La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este lunes, durante la presentación de su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, un profundo deterioro institucional en el país, marcado por la cooptación del sistema de justicia y el uso extendido de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, explicó que el informe sitúa el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como eje central del análisis. Según Pochak, Guatemala enfrenta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
La relatora atribuyó estas amenazas al “control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico articuladas para preservar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad”.
El documento de la CIDH señala el “grave deterioro del sistema de justicia”, que no solo “no cumple con su rol de tutela judicial efectiva”, sino que además se utiliza para criminalizar a quienes exigen acceso a derechos o rendición de cuentas, detalló Pochak.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
En sus inicios, esta estrategia se dirigió a operadores de justicia y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero posteriormente se extendió hacia un amplio espectro social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. El informe concluye que la criminalización se ha consolidado como una “práctica generalizada”.
Pochak subrayó que el Ministerio Público (MP) ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”, evidenciado por el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) “para blindar el ‘statu quo’ y perseguir a quienes lo cuestionan”.
Entre los hallazgos relevantes, la CIDH también identificó connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, una profundización de la impunidad y la obstaculización de los procesos de justicia transicional vinculados al conflicto armado interno.
El informe aborda además los desafíos persistentes en materia de pobreza y desigualdad, con énfasis en las condiciones adversas que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos territoriales, situación que ha derivado en desalojos forzosos y criminalización.
Recomendaciones urgentes
Ante este panorama, la Comisión presentó 43 recomendaciones al Estado de Guatemala. Entre ellas destaca la necesidad de impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, detener el uso indebido del sistema penal y revisar a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, enfatizó Pochak.
El informe fue elaborado mediante una “metodología muy estricta”, que incluyó una visita in loco, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
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