El presidente estadounidense Donald Trump presiona por una decisión rápida y definitiva de la Corte Suprema respecto a los aranceles que ha impuesto a rivales y aliados de Estados Unidos. Trump advierte que, sin esas medidas, el país estaría “al borde de una catástrofe económica”.

En una presentación, el gobierno utilizó términos casi apocalípticos al solicitar a los jueces, la noche del miércoles, que revirtieran el fallo de un tribunal de apelaciones. Dicho tribunal había concluido que gran parte de los aranceles de Trump constituían un uso ilegal de la Ley de Poderes de Emergencia. Por ahora, los aranceles permanecen vigentes.

El caso se presenta ante una Corte Suprema que hasta el momento ha mostrado reticencia a limitar el amplio uso del poder ejecutivo por parte de Trump. Una cuestión central es si la visión expansiva de la autoridad presidencial que sostienen varios jueces permite imponer aranceles sin la aprobación explícita del Congreso, al cual la Constitución otorga dicho poder. Tres de los magistrados conservadores fueron nominados por Trump durante su primer mandato.

La política arancelaria del presidente ha generado volatilidad en los mercados globales, tensado las relaciones con socios y aliados, y avivado los temores de inflación y desaceleración económica. Al mismo tiempo, Trump ha utilizado los gravámenes como herramienta de presión para negociar nuevos acuerdos con la Unión Europea, Japón y otros países. Hasta finales de agosto, los ingresos por aranceles ascendieron a 159.000 millones de dólares, más del doble respecto al mismo período del año anterior.

Elevando aún más la urgencia, el procurador general D. John Sauer solicitó a la Corte Suprema que decida en el plazo de una semana si acepta el caso y escucha argumentos en la primera semana de noviembre, un calendario mucho más acelerado que el habitual.

“El presidente y sus funcionarios del Gabinete han determinado que los aranceles promueven la paz y una prosperidad económica sin precedentes, y que la negativa de la autoridad arancelaria expondría a nuestra nación a represalias comerciales sin defensas efectivas y llevaría a Estados Unidos de nuevo al borde de una catástrofe económica”, escribió Sauer.

Según el procurador, lo que está en juego no se limita al comercio: también afecta la capacidad de frenar el tráfico de fentanilo y de sostener los esfuerzos contra la guerra de Rusia en Ucrania. Aunque es casi seguro que los aranceles seguirán vigentes hasta un fallo definitivo, la administración pidió a los jueces que actúen sin demora y reviertan la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

“Esa decisión arroja una sombra de incertidumbre sobre las negociaciones extranjeras actuales que el presidente ha llevado a cabo a través de aranceles durante los últimos cinco meses, poniendo en peligro tanto los acuerdos generales ya negociados como las negociaciones en curso”, insistió Sauer. “Lo que hay en juego en este caso no podría ser mayor”.

El respaldo al planteamiento presidencial incluyó también a los secretarios de Tesoro, Comercio y Estado. “La reciente decisión del (Tribunal de Apelaciones del) Circuito Federal ya afecta negativamente las negociaciones en curso”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El impacto de los aranceles no solo se mide en la arena geopolítica. Para pequeñas empresas, el costo y la incertidumbre representan un golpe potencialmente letal. “Estos aranceles ilegales provocan un grave daño a las pequeñas empresas y ponen en peligro su supervivencia. Esperamos una pronta resolución de este caso para nuestros clientes”, señaló Jeffrey Schwab, asesor principal del Liberty Justice Center.

En los tribunales, las empresas han obtenido victorias en dos ocasiones: primero en una corte federal especializada en comercio y después con un fallo de 7-4 en el tribunal de apelaciones. La disputa se centra en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). La mayoría de los jueces del circuito concluyó que dicha ley no autoriza al presidente a apropiarse de la facultad del Congreso para imponer aranceles, aunque los disidentes defendieron que sí permite regular importaciones en situaciones de emergencia.

El fallo aborda dos paquetes de impuestos a las importaciones, justificados por Trump mediante la declaración de una emergencia nacional: los anunciados en abril y los de febrero sobre productos de Canadá, China y México.

Si bien la Constitución otorga al Congreso la potestad de establecer gravámenes, con el paso de las décadas los legisladores han delegado gran parte de esa autoridad en el Ejecutivo, vacío que Trump ha aprovechado a fondo. Algunos de sus aranceles, como los impuestos al acero, aluminio y automóviles, quedaron fuera del fallo y tampoco fueron anulados los gravámenes contra China, mantenidos posteriormente por el presidente Joe Biden.

Aunque Trump conserva la facultad de imponer aranceles bajo otras leyes, estas le imponen mayores limitaciones en cuanto a rapidez y severidad. El gobierno advierte que, si se anulan las medidas, podría verse obligado a reembolsar miles de millones ya recaudados, lo que afectaría directamente al Tesoro.

Según estimaciones oficiales, los aranceles reducirían el déficit en 4 billones de dólares durante la próxima década. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advirtió en junio que también ralentizarían el crecimiento y presionarían los precios al alza, con una inflación un 0,4% superior en 2025 y 2026 respecto a un escenario sin aranceles, lo que erosionaría el poder adquisitivo de consumidores y empresas.

Desde entonces, Trump ha modificado su estrategia arancelaria, complicando la certeza de las proyecciones. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, resumió la incertidumbre en un discurso de agosto: los aranceles ya han elevado el precio de algunos bienes, pero “existe una incertidumbre significativa sobre dónde se asentarán finalmente todas estas políticas y cuáles serán sus efectos duraderos en la economía”.

(Con información de AP)