Un tribunal turco decidió postergar este lunes hasta el 24 de octubre el fallo sobre la posible destitución del líder del principal partido de oposición y la anulación del congreso del Partido Republicano del Pueblo (CHP) celebrado en 2023, en un proceso que ha agravado la crisis política nacional. La corte de Ankara aplazó la decisión luego de rechazar las peticiones de los demandantes de suspender cautelarmente a Ozgur Ozel, presidente del CHP, y a su administración mientras se dicta la sentencia definitiva. Además, ordenó al partido opositor y a las juntas electorales que presenten información sobre los próximos congresos generales y de Estambul la próxima semana, una vez que concluyan.
Las acusaciones de irregularidades en el congreso están siendo utilizadas en un contexto de crecientes tensiones políticas. Allí, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado uno de los principales rivales políticos del presidente Recep Tayyip Erdogan, permanece encarcelado a la espera de juicio bajo una investigación separada referente a supuestos vínculos con corrupción y terrorismo. La investigación, iniciada en octubre de 2023, ha llevado a la detención de cientos de miembros del CHP.
El proceso contra la principal fuerza opositora ha generado protestas en las calles de Turquía y recrudecido la incertidumbre económica, con la lira, las acciones y los bonos repuntando tras conocerse la decisión judicial de aplazar el fallo. El CHP y su presidente han negado las acusaciones y, en las últimas encuestas, mantienen un nivel de apoyo similar al del partido oficialista AKP, de orientación islamista y conservadora.
Diversos observadores, organizaciones de derechos humanos y líderes europeos han calificado el proceso como un ataque político y antidemocrático contra la oposición, acusaciones que el gobierno rechaza asegurando que el poder judicial actúa con independencia. La cofundadora del IstanPol Institute, Seren Selvin Korkmaz, dijo a Reuters que se trata de “un momento significativo que señala un cambio de régimen en Turquía, de un autoritarismo competitivo, en el que los partidos opositores pueden ganar elecciones, a un autoritarismo hegemónico, donde la oposición es más simbólica e incapaz de ganar”.
La decisión final de la corte podría anular el congreso y destituir a Ozel, lo que abriría la puerta al nombramiento de un administrador judicial en el CHP o al regreso de su anterior presidente, Kemal Kilicdaroglu, a quien Erdogan derrotó en las presidenciales de 2023. Según expuso un abogado del CHP ante el tribunal el lunes, la justicia ordinaria carece de jurisdicción en este asunto y sería competencia exclusiva de la Junta Electoral Suprema del país.
La reciente victoria del CHP en los comicios locales, donde ganó las principales ciudades, fue presentada por parte del gobierno y algunos analistas como una muestra de que la democracia sigue vigente en Turquía. No obstante, críticos señalan que la deriva autoritaria se acelera con el tiempo, ya que diferentes instituciones estatales han perdido autonomía frente a la influencia de Erdogan durante sus 22 años en el poder.
Los mercados turcos, especialmente sensibles a las dudas sobre el estado de derecho, sufrieron fuertes caídas en marzo tras el encarcelamiento de Imamoglu. El Banco Central reaccionó entonces revirtiendo temporalmente la política de reducción de tasas para afrontar la inestabilidad. Para la analista de Swissquote Ipek Ozkardeskaya, “las incertidumbres simplemente se han prolongado. El peor escenario se ha evitado, pero la percepción de los inversores extranjeros respecto al entorno político y las perspectivas de inversión en Turquía permanece sin cambios”.
(Con información de Reuters)