La prisión de Evin, símbolo de la opresión del régimen iraní, reabrió parcialmente entre ruinas y condiciones inhumanas

La prisión de Evin, uno de los símbolos más notorios de la represión política en Irán, ha reabierto parcialmente y ha recibido de vuelta a unos 600 presos, en su mayoría disidentes y figuras políticas, apenas dos meses después de haber quedado devastada por un ataque militar israelí en el marco de la Guerra de los 12 días.

El retorno de los reclusos, anunciado por el poder judicial iraní a principios de agosto, se realizó en medio de instalaciones mínimamente reparadas, mientras el resto del complejo permanece en ruinas.

Las autoridades trasladaron a los internos —todos hombres— a dos pabellones restaurados, donde se reinstalaron ventanas y puertas y se retiraron los escombros de las habitaciones y pasillos afectados. Sin embargo, el resto de la prisión de Evin, ubicada en Teherán, sigue mostrando los estragos del ataque: los edificios administrativos, los centros de visitas y recreación, el hospital y otras áreas residenciales no han sido reconstruidos. Fotografías difundidas por medios iraníes muestran la precariedad de las reparaciones y la magnitud de los daños.

El ataque israelí, ocurrido el pasado 23 de junio, fue el más letal de la guerra, según datos oficiales del Ministerio de Salud de Irán. El bombardeo sobre Evin dejó 80 muertos y decenas de heridos, entre ellos personal penitenciario, trabajadores sociales, un menor de edad, familiares de presos, personal médico, el fiscal jefe de la prisión y al menos un transeúnte. La magnitud de la destrucción llevó a muchos, dentro y fuera de Irán, a pensar que la prisión permanecería cerrada durante meses, o incluso de forma definitiva.

En el momento del ataque, Evin albergaba a unos 1.500 reclusos, incluidas mujeres, quienes fueron trasladadas a otras dos instalaciones en las afueras de Teherán. Hasta la fecha, las mujeres no han sido devueltas a la prisión, aunque las autoridades han manifestado su intención de reincorporarlas “tan pronto como sea posible”.

El regreso apresurado de los presos a comienzos de agosto sorprendió tanto a los propios internos como a sus familias y abogados. De acuerdo con testimonios recogidos tras el traslado, los reclusos fueron ubicados en pabellones que carecen de servicios básicos, como aire acondicionado, en medio de una ola de calor extremo, y sin acceso adecuado a ventilación ni a una clínica médica. Organizaciones de derechos humanos y abogados han denunciado que estas condiciones no cumplen con los estándares mínimos para la vida humana, según lo consignado por The New York Times en un artículo publicado este sábado.

Behzad Panahi, uno de los presos políticos retornados a Evin, denunció la situación en una declaración pública, en la que anunció el inicio de una huelga de hambre en protesta por lo que describió como un “oscuro calabozo” que no reúne las condiciones esenciales para la supervivencia. Por su parte, Saeid Dehghan, abogado de derechos humanos que representa a varios presos políticos, afirmó que, según la propia normativa iraní, “bajo ninguna circunstancia se debe mantener a los presos en condiciones donde no existan servicios básicos como atención médica o saneamiento, ya que esto constituye una violación”.

Las denuncias sobre malos tratos no se limitan a las condiciones materiales. Cerca de 20 presos publicaron declaraciones colectivas en redes sociales en las que relataron haber sido encadenados y golpeados durante los traslados a otras instalaciones tras el ataque, así como en el retorno a Evin.

La noche del 7 de agosto, los guardias informaron a los internos que serían devueltos a la prisión al día siguiente. Cuando un grupo de disidentes prominentes se negó a ser esposado de manos y pies, temiendo una repetición de la violencia sufrida en el traslado anterior, se produjo un forcejeo. Según el testimonio de 19 presos, varios de ellos, entre los que se encontraban Abolfazl Ghadyani, de 80 años, y Mostafa Tajzadeh, de 68, resultaron golpeados o derribados por los guardias. La judicatura iraní, no obstante, ha negado todas las acusaciones de violencia durante estos procedimientos.

Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado el ataque israelí contra Evin como un crimen de guerra y han exigido investigaciones internacionales independientes. Asimismo, también han condenado el trato recibido por los presos en las horas posteriores al bombardeo, señalando la falta de garantías y la exposición a abusos.

El retorno de los presos a Evin ha sido interpretado por algunos altos funcionarios iraníes como un gesto de desafío ante Israel, con el objetivo de demostrar que los ataques aéreos no lograron clausurar uno de los principales emblemas de la represión estatal. Ali Asghar Jahangiri, portavoz del poder judicial, declaró que, tras el ataque, el jefe de la judicatura ordenó a la Organización de Prisiones acelerar el regreso de los internos a Evin.

En medio de este panorama, familiares de los presos han descrito la situación como desoladora. Fakhri Mohtashamipour, esposa de Mostafa Tajzadeh, relató que, durante una visita reciente, se encontró con la prisión aún en ruinas y que la reunión tuvo lugar en una cabina improvisada entre los escombros. Según su testimonio, los internos no han recuperado sus pertenencias personales y viven en una sensación de desarraigo, como si hubieran sido trasladados de manera provisional a unos pabellones apenas funcionales.