El gobierno de Israel presentó una petición ante la Corte Penal Internacional (CPI) para apartar al fiscal jefe Karim Khan de todos los procedimientos relacionados con el país y cancelar las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant.
La solicitud, remitida a la sala de apelaciones del tribunal con sede en La Haya, alega que el fiscal actuó movido por motivos personales impropios y que sus acciones generan dudas sobre la integridad del proceso.
El argumento central de la petición sostiene que las acusaciones promovidas por Khan “tenían como objetivo desviar la atención pública de graves denuncias de conducta sexual inapropiada” presentadas en su contra por al menos una empleada de la propia CPI.
Según el Ministerio de Exteriores israelí, la supuesta falta de neutralidad del fiscal “contamina profundamente” el procedimiento judicial y hace “irreparable” cualquier medida tomada bajo su supervisión directa.
Karim Khan impulsó, en mayo pasado, solicitudes de órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant por presunta responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos en el contexto de la actual guerra en Gaza.
Junto a esos pedidos, también pidió medidas similares contra altos dirigentes del grupo terrorista Hamas, responsables del sangriento ataque del 7 de octubre de 2023 y por acciones posteriores descritas como violaciones del derecho internacional. Israel rechaza la acusación y argumenta que el tribunal carece de jurisdicción sobre el país.
El comunicado israelí destaca que la petición “no afecta en modo alguno” el resto de los planteos presentados contra la validez de las órdenes de arresto, incluidas las argumentaciones previas referidas a la competencia del tribunal.
Israel mantiene que la CPI no tiene jurisdicción sobre el conflicto porque el país no es parte del Estatuto de Roma, texto constitutivo de la corte. No obstante, el tribunal ha ratificado las órdenes de arresto en vigor contra Netanyahu y Gallant tras revisar los recursos presentados por la defensa israelí.
Además de la ofensiva diplomática y legal, las autoridades israelíes vincularon la conducta del fiscal con un presunto daño “irreparable” al proceso, situación que consideran debe invalidar cualquier acción a futuro bajo su liderazgo.
El Ministerio de Exteriores acusó públicamente a Khan de emitir “órdenes judiciales infundadas e indignas” en respuesta a reportes de prensa sobre las acusaciones personales.
La situación añade un componente adicional de tensión a la relación entre Israel y la CPI, marcada por la falta de reconocimiento recíproco y los reiterados cruces sobre investigaciones abiertas por la corte internacional.
En el contexto actual, la petición para apartar a Khan y anular las órdenes coincide con una postura crítica hacia el sistema internacional de justicia y con la presión de organismos multilaterales que han condenado la violencia en Gaza.
El tribunal confirmó en su sitio oficial haber recibido la solicitud, que será evaluada por los jueces de apelación. Cualquier decisión modificatoria sobre la actuación del fiscal o sobre las órdenes de arresto tendrá efectos en los procedimientos abiertos tanto contra dirigentes israelíes como líderes de Hamás. Mientras tanto, las órdenes solicitadas en mayo se mantienen vigentes, sin cambios hasta que la corte adopte una resolución.
La investigación disciplinaria a Khan, según anunció la CPI, proseguirá mediante los mecanismos internos habituales, como parte de sus políticas de integridad institucional. Organismos de derechos humanos y analistas jurídicos internacionales observan de cerca el desarrollo del caso, que reúne cuestiones de competencia, ética judicial y delitos graves internacionales en uno de los conflictos más recientes del escenario global.
(Con información de EFE y AFP)
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