“La historia muestra que las dictaduras colapsan inesperadamente”, aseguró Svetlana Tsikhanouskaya, líder opositora bielorrusa

La represión política en Bielorrusia bajo el liderazgo de Alexander Lukashenko ha convertido al país en un escenario de resistencia y lucha por la democracia, según el análisis de Svetlana Tsikhanouskaya, líder opositora y autora de un reciente artículo en Foreign Affairs. Desde las elecciones presidenciales de 2020, la sociedad bielorrusa ha enfrentado violencia estatal, exilio forzado y una creciente dependencia del Kremlin, mientras la oposición democrática, encabezada por Tsikhanouskaya, busca apoyo internacional para una transición pacífica y el restablecimiento del Estado de derecho.

El control de Lukashenko sobre Bielorrusia se ha consolidado a través de décadas de elecciones fraudulentas, represión sistemática y una alianza cada vez más estrecha con Rusia y China. Esta situación ha llevado a que muchos observadores externos perciban a Bielorrusia como una extensión de Rusia, ignorando su identidad nacional y sus aspiraciones democráticas. Sin embargo, la realidad interna es distinta: la mayoría de los bielorrusos rechaza la autocracia y anhela una integración más profunda con Europa.

El punto de inflexión llegó en 2020, cuando Tsikhanouskaya, sin experiencia política, decidió postularse a la presidencia tras el arresto de su esposo, Siarhei Tsikhanouski, un conocido bloguero crítico del régimen de Lukashenko. Su candidatura, motivada por el deseo de liberar a los presos políticos y restaurar la democracia, movilizó a la ciudadanía. Según observadores independientes citados por Foreign Affairs, la mayoría de los votantes apoyó a Tsikhanouskaya, pero Lukashenko se autoproclamó vencedor, desatando las mayores protestas pacíficas en la historia moderna del país, con hasta 1,5 millones de personas en las calles.

La respuesta del régimen fue inmediata y brutal. Las fuerzas de seguridad realizaron arrestos masivos, torturaron a manifestantes y sembraron el terror entre la población. Decenas de miles fueron detenidos y cientos resultaron heridos. Tsikhanouskaya, junto a otros líderes opositores, se vio obligada a exiliarse. A pesar de la represión, el movimiento logró sacudir los cimientos del régimen. La intervención de Rusia, liderada por Vladimir Putin, resultó decisiva: Moscú envió asesores de seguridad, apoyo financiero y mostró disposición a intervenir militarmente, asegurando la supervivencia de Lukashenko a cambio de la sumisión de Bielorrusia y su utilización como punto estratégico para la invasión de Ucrania en 2022. Actualmente, el país permanece bajo lo que Tsikhanouskaya describe como una ocupación de facto, con nueve millones de ciudadanos sometidos a un gobierno que responde ante el Kremlin.

En el exilio, la oposición bielorrusa ha establecido un gobierno alternativo, integrado por activistas y desertores del régimen, preparado para liderar la reconstrucción nacional. Este gobierno en el exilio, reconocido por varios países y en contacto con funcionarios del régimen dispuestos al cambio, ha formalizado relaciones con autoridades estadounidenses y europeas. La resistencia civil se mantiene viva tanto dentro como fuera de las fronteras, a pesar de la censura y la represión. Encuestas citadas por Foreign Affairs muestran que solo el 4% de la población apoya la unificación con Rusia, mientras que más del 60% rechaza el despliegue de armas nucleares rusas en territorio bielorruso. Incluso, trabajadores ferroviarios han saboteado la logística militar rusa y cientos de bielorrusos combaten en Ucrania dentro del Regimiento Kalinouski, la mayor unidad extranjera en el ejército ucraniano.

La estructura de la resistencia incluye el Gabinete de Transición y el Consejo de Coordinación, órganos elegidos digitalmente que representan la voluntad democrática y ofrecen apoyo a quienes permanecen en Bielorrusia y a los más de medio millón de exiliados. Estas instituciones funcionan como un gobierno en espera, respaldadas por una red de organizaciones civiles, medios independientes, servicios legales y humanitarios, y colaboran con sindicatos, empresas y grupos religiosos para preservar la identidad y la vida cívica bielorrusa. Inspirados por el ejemplo del gobierno estonio en el exilio durante la ocupación soviética, han creado un nuevo pasaporte para exiliados y redactado una constitución provisional. Además, mantienen un diálogo estratégico con el Departamento de Estado de Estados Unidos y han formalizado la cooperación con la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa.

El apoyo internacional ha sido fundamental. Tras las elecciones de 2020, Estados Unidos y la UE adoptaron una estrategia de tres frentes: debilitar al régimen de Lukashenko, respaldar las aspiraciones democráticas y europeístas, y preparar una eventual transición. Ambos impusieron sanciones, mientras Lituania y Polonia ofrecieron refugio a cientos de miles de bielorrusos. La UE ha prometido más de EUR 3.000 millones para apoyar la transición democrática, una señal clara de que Bielorrusia es parte de Europa. Este respaldo se extiende a los medios independientes, activistas y proyectos de preservación de la identidad nacional, y se distingue cuidadosamente entre el pueblo bielorruso y el régimen.

Tsikhanouskaya, en su artículo para Foreign Affairs, subraya la necesidad de que este apoyo continúe y se intensifique. Propone que Estados Unidos y la UE refuercen la asistencia técnica a la sociedad civil, a los medios independientes y a las redes de exiliados, así como pide ampliar las sanciones, incluyendo restricciones al comercio fronterizo, una fuente clave de ingresos para el régimen. Además, insta a respaldar la iniciativa de Lituania ante la Corte Penal Internacional para que los responsables de crímenes sean juzgados. La líder opositora también plantea la posibilidad de ofrecer garantías de seguridad personal a Lukashenko y su familia si acepta una transición supervisada internacionalmente, aunque insiste en la necesidad de justicia para las víctimas de la represión.

En cuanto a la transición política, la oposición propone un diálogo nacional inspirado en la Mesa Redonda polaca de 1989, que permitió una salida pacífica del comunismo. El objetivo es lograr la reconciliación y el fin de la crisis política mediante una negociación entre las fuerzas democráticas y los sectores del régimen dispuestos a dialogar. Tsikhanouskaya revela que existen contactos discretos con funcionarios desilusionados dentro de ministerios, servicios de seguridad y medios estatales, algunos de los cuales ya filtran información relevante, como los métodos para evadir sanciones. La estrategia consiste en ampliar estos contactos y mantener el apoyo popular, evitando que la propaganda rusa distorsione la opinión pública.

El régimen de Lukashenko, según el análisis de Foreign Affairs, se encuentra en una posición vulnerable. El sistema carece de mecanismos legítimos de sucesión y depende completamente de la figura del dictador, quien envejece y enfrenta debates internos sobre la transición. La oposición trabaja para que, ante un eventual vacío de poder, el país no quede bajo control ruso, sino que avance hacia la democracia.

El papel de líderes internacionales ha sido determinante. Tsikhanouskaya destaca el respaldo de figuras como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Mark Rutte, Roberta Metsola, Giorgia Meloni y Donald Tusk. En particular, resalta la actuación de Donald Trump, quien durante su primer mandato impulsó sanciones y nombró a Julie Fisher como embajadora en Bielorrusia. En su segundo mandato, Trump, a través del general retirado Keith Kellogg, facilitó la liberación de varios presos políticos, incluido Siarhei Tsikhanouski, esposo de la autora, tras cinco años de confinamiento solitario. Tsikhanouskaya agradece este gesto y pide a Trump que utilice su influencia para lograr la liberación de los 1.150 presos políticos restantes, lo que podría abrir la puerta a una desescalada entre el régimen y las fuerzas democráticas.

La líder opositora sostiene que la situación de Bielorrusia representa una oportunidad de bajo costo y alto impacto para la política exterior estadounidense y europea, ya que el país no enfrenta conflictos étnicos ni guerras civiles, sino una prolongada lucha contra la autocracia. Propone el nombramiento de un nuevo enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, que coordine la liberación de presos, la política de sanciones y el avance de las reformas democráticas, en estrecha colaboración con la UE y el movimiento opositor. El Congreso estadounidense, según Tsikhanouskaya, mantiene un consenso bipartidista en favor de estas medidas, y se prepara una nueva versión de la Ley de Democracia de Bielorrusia para reforzar el apoyo a la sociedad civil y sancionar a los responsables de la represión.

A pesar de los desafíos, la sociedad bielorrusa se mantiene firme, paciente y decidida a conquistar la libertad y la dignidad. Tsikhanouskaya concluye en Foreign Affairs que, aunque algunos duden de la relevancia de Bielorrusia, el país ha pagado un alto precio por la libertad europea y no abandonará su lucha. El futuro de Bielorrusia dependerá de quién esté preparado para asumir el cambio cuando llegue ese momento.