Legisladores de EE. UU. sugieren que un segundo ataque a un barco podría ser un crimen de guerra

Los principales republicanos se han unido a los demócratas para exigir respuestas sobre la creciente campaña militar que, según el gobierno de Trump, está dirigida contra los narcotraficantes.

Un republicano de alto rango y demócratas del Congreso sugirieron el domingo que militares estadounidenses podrían haber cometido un crimen de guerra en la ofensiva del presidente Donald Trump contra embarcaciones en el Caribe, después de que un reporte periodístico dijera que, durante uno de esos ataques, se ordenó un ataque adicional para matar a sobrevivientes.

Las declaraciones se produjeron en respuesta a un reportaje del Washington Post publicado el viernes, según el cual el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dado una orden verbal de matar a todas las personas a bordo de embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, y que esto llevó a un comandante militar a realizar un segundo ataque para matar a quienes inicialmente habían sobrevivido a un ataque a principios de septiembre.

"Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave, y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal", dijo el representante Mike Turner, republicano por Ohio y expresidente del Comité de Inteligencia, en el programa Face the Nation de la CBS.

El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, dijo en la CBS que si el reporte era correcto, el ataque "se eleva al nivel de un crimen de guerra". Y en la CNN, a la pregunta de si creía que un segundo ataque para matar a sobrevivientes constituía un crimen de guerra, el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, respondió: "Así lo parece".

Los comentarios de los legisladores se produjeron después de que los principales republicanos y demócratas de los dos comités del Congreso que supervisan al Pentágono prometieran durante el fin de semana aumentar su escrutinio de los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe tras el reportaje. Turner dijo que el artículo solo había agudizado las dudas, ya de por sí graves, de los legisladores sobre la operación.

"El Congreso está muy preocupado por los ataques a los llamados barcos de la droga en el Caribe y el Pacífico, y por la justificación legal que se ha presentado", dijo. "Pero esto queda completamente fuera de todo lo que se ha discutido con el Congreso, y hay una investigación en curso".

Las investigaciones de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado forman el escrutinio más agudo hasta la fecha por parte del Congreso sobre la creciente ofensiva militar de Trump, que según él tiene por objeto acabar con los narcotraficantes y que fue emprendida sin aprobación ni consulta del Congreso.

Constituyen un paso notable por parte de los legisladores republicanos, quienes han pasado gran parte del año cediendo ante Trump y absteniéndose de supervisar sus acciones.

Roger Wicker, senador por Mississippi y presidente republicano del Comité de Servicios Armados, y Jack Reed, senador por Rhode Island y principal demócrata de la comisión, dijeron el viernes por la noche que habían "dirigido consultas" al Departamento de Defensa.

"Llevaremos a cabo una enérgica supervisión para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias", escribieron.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes hizo lo mismo el sábado. En una declaración conjunta, Mike Rogers, representante republicano por Alabama y presidente del panel, y Adam Smith, representante por Washington y el demócrata de mayor rango, dijeron que estaban "comprometidos a proporcionar una supervisión rigurosa" de los ataques a las embarcaciones y que estaban "tomando medidas bipartidistas para recabar un informe completo de la operación en cuestión".

Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe para presionar a Venezuela. Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que tratan de disuadir el contrabando de drogas y que los ataques a embarcaciones, que han causado la muerte de más de 80 personas desde principios de septiembre, forman parte de un supuesto conflicto armado formal con los cárteles de la droga. Pero los miembros del Congreso han expresado su preocupación por la justificación legal que se utiliza para llevarlos a cabo.

The Washington Post informó la semana pasada que en el primer ataque a una embarcación, el 2 de septiembre, hubo sobrevivientes en el agua después del primer impacto con misiles y el ejército llevó a cabo un segundo ataque para matarlos por orden de Hegseth. The Intercept también reportó en septiembre que el ejército había llevado a cabo un ataque de seguimiento para matar a los supervivientes de un ataque inicial.

En una declaración el viernes, Hegseth denunció el reportaje del Post. Defendió las acciones del ejército y dijo que los oficiales habían dejado claro en todas las operaciones que los ataques a las embarcaciones estaban diseñados para ser "ataques letales, cinéticos".

En declaraciones a los periodistas, Trump expresó el domingo su confianza en Hegseth. El presidente sugirió que "no habría querido" un segundo ataque que matara a los sobrevivientes, antes de reiterar que creía que Hegseth había negado esa versión del ataque. El secretario de Defensa no contradijo directamente la información del Post en su declaración del viernes, pero la calificó de "inventada e incendiaria".

El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, pidió a Hegseth que publicara "las cintas completas y sin editar de los ataques para que el pueblo estadounidense pueda verlo por sí mismo".

Los demócratas han criticado repetidamente los ataques a embarcaciones y se han referido a ellos como ilegales, además de compararlos con ejecuciones extrajudiciales. Kelly formó parte de un grupo de seis legisladores que, el mes pasado, grabaron un video en el que recordaban a los soldados que estaban obligados a rechazar órdenes ilegales, aunque no mencionaban ninguna orden concreta.

El domingo, Kelly, quien es investigado por el Pentágono por sus comentarios en el video, dijo que le "preocupaba seriamente que alguien de esa cadena de mando traspasara una línea que nunca debería traspasar". También sugirió que los legisladores pondrían a los funcionarios "bajo juramento" en su escrutinio de los ataques a los barcos.

Los comentarios de Turner y las medidas de Wicker y Rogers sugirieron que también los republicanos estaban cada vez más preocupados por el alcance y la legalidad de las operaciones.

La promesa de los comités de reforzar la supervisión también se produce cuando un pequeño número de republicanos de extrema derecha, entre ellos la representante Marjorie Taylor Greene, por Georgia, han expresado su consternación por los enredos en política exterior que, según ellos, no concuerdan con el enfoque de "Estados Unidos primero" que Trump prometió.

Aun así, muchos republicanos han expresado su apoyo a las operaciones militares en Venezuela. El domingo, el senador Markwayne Mullin por Oklahoma, un cercano aliado de Trump, rechazó el reportaje del Post y defendió al gobierno.

Mullin, que es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que Trump estaba "protegiendo a Estados Unidos al ser muy proactivo".

Julian E. Barnes y Charlie Savage colaboraron con reportería.

Michael Gold cubre el Congreso para el Times, centrándose en políticas migratorias y supervisión legislativa.

Julian E. Barnes y Charlie Savage colaboraron con reportería.