Miles de afganos cruzan diariamente la frontera desde Irán hacia Afganistán, expuestos a temperaturas extremas, sin hogar ni empleo y atrapados en la incertidumbre ante el regreso a un país hostil y desconocido. Según The New York Times, cerca de 20.000 personas llegan cada día; muchas son mujeres y niñas que huyeron tras el retorno talibán y que, de vuelta, enfrentan la imposibilidad absoluta de trabajar o acceder a la educación. Este flujo masivo refleja la dimensión de la crisis humanitaria en Afganistán.
Foreign Affairs señala que más de 500.000 afganos fueron forzados por Irán a retornar entre el 24 de junio y el 9 de julio, sumándose a los 700.000 que regresaron durante los primeros seis meses del año, según Naciones Unidas. El ritmo de expulsiones aumentó tras el fin de la guerra entre Irán e Israel, cuando las autoridades iraníes intensificaron las deportaciones bajo acusaciones infundadas de espionaje. Para mediados de julio, el número total de afganos que salieron de Irán en 2025 alcanzó los 1,4 millones, la mayoría bajo coerción, y las proyecciones advierten que la cifra podría llegar a 4 millones al final del año.
La mayor parte de los expulsados carecía de documentación legal en Irán. Teherán justifica la aceleración de las deportaciones por la presión económica interna, aunque en las últimas semanas el discurso oficial ha girado en torno a cuestiones de seguridad nacional y a señalamientos contra los refugiados, acusándolos falsamente de colaborar con Israel. La consecuencia es una emergencia humanitaria de elevada complejidad, que se suma a una década signada por tres grandes crisis de refugiados afganos, recurrentemente relegadas en la agenda internacional.
En 2015, la intensificación del conflicto afgano desató una ola migratoria al mismo tiempo que la crisis siria. En 2022, pocos meses después del regreso talibán al poder, se produjo otro éxodo, paralelo a la invasión rusa de Ucrania. Ahora, la expulsión desde Irán sucede mientras la atención global se centra en la emergencia de Gaza.
Las condiciones para los retornados son extremas: llegan sin recursos, sin redes de apoyo y en plena pobreza estructural. En marzo, UNICEF estimó que 23 millones de afganos —más del 50 % de la población— necesitarían ayuda humanitaria en 2025. En mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció que el 97 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el 69 % carece de empleo.
La respuesta nacional resulta profundamente limitada por la drástica reducción de la ayuda internacional desde 2021, consecuencia directa del retorno talibán —con presencia de altos mandos sancionados por la ONU— y por la multiplicación de otras emergencias globales. La ONU, uno de los pocos organismos que mantiene la asistencia, solo cubre el 22 % de los fondos humanitarios requeridos para este año.
Aunque el régimen talibán declara su voluntad de acoger a los repatriados, la magnitud y rapidez del fenómeno supera con creces su ya precaria capacidad, comprometiendo aún más la estabilidad socioeconómica. Los líderes buscan influir sobre Irán para reducir el ritmo de las expulsiones, sin lograr hasta ahora ninguna señal positiva desde Teherán.
El panorama se agrava porque Pakistán —otro destino habitual para los refugiados afganos— también lleva adelante retornos forzosos, aunque en menor escala, mientras que los Emiratos Árabes Unidos han endurecido sus políticas pese a las promesas del expresidente estadounidense Donald Trump acerca de proteger a quienes colaboraron con el ejército de Estados Unidos. Así, crece el número de quienes deben regresar a un lugar donde ni desean estar ni existen medios para recibirles.
