Una ola de indignación despertó un anuncio reciente de la Alcaldía Local de Chapinero, en el norte de Bogotá. El pasado viernes, la administración y la Policía Metropolitana de Bogotá sellaron un establecimiento comercial que vende víveres en el barrio Chicó. Presuntamente, los domiciliarios que esperaban pedidos en sus cercanías estaban ocupando el espacio público.
Por otro lado, unas redadas similares están ocurriendo en la localidad Antonio Nariño para llamar la atención sobre la ocupación en los andenes.
Estos operativos no están cayendo bien entre la ciudadanía. En primer lugar, los cibernautas reprocharon que un establecimiento legal que paga impuestos sea sometido a sellamiento por la actividad económica de un tercero, mientras los vendedores informales siguen impunes. También reprocharon las prioridades de la Policía sobre lo que se considera digno de persecución.
En ssegundo lugar, se quejan porque no se ejecuta ninguna acción de choque contra los directivos de esas terceras empresas, cuyos trabajadores permanecen en la informalidad y no cuentan con sitios legales para descansar de un trabajo extenuante como ese, o incluso hacer sus necesidades.
¿Qué dice la norma?
En marzo de 2021 fue aprobado el Decreto 082 de 2021, en el cual se imponen medidas para manejar el espacio público por parte de las empresas y aplicaciones tecnológicas que intermedian o habilitan servicios de entrega de domicilios en Bogota.
Según ese decreto, hay reglas que los domiciliarios de las plataformas deben cumplir. Por ejemplo, respetar [no sentarse en] la franja peatonal en andenes, alamedas y plazoletas. No se les permite obstaculizar la circulación de peatones con sus vehículos de transporte o sus maletines.
Para descansar, los domiciliarios deben permanecer sentados en lugares privados que dispongan las empresas repartidoras o los aliados (los negocios que aparecen en su portafolio), llámense áreas de descanso o zonas de espera de pedidos.
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