallazgos la Procuraduría endilgó a los funcionarios falta “gravísima a título de culpa”.
Jimmy Harold Díaz Burbano fue militante del Partido Conservador, durante la legislatura pasada fue elegido a la Cámara de Representantes por el Putumayo, siendo elegido con 11.649 votos, es arquitecto de profesión y cuenta con un máster en esta misma área.

En 2021 fue condenado por la Corte Suprema, que lo encontró culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación en favor de terceros, el alto tribunal lo sentenció como responsable de conformar y apoyar grupos ilegales, dedicados a la minería ilegal de oro en su departamento.
Díaz Burbano fue sentenciado a nueve años y 11 meses de prisión, además de la medida privativa de la libertad, el exgobernador fue inhabilitado de ocupar cargos públicos por vida y debió pagar una multa superior a los 27 millones, al departamento.
No se trata del único anunció del Ministerio Público en relación con Mocoa. En las últimas horas, por medio de la cuenta oficial de Twitter, el organismo se pronunció sobre las obras de reconstrucción en las viviendas afectadas por la avalancha del 2017.
Aseguró que se presenta demoras en las obras de los proyectos de vivienda Sauces II y III, por lo que un total de 996 casas no han sido entregadas y en consecuencia, los habitantes de la ciudad se han visto afectados.
Por otra parte, la Contraloría General de la Nación visitó la obra del Hospital José María Hernández de Mocoa, donde se verificaron los avances del proyecto. Según lo informado por este organismo, se registró un avance del 75%, y se espera que se entregue en el primer semestre de 2023.
Las labores de reconstrucción del municipio de Mocoa siguen estancadas después de seis años de la avalancha que arrasó con la ciudad, al punto de que algunas de ellas tienen un retraso de hasta cinco años, según denuncio el Contralor General de la República, el pasado 2 de febrero.
El contralor denunció que las obras de protección y mitigación de riesgos en los cauces de ríos y quebradas, las cuales son las más importantes y prioritarias, no han sido terminadas.
Es decir que, a pesar del riesgo latente, no se han iniciado las obras correspondientes a la zona alta de los Ríos Mulato y Sangoyaco y de la Quebrada Taruca, consideradas como indispensables para el funcionamiento integral y adecuado de todo el sistema de mitigación de riesgos crecientes y avalanchas.
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