El ejército de EE. UU. abate a 6 personas en otro ataque a una embarcación en el Caribe

El gobierno de Trump ha reconocido 10 ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas procedentes de Sudamérica, en los que han muerto 43 personas.

El ejército estadounidense mató a seis personas en un barco sospechoso de traficar con drogas procedentes de Sudamérica, dijo el viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al tiempo que la campaña letal y legalmente controvertida del gobierno de Donald Trump continuaba intensificándose.

El más reciente ataque eleva a 43 el número de víctimas mortales de la campaña del gobierno de Trump contra barcos de presuntos narcotraficantes en 10 ataques conocidos: ocho en el Caribe y dos más esta semana en el Pacífico oriental.

Hegseth dijo en una publicación en las redes sociales que el ataque había tenido lugar durante la noche en aguas internacionales del mar Caribe. Añadió que la embarcación estaba "operada por" el Tren de Aragua, uno de los varios grupos criminales latinoamericanos que el gobierno ha designado como organización terrorista.

El secretario de Defensa no ofreció evidencias en apoyo de su afirmación, pero citó "nuestra inteligencia". Al igual que las declaraciones sobre ataques anteriores, su mensaje contenía un video granulado de 20 segundos de una embarcación que se mece en el agua y luego desaparece en una explosión.

"Si eres un narcoterrorista que trafica con drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Queda", escribió Hegseth, escribiendo erróneamente Al Qaeda. "De día o de NOCHE, trazaremos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te mataremos".

Una amplia gama de especialistas jurídicos externos han dicho que el presidente Trump y Hegseth le han dado órdenes ilegales al ejército, porque el derecho nacional e internacional prohíben atacar deliberadamente a civiles que no participan directamente en las hostilidades, aunque sean presuntos delincuentes.

Tradicionalmente, Estados Unidos ha abordado el contrabando marítimo de drogas recurriendo a la Guardia Costera, a veces asistida por la Marina, para interceptar las embarcaciones. Si las sospechas resultaban fundadas, detenía a sus tripulaciones. Del mismo modo, la policía detiene a quienes se sospecha que son traficantes de drogas; en cambio, sería un delito matarlos sumariamente en la calle.

La pena por ser condenado por tráfico de drogas es la prisión, no la ejecución.

El gobierno de Trump ha afirmado que los ataques son legales --y no son asesinatos-- porque Trump ha "determinado" que el tráfico de drogas por parte de los cárteles constituye un ataque armado contra Estados Unidos y que el país está inmerso en un conflicto armado formal con los cárteles, por lo que las tripulaciones de los barcos pueden ser atacadas como "combatientes".

Pero el gobierno no ha proporcionado una teoría jurídica, ni pública ni ante el Congreso, que explique la legitimidad de Trump para superar la brecha conceptual entre el narcotráfico y el tipo de ataques armados que pueden crear un estado legal de conflicto armado. Tampoco ha explicado cómo tripular una embarcación que transporta un producto de consumo ilícito puede convertir a alguien en un objetivo legítimo como combatiente.

A falta de un argumento jurídico, el gobierno ha presentado un argumento de política pública. Ha dicho que está a favor de utilizar la fuerza militar contra presuntos traficantes de drogas porque decenas de miles de consumidores de drogas estadounidenses mueren cada año por sobredosis. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que cada barco que destruye el ejército estadounidense salva 25.000 vidas.

Unos 80.000 consumidores de drogas estadounidenses murieron por sobredosis el año pasado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esa cifra es inferior a las 110.000 de 2023, pero superior a la de hace una década.

El aumento de las muertes por sobredosis en los últimos años fue causado por el fentanilo, que procede de laboratorios de México. Los barcos que el ejército estadounidense atacó procedían de Sudamérica, que produce cocaína.

Desde que volvió al poder en enero, Trump ha designado como organizaciones terroristas a una serie de cárteles de la droga y bandas criminales latinoamericanas, entre ellas el Tren de Aragua. Hegseth los ha comparado repetidamente con Al Qaeda.

El Congreso autorizó un conflicto armado con Al Qaeda después de que esta atacara a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001; los legisladores no han autorizado una guerra contra otros grupos terroristas no relacionados. Las designaciones también son controvertidas, ya que, por definición, los terroristas están motivados por objetivos ideológicos o religiosos, mientras que los cárteles buscan ganancias ilícitas.

La ley que faculta al poder ejecutivo para designar a un grupo como organización terrorista extranjera permite congelar sus activos y también tipifica como delito prestar apoyo a ese grupo. Lo que no hace es autorizar el asesinato sumario de personas sospechosas de pertenecer al grupo.

La descripción de Hegseth de que el décimo ataque estuvo dirigido contra una embarcación asociada al Tren de Aragua volvió a centrar la operación en Venezuela. Trump describió el primer ataque, el 2 de septiembre, como abatir a 11 personas a las que acusó de ser miembros de esa banda. El segundo ataque, el 15 de septiembre, mató a tres personas que Trump dijo que eran de Venezuela.

Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que una de las personas muertas el 15 de septiembre era un pescador colombiano y acusó a Estados Unidos de asesinato. En los ataques posteriores, el gobierno no identificó en su mayor parte la nacionalidad ni la pertenencia de los objetivos a una organización concreta.

En un cuarto ataque, el 3 de octubre, el ejército estadounidense mató a cuatro hombres que Petro dijo posteriormente que eran ciudadanos colombianos. En el sexto ataque, contra una embarcación semisumergible, murieron dos personas, pero hubo dos sobrevivientes, uno de los cuales fue repatriado a Colombia.

El séptimo ataque, el 17 de octubre, mató a tres hombres a los que el gobierno acusó de traficar con drogas para el Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde marxista de Colombia conocido como ELN, al que el Departamento de Estado designó como terrorista en 1997. Los ataques octavo y noveno se produjeron en el Pacífico oriental, frente a la costa de Colombia.

En los preparativos de la operación de los ataques a los barcos, así como en su fase inicial, el gobierno de Trump se centró en gran medida en Venezuela y en su dirigente autoritario, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El gobierno lo ha calificado de ilegítimo y lo ha retratado como el jefe de un cártel de la droga.

El gobierno de Trump también consideraopciones para realizar ataques terrestres en Venezuela e intenta utilizar la fuerza para destituir a Maduro. Entre los partidarios de una operación de cambio de régimen se encuentran el secretario de EstadoMarco Rubio y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.