Un alto asesor de seguridad del Reino Unido advirtió que China representa una “amenaza” para el país tras la investigación contra dos británicos acusados de entregar información sensible al aparato de inteligencia de Beijing, según declaraciones recogidas por el diario The Times.

Los acusados son Christopher Cash, ex investigador parlamentario, y Christopher Berry, académico, quienes fueron objeto de seguimiento por parte de las autoridades tras establecer contacto con un ciudadano identificado con el alias de “Alex”, supuesto agente del régimen chino.

Berry viajó a Hangzhou, China, en 2022, donde sostuvo un encuentro con un alto funcionario del Partido Comunista Chino, titular adjunto de la Comisión Central de Seguridad Nacional liderada por el presidente Xi Jinping.

En los mensajes revisados por los investigadores, Cash advirtió a Berry: “Estás en territorio de espías ahora”.

De acuerdo con el diario británico, las pruebas recopiladas mostraron que Berry proporcionó a Alex al menos un informe escrito en menos de trece horas desde que fue solicitado.

Matthew Collins, asesor adjunto de seguridad nacional, sostuvo ante el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) que la celeridad y naturaleza de la información sugerían su uso en la toma de decisiones dentro del aparato de inteligencia chino. Parte sustancial del interés de Alex y del liderazgo chino era conocer la estructura interna del Ejecutivo británico, posibles cambios en el gabinete y la posición oficial sobre sanciones a empresas chinas, especialmente aquellas acusadas de utilizar mano de obra forzada.

“Es sumamente improbable que uno de los funcionarios más importantes de China haya recibido a Berry a menos que se le considerase capaz de proporcionar información valiosa”, subrayó Collins en los documentos consultados por The Times.

Los fiscales examinaron además la comunicación en la que Berry informaba sobre las probabilidades de que Tom Tugendhat, entonces diputado conservador, consiguiera un puesto en el gabinete con Rishi Sunak como primer ministro, dato que luego Alex utilizó para ajustar recomendaciones en la esfera política china.

Cash también compartió información sobre la retirada de Jeremy Hunt de la carrera por el liderazgo tory y su eventual respaldo a Tugendhat.

“Muy, muy confidencial (definitivamente no compartas con tu nuevo empleador)”, advirtió.

Los fiscales identificaron que, entre los temas solicitados, se incluyó la anticipación sobre la entrada en vigor de una prohibición a las importaciones británicas provenientes de Xinjiang, provincia señalada por organizaciones internacionales ante acusaciones de crímenes y derechos humanos contra la población uigur. Berry transmitió a Alex detalles sobre la fecha estimada para la aplicación de la medida, antes de que esta fuera oficializada. Además, proporcionó datos reservados sobre una revisión de alto nivel del gobierno respecto al proceso de adquisición de la planta Newport Wafer, pieza central en la industria de semiconductores de Reino Unido.

En sus informes a la fiscalía, Collins señaló que “la transmisión de esta información a China ponía en riesgo la seguridad o los intereses del Reino Unido, dándole al Estado chino una ventaja táctica y estratégica”. Para el funcionario, el material facilitado superaba el terreno del simple comentario político y entraba en la categoría de inteligencia sensible.

Collins fue más allá y describió la creciente actividad de operaciones de espionaje de gran escala dirigidas por China, advirtiendo sobre el impacto en la prosperidad económica y la integridad de las instituciones democráticas.

También citó campañas de ciberataques —atribuidas a tres agencias de inteligencia vinculadas al Ministerio de Seguridad del Estado chino— y la sofisticación de los métodos empleados en estas intervenciones que, afirmó, podrían producir “consecuencias destructivas”.

Según The Times, Collins especificó que el Parlamento británico había estado en la mira de estas campañas, identificando intentos sistemáticos por captar colaboradores o infiltrarse mediante el acercamiento a personal legislativo.

El caso quedó archivado debido a que el Gobierno se abstuvo de declarar formalmente a China como una “amenaza a la seguridad nacional”, elemento que la fiscalía identificaba como necesario para continuar con el proceso penal.

El diario británico señaló que, si bien las declaraciones oficiales resultaban directas sobre el carácter de peligro, también reflejaban la voluntad del Ejecutivo de mantener un margen de diálogo económico y diplomático con Beijing. En los informes oficiales constó la intención de “buscar una relación positiva con China para fortalecer la cooperación y la estabilidad”, convirtiendo esa ambivalencia en un escudo argumental para que la defensa derribara la acusación.

Tanto Cash como Berry rechazaron haber cometido algún delito. Cash expresó su frustración por el cierre del caso, que le impidió presentar su defensa en un juicio, y enfatizó: “No he tenido oportunidad de demostrar mi inocencia en audiencia pública y no debería enfrentarme a un juicio en los medios”.

Insistió en que la información compartida solo eran rumores o datos accesibles en el dominio público y aseguró que no había recibido retribución de ningún tipo. “He perdido la carrera que amaba por una acusación de la que soy completamente inocente”.

La controversia llegó hasta el corazón del Gobierno y el Parlamento. El primer ministro Keir Starmer dispuso la publicación íntegra de los documentos de Collins y la fiscalía para que los diputados pudieran acceder a la totalidad de los elementos del caso y evaluar la gestión institucional.

Starmer supo que el caso podía colapsar dos días antes del anuncio oficial de la CPS y leyó las declaraciones más importantes el día mismo de su difusión pública.

El Servicio de Fiscalía de la Corona, dirigido por Stephen Parkinson, fue convocada por diversas comisiones del Parlamento para justificar la decisión de desechar el caso. Varios legisladores cuestionaron por qué no se buscó fortalecer la acusación con evidencia complementaria ni se llevó el expediente ante un jurado.

Parkinson argumentó que, aunque el material recogido cubría el 95% del estándar probatorio, faltaba “un 5%” que solo podía proveer una postura gubernamental más firme sobre el estatus de amenaza de China.