La IDH anunció que el próximo 30 de enero y de forma virtual, anunciará el sentido de su decisión sobre si condena o no al Estado por el exterminio de la Unión Patriótica. Estos crímenes habrían sido cometidos por agentes del Estado en Colombia del Departamento Administrativo de Seguridad y la Fuerza Pública, en alianza con grupos del paramilitarismo y el narcotráfico.
El tribunal regional de protección de los derechos humanos se pronunciará sobre el caso del exterminio de la UP, partido político que fue atacado violentamente durante los años 80′ y 90′ y desapareció. Treinta años después de que sus sobrevivientes presentaran solicitud al sistema interamericano de derechos humanos, por fin se conocerá si el Estado fue el responsable de la ola de violencia que consumaron integrantes de la Fuerza Pública en sociedad con grupos narco paramilitares.
La Corte comunicó hace una semana que notificará la decisión de la sentencia a los abogados que representan a la UP y al Estado colombiano. Los hechos fueron catalogados como un exterminio en el documento del fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se incluyen desapariciones forzadas, hostigamientos, amenazas, desplazamientos y tentativas de homicidio contra militantes del partido que emergió del Acuerdo de Paz firmado en 1985.
Durante el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en instancia previa evalúa casos presentados ante el sistema interamericano de derechos humanos, señalando que estos hechos fueron perpetrados por agentes estatales y actores armados ilegales.
En el informe de fondo, la Comisión determinó que ciertas víctimas en el caso fueron sometidas a ‘’criminalización infundada’', al uso arbitrario del derecho penal y a torturas. Por ello, la CIDH definió que el Estado violentó los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, la honra y la dignidad, la protección judicial, libertad de expresión y pensamiento, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación.
Así mismos, la Comisión señaló que “La Comisión también dio por probado que las víctimas del presente caso fueron constantemente estigmatizadas a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las FARC, estigmatización que tuvo un efecto en la grave violencia desatada en su contra, por lo que determinó que el Estado violó su derecho a la honra y dignidad’'.
Es importante mencionar que la sentencia se emitirá a dos años de la fecha de las audiencias públicas en las que se escucharon a testigos, peritos y víctimas, así como el Estado y la CIDH. A partir de ello inició la deliberación y construcción de la providencia que se conocerá la próxima semana.
Postura del Estado en el caso
Durante febrero de 2021, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez, se refirió en el caso cuando este ya estaba en discusión ante la Corte IDH y manifestó que el país admite su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de las víctimas acreditadas por el Estado en este caso y pidió un minuto de silencio por las víctimas.
A su vez, el Estado colombiano señaló que, tras varias revisiones a las observaciones remitidas por los representantes de víctimas y la Comisión, la verificación de múltiples fuentes de información y el cruce del listado con ocho bases de datos diferentes, se logró la identificación de una cuarta parte de los registros presentados por la Comisión y con base en ello requirió que 2.420 presuntas víctimas que no eran identificadas fueran excluidas.
Es por ello que se está a la espera de la determinación tomada para finales del mes, ya que para esta fecha se conocerá si la Corte IDH confirmará lo que plantearon los abogados representantes de víctimas y la Comisión, que se trató de más de 6.000 personas asesinadas o que fueron 219 las víctimas de esta alianza entre agentes del estado y grupos paramilitares que se lucraban del narcotráfico.
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