Isagen deberá responder por más de 900 millones de pesos por irregularidades en las tarifas de los usuarios de la zona centro sur

Por no gestionar las modificaciones a las tarifas de los usuarios de la red eléctrica en la zona centro sur del país en 2009, la empresa de energía Isagen deberá pagar $908.526.000 para resarcir los daños. Este monto fue estipulado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios), que multó a la compañía argumentando que, presuntamente, esta conocía, en su calidad de comercializador y representante de la Constructora Diaco, la modificación del nivel de tensión de la frontera comercial.

Se indicó que el denunciado incremento en las tarifas inició en noviembre de 2009, cuando se registró que la frontera de Diaco estaba conectada al Sistema de Transmisión Nacional (STN). En consecuencia, esto aumentó los precios y los usuarios del Sistema de Transmisión Regional (STR) centro sur empezaron a pagar más de lo debido.

Es de mencionar que dicha conexión se habría realizado a raíz de un contrato de conexión suscrito directamente entre la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) y Diaco.

Ante el anuncio, Isagen se limitó a asegurar que utilizará recursos jurídicos para defenderse.

Esta es una de las acciones más importantes que adelanta SuperServicios para garantizar el suministro eléctrico correcto y justo en el país. Otra de las decisiones relevantes tomadas por la entidad relacionadas a este campo fue la orden de liquidar Electricaribe el pasado 24 de marzo. El anuncio se hizo después de que finalizara con éxito el esquema de solución empresarial a largo plazo que garantizaba la continuidad en la prestación del servicio de energía y la entrada de dos nuevos operadores (Afinia y Air-e).

La entidad consideró que ya estaban dadas las condiciones necesarias para dar paso a la culminación de la etapa de administración temporal en la que se encontraba la electrificadora desde marzo de 2017.

Cabe señalar que, en el periodo de intervención, la empresa recibió apoyo financiero otorgado por el Fondo Empresarial de la SuperServicios por el orden de los $6,1 billones los cuales se derivaron de recursos propios del fondo; créditos bancarios garantizados por la nación y créditos de tesorería otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, una parte de los recursos correspondieron a autorizaciones dadas por el Gobierno nacional.

De esta manera, la superintendente Natasha Avendaño precisó que el pago de las deudas se dio “hasta donde la disponibilidad de recursos lo permitió” y que aquellas acreencias que quedaban pendientes no serían reconocidas en el proceso. No obstante, aseguró que existía una prelación para la cancelación de estas deudas.

“La prelación está establecida por ley. Van inicialmente las acreencias laborales, posteriormente las deudas del Estado, en particular las asumidas en virtud de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo y que contribuyó en el exitoso proceso de búsqueda de los dos nuevos operadores y, en tercer lugar, están los impuestos y contribuciones de la empresa”, manifestó la superintendente.

SEGUIR LEYENDO: