El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, defendió este jueves la eliminación de la subvención a los combustibles, calificando esta política como “una enfermedad” que era necesario resolver de manera inmediata. La medida, anunciada mediante el decreto 5503 presentado en la víspera, se enmarca en la declaración de “emergencia económica y social” ante la crisis que atraviesa el país.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, detalló en una comparecencia ante los medios en La Paz junto al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, que el gasto proyectado para subsidiar los combustibles en 2026 ascendía a 3.500 millones de dólares, cifra equivalente al 6,4% del producto interior bruto (PIB) de Bolivia.
“La gente estaba consciente de que el subsidio es una enfermedad y que era necesario solucionar de la forma más rápida y responsable posible”, afirmó Medinaceli durante la conferencia.
El funcionario especificó que el objetivo del Ejecutivo es redirigir el ahorro generado por la eliminación del subsidio hacia inversiones más productivas y la reducción del déficit fiscal. “Lo que intentamos es todo ese ahorro volcarlo a inversión más productiva, a disminuir el déficit fiscal y con esto lograr el levantamiento de la economía”, explicó Medinaceli.
Por su parte, Espinoza argumentó que el decreto responde a la necesidad de recuperar la economía nacional, severamente deteriorada tras “20 años de malgasto, de despilfarro, de una gestión económica que lo único que ha hecho es beneficiar a pequeños grupos” bajo los Gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
Espinoza afirmó que la subvención se transformó en “un punto de corrupción que terminó siendo un negocio de unos pocos” y que la continuidad de dicha situación “no se podía mantener”.
Según datos ofrecidos por el ministro de Economía, un 30% del subsidio era “capturado por redes de corrupción institucionalizadas” en gobiernos anteriores y un 40% beneficiaba a familias con alto poder adquisitivo, por lo que al final, “el 70% de esos más de 3.500 millones de dólares no beneficiaban a quien realmente lo necesitaba”.
Espinoza también señaló que, ante las eventuales protestas de los sindicatos de transportistas, el Gobierno está abierto al diálogo, pero cualquier posible aumento en las tarifas del transporte público deberá estar debidamente justificado. Explicó que el Ejecutivo ha implementado medidas como el arancel cero para la importación de repuestos e insumos y un perdonazo tributario para regularizar deudas del sector sin multas ni intereses.
Durante las últimas dos décadas, el precio del litro de diésel y gasolina en Bolivia estuvo sujeto a subvenciones, situándose en torno a 0,53 dólares. El decreto gubernamental ahora establece que la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro (un dólar), la gasolina premium pasará a 11 bolivianos (1,58 dólares) y el diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares), mientras que el precio de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP) se mantiene en 22,50 bolivianos (3,23 dólares).
De forma complementaria, el Ejecutivo anunció un incremento del 20 % en el salario mínimo nacional, que pasará de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), así como aumentos en los bonos para adultos mayores y escolares.
(Con información de EFE)
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