El 95% de los productores ovinos de Chubut no tienen rentabilidad

En el inicio de la temporada de las exposiciones rurales de la Patagonia, la primera en realizar su actividad en el calendario, fue la Sociedad Rural de Esquel. El presidente de la entidad, Leonardo Jones, en su discurso presentó un panorama del sector ovino de la provincia de Chubut, afectado por la falta de precipitaciones, la elevada presión impositiva, y el precio internacional de la lana que cayó un 35%. El análisis llegó a que el 95% de los productores hoy no tienen rentabilidad.

La situación impositiva se agravó por el nuevo esquema de retenciones que aplicó el gobierno nacional en diciembre pasado. Al respecto, Jones dijo: “Vaya a saber desde qué escritorio de Buenos Aires se decidió que los productores de Chubut somos comparables con los de la Pampa Húmeda y entonces generalizaron un aumento en medio de la zafra, total en la Patagonia son pocos, están dispersos, y en consecuencia aguantan. Entonces, ante el riesgo de que un descuidado crea que siempre nos quejamos por lo mismo, es oportuno que hagamos el ejercicio de visibilizar quiénes somos los productores ovinos”.

En diálogo con Infobae, Jones realizó un análisis económico del negocio donde recién con 3.500 ovejas la rentabilidad comienza a ser positiva. “Para ser claro, con menos de 3.500 ovejas el productor no tiene rentabilidad, lo que significa que no puede mantener las instalaciones ni el stock, y no puede darle una vida digna a su familia. El 95% de los productores de nuestra provincia tiene menos de 3.500 ovejas. O sea que el 95% de los productores ovinos hoy no tienen rentabilidad. No es caprichosa la cifra, es información oficial y pública”, comentó.

Y agregó: “Los que deciden conocen estos números y sin embargo nos quieren hacer creer que somos los que más ganamos y más fuerte tenemos que contribuir. Entonces, cuando se aumentan las retenciones y los impuestos, hay que saber que hay un 95% de los productores que pelean con la subsistencia, que siguen yéndose de los campos por falta de renta, que tienen ingresos por debajo de los que ha dado a conocer la provincia como salario promedio de la administración pública y que conviven con la sequía, los predadores y el robo, y viven sin que el estado les aporte nada, sin caminos, sin agua, sin gas, sin teléfono, sin internet, y también sin justicia”.

Seguridad Jurídica

Desde la rural de Esquel, además, plantearon la problemática de la falta de seguridad jurídica, en relación a las usurpaciones de campos. En la actualidad se encuentra vigente la Ley 26.160 que prevé y financia el Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas. Este censo debe ser llevado a cabo por las provincias, con el acompañamiento y el financiamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y debe identificar todas las comunidades indígenas del país.

Al respecto, el presidente de la rural de Esquel, dijo: “Nosotros venimos exigiendo a los gobiernos que avancen definitivamente con este trabajo pendiente, ya que es la herramienta que tenemos como sociedad para saber quiénes son realmente las comunidades y quienes son los delincuentes avivados. El relevamiento sólo debe reconocer a comunidades que ocupen tierras de forma tradicional, actual y pública. No puede ser que la vigencia de la Ley sirva de amparo para que cualquiera usurpe un campo hoy, y por la inacción de la justicia mañana el estado lo reconozca. La Ley es una sola y evidentemente no se aplica igual para todos”.

Por último, Jones comentó: “Este problema nos atraviesa a todos, sin seguridad jurídica no hay convivencia, no hay trabajo, no hay inversión y sobre todo no hay paz. La situación que atraviesan los chacareros y pobladores de Costa del Lepá es la evidencia más clara de lo que decimos, ellos no son extranjeros y no tienen campos grandes, y sin embargo ahí están desde agosto sin poder dejar la chacra sola ni por 5 minutos ante la amenaza de usurpación. Es inadmisible el silencio y la inacción de la política para con ellos, los títulos de propiedad los otorga la provincia entonces deja de ser un problema entre privados para ser un tema de política de estado que debe ser urgentemente atendido”.