
Demócratas y republicanos han solicitado, sin éxito, que se liberen los videos completos del embate del 2 de septiembre. Ahora usarán una iniciativa de ley para obtener respuesta del gobierno de Trump.
El proyecto de ley anual sobre política de defensa, que está en vías de ser aprobado por el Congreso en los próximos días, obligaría al Pentágono a facilitar a los legisladores las órdenes específicas que respaldan los ataques que el ejército estadounidense está llevando a cabo contra embarcaciones en aguas internacionales, así como el video sin editar de los ataques.
La inclusión de estas disposiciones, incorporados en una ley que establece la política de defensa y prevé un aumento salarial para los soldados estadounidenses, pone de manifiesto la frustración bipartidista en el Capitolio por el hecho de que no se informe a los miembros del Congreso sobre aspectos cruciales de la operación.
Durante meses, los principales republicanos y demócratas de los comités de seguridad nacional del Congreso han intentado sin éxito obligar al Departamento de Defensa a compartir información crítica sobre los ataques, que según el gobierno del presidente Donald Trump están dirigidos contra narcoterroristas que introducen drogas en Estados Unidos.
La legislación pretende obligar al Pentágono a ser más comunicativo. Retendría el 25 por ciento del presupuesto para viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si no entregara a los comités de seguridad nacional del Congreso una copia de las órdenes de ejecución de los ataques, o si no explicara cómo piensa facilitar futuras reuniones informativas sobre la operación con los legisladores, de acuerdo con la legislación federal.
El proyecto de ley también exigiría que el Departamento de Defensa entregue al Congreso "video sin editar de los ataques realizados contra organizaciones terroristas designadas" en el Caribe y el Pacífico oriental.
Hegseth ha publicado imágenes editadas de los ataques en las redes sociales, pero hasta ahora se ha negado a compartir los videos completos con los legisladores. Algunos altos cargos del Congreso vieron el video del primer ataque del 2 de septiembre en una sesión informativa clasificada celebrada la semana pasada, pero no han visto imágenes sin editar de ninguno de los otros 21 ataques conocidos que el Pentágono ha llevado a cabo en los últimos tres meses.
Del mismo modo, aunque el Pentágono ha proporcionado a los legisladores resúmenes de las órdenes de los ataques, los funcionarios no han facilitado las órdenes en sí, conocidas como EXORD (órdenes ejecutivas), tal como solicitaron los comités de defensa de la Cámara de Representantes y del Senado, según un portavoz del senador Jack Reed, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado.
La nueva exigencia y la amenaza de retener dinero de la oficina del secretario reflejaron la creciente preocupación entre los principales legisladores de ambos partidos por la falta de transparencia en torno a la campaña militar de duración indefinida que ha matado al menos a 87 personas.
Reed dijo en un discurso pronunciado la semana pasada que la falta de voluntad de Hegseth para responder a preguntas básicas sobre los ataques y proporcionar documentos al Congreso sobre las operaciones, como exige la ley, era preocupante.
"Esto sugiere que saben que esta operación y el forzado fundamento legal que utilizan para justificarla no pueden resistir el escrutinio", añadió.
Reed dijo que él y el senador Roger Wicker, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, habían dado a Hegseth "tiempo más que suficiente para responder de buena fe a preguntas razonables", pero que el secretario de Defensa "se ha negado".
Los dos senadores habían advertido en octubre que el Pentágono estaba eludiendo al Congreso mientras seguía intensificando la campaña contra presuntos narcotraficantes en el mar. Hicieron públicas un par de cartas enviadas a Hegseth exigiendo más información sobre los ataques, afirmando que el secretario no había respondido.
La ley federal exige que el Departamento de Defensa envíe las órdenes de ejecución a los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado en un plazo de 15 días desde que el secretario de Defensa las emite, pero los funcionarios no lo han hecho en el caso de los ataques a embarcaciones. La ley también establece que si los principales republicanos o demócratas de los comités solicitaran específicamente dicha orden, el departamento dispondría de 30 días para cumplirla, otro plazo que el gobierno de Trump ha ignorado.
Los nuevos requisitos se añadieron durante las negociaciones finales para conciliar las versiones de las dos cámaras del proyecto de ley sobre política de defensa de unos 900.000 millones de dólares, que se espera que la Cámara de Representantes apruebe esta semana. Se espera que el Senado la apruebe la próxima semana, enviándola después al escritorio del presidente.
El proyecto de ley exige que los videos y otros documentos se entreguen a los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que significa que no podrán ser vistos por el público, a menos que se desclasifiquen y se publiquen posteriormente.
Sin embargo, los demócratas piden cada vez más que se haga público el video del ataque del 2 de septiembre. La salva inicial de los ataques del gobierno contra los traficantes en el mar, la ofensiva de inicios de septiembre, ha sido objeto de un intenso escrutinio, en parte debido a un ataque posterior en el que murieron dos sobrevivientes.
Aunque Trump ha dicho que no tendría "ningún problema" en hacer público el video, Hegseth sugirió durante el fin de semana que no lo haría.
El principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, por Washington y quien viera la grabación la semana pasada en una sesión informativa clasificada, dijo el domingo a This Week de ABC que "parece bastante claro que no quieren hacer público este video porque no quieren que la gente lo vea, porque es muy, muy difícil de justificar".
Megan Mineiro reporta sobre el Congreso para el Times y forma parte de la generación 2025-26 del Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.
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