La participación de Ecuador en la Cumbre Climática de Naciones Unidas (COP30), que se desarrolla en Belém, Brasil, abrió un nuevo debate sobre los límites y contradicciones de la política ambiental del país. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que Ecuador “no renunciará” a sus reservas de petróleo y gas y reconoció que el país “depende al 100% de los combustibles fósiles”, incluso mientras se discuten compromisos globales para acelerar la transición hacia energías limpias.
Las declaraciones fueron recogidas en una entrevista de la agencia EFE, en el marco de la cumbre climática, donde la funcionaria señaló que no ve “factible” fijar plazos para abandonar los hidrocarburos debido a la estructura económica y energética del país.
Manzano participa por primera vez en una COP mientras Ecuador aún se recupera de una crisis energética que generó apagones prolongados entre abril y mayo de 2024, producto de una combinación de sequía, fallas en la infraestructura hidroeléctrica y desinversión acumulada.
Ese episodio expuso, de manera abierta, la fragilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, que depende en más de un 80% de la hidroelectricidad, pero que sigue requiriendo energía “en firme” proveniente de centrales térmicas para evitar colapsos. A juicio de Manzano, esa realidad demuestra que, por ahora, el país no puede prescindir de los combustibles fósiles: “Es la energía térmica la que te salva”, afirmó durante la COP30, en respuesta a quienes presionan por plazos más estrictos para abandonar el petróleo.
La postura ecuatoriana ocurre en un contexto global donde los países productores discuten cómo compatibilizar sus metas climáticas con las necesidades económicas internas. Ecuador, que obtiene una parte central de sus ingresos fiscales del petróleo, llega a la cumbre con un riesgo país que se ha mantenido alrededor de los 700 puntos en noviembre de 2025, según datos del Banco Central, y con limitaciones financieras para sostener inversiones en energías renovables.
Manzano señaló que Petroecuador, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y las empresas mineras son hoy los principales aportantes al presupuesto estatal, lo que hace que abandonar los hidrocarburos sin alternativas consolidadas sea, en sus palabras, “inviable” a corto plazo.
La ministra también confirmó que el gobierno de Daniel Noboa planea duplicar la producción de gas natural hacia 2026, con énfasis en proyectos de explotación marina.
Este giro marca una diferencia con debates recientes en el país: en 2023, un referéndum nacional ordenó dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43-ITT, en el Yasuní, una decisión que implicó un compromiso ambiental de largo alcance. El Gobierno ha señalado que respetará ese mandato, pero simultáneamente busca ampliar la producción en otros campos y desarrollar infraestructura para gas natural. “No creo que renunciemos a nuestras reservas”, dijo Manzano, aludiendo a que Ecuador no ha explotado sus recursos con la intensidad de otros países de la región .
Junto con descartar un cronograma de abandono de los combustibles fósiles, Manzano insistió en que Ecuador requiere acceso a financiación internacional en condiciones más ágiles. Recordó que en 2023 el país logró un canje de deuda por naturaleza por USD 1.500 millones, cuyos ahorros se destinan al programa Biocorredor Amazónico.
Según la ministra, ya se trabaja con CAF en nuevos proyectos similares para páramos, manglares y bosques secos, que podrían consolidarse en 2026. Sin embargo, criticó que los sistemas de certificación ambiental y los mecanismos de financiamiento climático imponen costos inalcanzables para países con presupuestos limitados. “O le doy medio millón de dólares a una certificadora, o va hacia salud”, dijo al señalar la disparidad entre exigencias globales y capacidades nacionales.
En paralelo, la presencia ecuatoriana en Belém ha estado marcada por protestas de organizaciones indígenas, que han cuestionado la expansión extractiva y la presión sobre territorios amazónicos. La delegación oficial también ha advertido sobre el avance del crimen organizado en zonas ambientales estratégicas, un mensaje reiterado por la vicepresidenta María José Pinto.
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