Una operación anticorrupción realizada el miércoles en distintas reparticiones públicas y privadas de Santiago y del extremo norte de Chile culminó con la detención de diez personas, entre ellas cinco funcionarios en ejercicio y tres ex funcionarios, según la información entregada por la policía y la fiscalía.
Las investigaciones señalan que desde 2021 los imputados habrían usado sus cargos para cometer diversos delitos, como recibir sobornos a cambio de agilizar trámites, entregar información confidencial y manipular concesiones, arriendos o ventas de terrenos fiscales a cambio de “cuantiosas sumas de dinero”.
Efectivos de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron allanamientos en domicilios particulares y dependencias estatales en las regiones Metropolitana y de Arica y Parinacota.
Entre las instituciones inspeccionadas se encuentran la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales (Seremi) y la Dirección de Obras Municipales de Arica, según precisó el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI en Arica, Marcelo García Cid, durante un punto de prensa.
En cuanto a los detenidos, cuatro se desempeñaban en la Seremi, tres habían trabajado previamente allí y otro pertenece a la Dirección de Obras Municipales de Arica. Los otros dos imputados son civiles que se desempeñaban como consultores, indicaron los detectives.
La fiscal Paulina Brito explicó a los medios que “se trata de una investigación que lleva más de dos años” y que surgió a partir de denuncias ciudadanas. Añadió que “hoy se materializaron estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita”. Los imputados también deberán enfrentar cargos por lavado de activos y falsificación, añadió García Cid.
En 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric puso en marcha una estrategia nacional anticorrupción, cuyo objetivo es fortalecer la institucionalidad y dotarla de mayor confianza ciudadana frente a un problema que ha afectado durante años a la sociedad chilena.
El lanzamiento de la llamada Estrategia Nacional de Integridad Pública recibió el apoyo de los líderes de la Cámara de Diputados y el Senado, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, así como del Fiscal Nacional, el comandante fefe de la Armada y el director general de Carabineros (policía), pese a que prácticamente todas esas instituciones han sido fuertemente cuestionadas por los chilenos en los últimos años.
En junio de 2023 salió a la luz un convenio irregular entre una repartición estatal y una fundación vinculada al oficialismo. El escándalo provocó la renuncia del ministro Giorgio Jackson, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Boric, y desde entonces se han multiplicado los allanamientos y dimisiones.
El caso se suma a una serie de escándalos que han golpeado al oficialismo en el último año y pone nuevamente bajo la lupa la capacidad del gobierno para cumplir su promesa de erradicar la corrupción en el aparato estatal. Los diez detenidos quedaron a disposición del tribunal de garantía, que en los próximos días definirá las medidas cautelares mientras avanza la formalización de cargos.
(Con información de AP)
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