El gobierno de México ha pasado de la narrativa ideológica a la humanitaria para tratar de justificar el sostenido soporte, encubrimiento y defensa de las organizaciones delictivas que bajo mando de La Habana someten con terrorismo de Estado a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Desde operar su política exterior, el rescate de prófugos con cobertura diplomática, hasta la contratación de personal esclavo y entregas de petróleo, el apoyo y complicidad del gobierno de México a la dictadura de Cuba y sus satélites son violaciones al derecho interno e internacional que no pueden continuar impunes.
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, convirtió a México en un gobierno “paradictatorial”, esto es un “gobierno elegido en democracia que sirve a las dictaduras de crimen organizado, las sostiene, busca legitimarlas e incumple obligaciones internacionales, traicionando y perjudicando sus intereses nacionales”.
La presidencia de Sheinbaum es solo la continuación de este sometimiento porque los gobiernos paradictatoriales se originan cuando el socialismo del siglo XXI -sigla política de la dictadura cubana y su expansión- promueve, financia y hace llegar al poder a los que una vez al mando ponen el país al servicio de sus comandantes.
El iter criminis de México bajo los gobiernos de AMLO y Sheinbaum para sostener al crimen organizado en las Américas es notorio y notable. Apoyo incondicional y sostenido a la dictadura de Cuba con contratación de médicos esclavos, compra de piedras, envío de petróleo y discursos humanitarios para cubrir el sostenimiento de un grupo criminal que mata de hambre y tortura a su pueblo desde hace más de 66 años. No se trata de apoyo, es servidumbre, vergüenza para un país como México que tuvo una política exterior proclamando respeto a la no intervención y a los derechos humanos.
En 2025, el Centro Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado “55 envíos de crudo y derivados entre mayo y agosto a la dictadura de Cuba” y los “cargamentos han sido valorados en tres mil millones de dólares” pese a la escasez de gasolina en el propio México. Este monto ¿cómo se registra en el manejo estatal mexicano? Cuanto menos se trata de malversación de recursos públicos, de desfalco o de una cadena de falsificaciones que disfrazan el sostenimiento del crimen organizado con la denominada “Gasolina Bienestar” y que la democracia de México tiene la necesidad y la obligación de aclarar.
En México, al año 2024, se reportaban 678 médicos cubanos contratados para el sector público y el Director del Instituto Mexicano de Seguridad Social después de reunirse con el dictador cubano Díaz-Canel realizó la contratación de 1.200 médicos esclavos más. La esclavitud consiste en el pago al régimen cubano por el trabajo de personas cuyas familias permanecen como rehenes, como ha reportado el informe de las Naciones Unidas y los precedentes en Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador y decenas de países más.
El apoyo a la dictadura de Cuba es soporte al grupo de crimen organizado más antiguo de las Américas, al primer narcoestado de la región, al punto más importante de violación a los derechos humanos por medio de terrorismo de Estado y al centro de conspiración y desestabilización que agrede sostenidamente a las democracias. Lo demuestra el servilismo mexicano en el sostenimiento del grupo delictivo que somete al pueblo de Venezuela cuando AMLO recibió con honores presidenciales a Nicolás Maduro e ignoró la orden internacional con 25 millones de dólares -que hoy son 50 millones- por su captura. Lo ratifica la decisión de apoyar la usurpación de la soberanía popular falsificando el resultado de las elecciones de 2024 y el actual sostenimiento al cartel de los soles.
El gobierno mexicano se ha convertido en el operador títere de la dictadura de Cuba extrayendo de Bolivia a Evo Morales en 2019 cuando renunció por fraude y crímenes infraganti, librándolo de ser procesado, con igual protección a los miembros de su grupo criminal en su embajada en La Paz. Repitió la maniobra en Ecuador protegiendo al condenado Jorge Glas, promoviendo el incidente diplomático que llevó al gobierno ecuatoriano a retirar al prófugo de la embajada mexicana. Intentó cobijar al golpista Pedro Castillo de Perú y da a su esposa Lilia Paredes “10.000 dólares mensuales, guardaespaldas y choferes particulares” como lo reportó Infobae en 2 Mayo 2024.
La abierta participación en la “migración forzada” contra Estados Unidos y el “narcotráfico de cocaína y fentanilo” no es un dato menor, cuando alegando cuestiones de soberanía se puso el territorio mexicano como plataforma de agresión contra el socio del tratado de libre comercio que le ha dado crecimiento y desarrollo legal. El gobierno de México ha permitido y tolera hasta ahora la existencia de narcoestados en estados de su país a los que ha fortalecido con la elección de jueces.
Este apretado resumen prueba que el gobierno mexicano viola la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional o Convención de Palermo, el tratado de libre Comercio con EEUU y Canadá, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, y más.
*El autor de este artículo es abogado, politólogo y Director del Interamerican Institute for Democracy.