El Tribunal de Cuentas de Italia frenó la aprobación administrativa del proyecto para construir un puente entre Sicilia y la península, una megaobra que el gobierno de Giorgia Meloni promocionaba como símbolo de desarrollo.
Esta resolución tensó al máximo la relación entre el Ejecutivo y la justicia italiana.
Esta resolución suspende la validez del procedimiento que autorizaba la construcción de una de las infraestructuras más ambiciosas de Europa, valorada en más de 13.500 millones de euros, e impide la aprobación final del viaducto al exigir una revisión adicional de la legalidad y los fundamentos administrativos del proyecto.
El órgano fiscalizador difundió un comunicado anunciando que, en un plazo máximo de 30 días, se darán a conocer los fundamentos que respaldan su decisión.
El fallo no supone el abandono definitivo del plan para conectar Sicilia con la península italiana, pero representa un freno relevante para una de las promesas más emblemáticas del actual Ejecutivo.
Según el análisis de Il Fatto Quotidiano, el tribunal rechazó el visado de legalidad y la inscripción oficial del respaldo político otorgado en agosto por el Comité Interministerial para la Programación Económica y el Desarrollo Sostenible (Cipess), que había aprobado el diseño definitivo y asignado fondos públicos a través del decreto del viceprimer ministro y titular de Transporte, Matteo Salvini.
Dicha medida reactivaba la empresa pública Stretto di Messina tras una década en liquidación.
Las dudas del tribunal se centran en la solidez de los cálculos financieros, la fiabilidad de las previsiones de tráfico, el cumplimiento de normas medioambientales y antisísmicas, y la adecuación a la legislación europea en materia de límites de costes.
Las aclaraciones solicitadas por la Corte no fueron satisfechas por las autoridades responsables. La incertidumbre gira en torno a si el proyecto respeta todas las normativas exigidas.
La reacción del gobierno fue inmediata. Giorgia Meloni tachó la decisión de “intolerable invasión” por parte de los jueces y defendió que los ministerios respondieron a todas las objeciones técnicas. Además, señaló la entrega de abundante documentación como una de las causas de la controversia.
Meloni garantizó la continuidad del proyecto y resaltó la necesidad de reformar tanto la justicia constitucional como la Corte de Cuentas.
Il Fatto Quotidiano añadió que la normativa italiana permite al Ejecutivo intentar salvar el expediente recurriendo al Consejo de ministros, que podría validar el acto administrativo si considera que existe un interés público prevalente.
El actual plan, reactivado en 2023 por el gobierno Meloni, prevé un viaducto de casi 3,7 kilómetros de longitud, con un tramo suspendido que superaría el récord mundial del puente de Çanakkale en Turquía en 1.277 metros.
El proyecto contemplaba comenzar trabajos preliminares en otoño y arrancar la fase de construcción un año después, con finalización prevista entre 2032 y 2033.
(Con información de AP)
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