
Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, se dejó ver brevemente este domingo en la entrada de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, donde permanece bajo detención preventiva. El momento, inusual por la exposición pública del ex mandatario, ocurrió tras la visita de su esposa, Michelle Bolsonaro, quien permaneció cerca de dos horas en el lugar antes de retirarse sin hacer declaraciones. Bolsonaro no salió del edificio y solo se lo pudo ver tras una puerta de cristal, en medio del proceso judicial que lo mantiene privado de libertad por riesgo de fuga y manipulación de su tobillera electrónica.
La detención preventiva fue ordenada el sábado por el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, quien fundamentó la medida en la existencia de un “riesgo concreto” de fuga y una “amenaza al orden público”, según la resolución judicial.

El exjefe de Estado, de 70 años, había estado en prisión domiciliaria desde agosto, en el marco del proceso por el que fue condenado por liderar una trama golpista para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La decisión judicial se precipitó después de que las autoridades detectaran, a las 00:08 del sábado, la manipulación de la tobillera electrónica que controlaba los movimientos de Bolsonaro, lo que activó las alarmas sobre un posible intento de fuga.
Durante una audiencia de control de detención celebrada el domingo, Bolsonaro negó cualquier intención de escapar y atribuyó su comportamiento a un estado de “paranoia” y “alucinaciones” provocado, según él, por la mezcla de un antidepresivo y un antiepiléptico. En su declaración, admitió haber intentado dañar el dispositivo de monitoreo con un soldador, argumentando que sospechaba que contenía un sistema de escucha. “Metí un soldador ahí (por) curiosidad”, reconoció en una grabación difundida por la corte suprema, mientras mostraba la tobillera con marcas de quemadura, según la segunda fuente.

El equipo médico que lo atendió tras la detención señaló que la confusión mental podría estar relacionada con la ingesta de pregabalina, un antiepiléptico cuya prescripción fue suspendida. No obstante, los médicos aseguraron que el estado de salud de Bolsonaro es “estable” y que no sufrió percances durante su primera noche bajo custodia. El ex presidente permanece recluido en una sala reservada de 12 metros cuadrados, equipada con cama, baño privado, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador. El acceso a visitas está estrictamente restringido y requiere autorización judicial expresa.
El arresto de Bolsonaro ha generado un fuerte impacto político y judicial en Brasil, con reacciones encontradas tanto a nivel nacional como internacional. Desde Johannesburgo, al cierre de la Cumbre del G20, el presidente Lula evitó valorar la decisión del Tribunal Supremo Federal, pero subrayó la autonomía del sistema judicial brasileño y la obligación de acatar sus resoluciones. “La Justicia tomó una decisión. Fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia”, afirmó Lula, quien recordó que el proceso contra Bolsonaro se extendió por casi dos años y medio, con investigaciones, negociaciones de cargos y juicio. El mandatario también restó importancia a los comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el arresto como “muy malo”, y respondió: “Trump necesita saber que somos un país soberano y que nuestra Justicia decide. Y lo que se decide aquí, está decidido”.

La defensa de Bolsonaro, encabezada por los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, anunció la presentación de un recurso ante la Corte Suprema para revertir la prisión preventiva. Los letrados expresaron su “profunda perplejidad” por la medida, argumentando que “pone en riesgo su vida” debido al “delicado” estado de salud del exmandatario, quien arrastra secuelas de una puñalada sufrida en 2018 y ha reportado crisis de hipo, vómitos y mareos. Además, cuestionaron la base legal de la detención, señalando que, pese a los supuestos indicios de fuga, Bolsonaro fue arrestado en su domicilio, con la tobillera electrónica y bajo vigilancia policial. También criticaron que la decisión judicial se apoye en la vigilia convocada por Flávio Bolsonaro, defendiendo el derecho de reunión y la libertad religiosa garantizados por la Constitución, según la segunda fuente.
El contexto judicial de Bolsonaro se agrava por los antecedentes de otros aliados y familiares, como el diputado Eduardo Bolsonaro y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem, quienes abandonaron el país en circunstancias similares. Junto al expresidente, varios ex altos funcionarios y militares, entre ellos Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Souza Braga Netto, recibieron penas de entre 16 y 26 años de prisión. La condena de 27 años y tres meses impuesta a Bolsonaro por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal lo señala como “jefe” de una organización criminal armada responsable de intentar impedir la toma de posesión de Lula. Los recursos de apelación presentados por la defensa ya han sido rechazados por unanimidad, dejando el cumplimiento de la condena como un hecho inminente, según la segunda fuente.
Mientras se resuelven los recursos legales, Bolsonaro permanecerá bajo custodia en la sede de la Policía Federal de Brasilia, en condiciones de reclusión especiales y con acceso restringido a visitas. La situación del expresidente, marcada por la vigilancia judicial y el debate político, mantiene la atención tanto dentro como fuera de Brasil.
La determinación de la Justicia brasileña se mantiene firme y el proceso avanza hacia el cumplimiento de la condena impuesta, sin que el gobierno prevea más comentarios sobre el caso.
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