Comunidad wayúu colombiana asegura que estaría a punto de desaparecer por crítica situación de desnutrición

Una vez más la comunidad indígena wayuú denunció que el problema de desnutrición que sufren los menores de edad de la comunidad y las madres gestantes tienen en riesgo su existencia como etnia. Representantes del resguardo aseguraron este 2 de agosto ante la Corte Constitucional que la falta de garantías en cuanto al acceso a derechos básicos como agua potable, salud y buena alimentación persiste.

Hay que recordar que desde 2017, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-302 en la que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu. Se indicó que el mayor riesgo lo padecen quienes habitan en los municipios de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure, en La Guajira.

Han pasado seis años desde que se emitió la sentencia, pero según varias organizaciones de derechos humanos, no se ha cumplido lo ordenado.

La tarea de verificar el cumplimiento de la sentencia era del Tribunal Superior de Riohacha, sin embargo, se ha evidenciado que hay una falta de diligencia en la actuación de este ente. Teniendo esto en cuenta, el año pasado las organizaciones encargadas de realizar la veeduría de la resolución solicitaron a la Corte Constitucional una audiencia pública para establecer los avances, obstáculos y retos presentados con relación a las órdenes emitidas. Al final, se resolvió que el alto tribunal se encargará de verificar la situación.

Justo este martes Rojas hizo la denuncia en medio de una audiencia de veeduría en la que participaron representantes del Gobierno.

En cuanto al acceso al agua potable, el viceministro de agua potable, José Luis Acero, aseguró que el Gobierno ha construido pilas de agua potable. El funcionario aseguró que con estas se han beneficiado cerca de 540.000 personas, pero según la Defensoría del Pueblo esto “no representan una solución a la crisis”.

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Lina Arbeláez, aseguró que están haciendo un acompañamiento para que los menores en estado de desnutrición recuperen el peso debido y las madres gestantes puedan alimentarse correctamente durante su embarazo.

A pesar de las afirmaciones, las organizaciones sociales que hacen veeduría al proceso señalan que en todo este tiempo no se ha consolidado un plan de acción para cumplir el fallo. Ni siquiera se ha establecido una mesa de diálogo para escuchar a las comunidades indígenas y sus autoridades.

Rojas aseguran que los han “dejado en la miseria por la falta de diálogo”. También insiste en que las acciones implementadas no son suficientes y la cifras entregadas por los organismos gubernamentales son falsas.

“Esas cifras infladas que se presentan en todos los informes, también son una falta de respeto para nosotros. Lo vemos como una aberración, porque se quiere mostrar lo que no es cierto en territorio. La solución debe salir sobre la situación que vive nuestra comunidad y no desde un escritorio en Bogotá, porque son niños lo que mueren día a día”, dijo el vocero.

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