La iniciativa ProLAC, encabezada por las ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y Consejo Danés para los Refugiados (DRC), ha alertado de que el 70% de los desplazados internos en Ecuador, Guatemala, Honduras y México, han huido de sus hogares por el aumento de la violencia y los grupos criminales.
El informe detalla que el desplazamiento forzado es una “consecuencia generalizada y sistémica” de una violencia que incluye el reclutamiento forzado de menores de edad y la disputa territorial entre estas bandas y ante la cual el sistema jurídico no dispone de marcos eficaces para proteger a las víctimas.
Las familias que huyen “se vuelven cada vez más invisibles”, ha dicho la directora regional del NRC para América Latina, Stine Paus, quien ha subrayado que no se puede ignorar “los peligros extremos a los que se enfrentan estas personas”.
Es por ello que han instado a los gobiernos de la región que reconozcan estos desplazamientos internos como una crisis humanitaria a fin de poder poner en marcha las medidas necesarias que garanticen la protección y el derecho de las víctimas.
“La situación se agrava aún más por la falta de reconocimiento legal de las personas desplazadas internamente en todos los países analizados”, apunta ProLAC en su informe, en el que también se deja constancia de que un tercio de las personas encuestadas no denuncian estos hechos por falta de confianza en las autoridades.
ProLAC, respaldada por la Unión Europea (UE), ha explicado que si bien cada país presenta una serie de riesgos y peligros específicos, la extorsión, las amenazas de secuestro, o el reclutamiento forzado de menores de edad son algunas de las causas que motivan el desplazamiento de las familias de estos cuatro países analizados.
Vacío legal para atajar la crisis
La falta, o escasa, legislación ha sido clave para la inseguridad que viven estas personas. “Este vacío legal tiene consecuencias reales”, pues “limita el acceso a la asistencia humanitaria, la justicia, las reparaciones y soluciones duraderas”, ha explicado Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC.
La situación es dispar si se comparan las leyes de estos cuatro países. En Honduras, aunque se promulgó una 2022 a penas cuenta con regulación y financiación; en México solo algunos estados tiene ciertos marcos legales, mientras que en Guatemala no se han producido avances y Ecuador carece de legislación alguna.
Cornic ha hecho un llamamiento a estos Estados para que legislen para proteger a sus ciudadanos y ha advertido de que a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, sin voluntad política, “serán insuficientes”.
(con información de EP)
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