El Gobierno de Bolivia reveló que cerca del 30% del combustible subvencionado se desvía al contrabando hacia países vecinos. La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, presentó la estimación basándose en los análisis que aún están en curso.
Ayala señaló que se presume la participación de funcionarios públicos en este delito. Según sus declaraciones, serían trabajadores del área de Sustancias Controladas, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la ANH quienes estarían “dilapidando los recursos del Estado” y facilitando el transporte ilegal de diésel y gasolina.
La nueva directora de la entidad señaló que continuarán las investigaciones y que no habrá impunidad para los responsables. “Esto va a ir a auditoría y va a tener repercusiones, otra de las cosas que hemos descubierto es que no solamente por falta de control (hay contrabando), sino por la falta de consecuencias es que la gente se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana”, manifestó en entrevista con el programa radial Asuntos Centrales.
Esta es la segunda referencia a hechos de corrupción en la institución en lo que va de la nueva gestión. El fin de semana, tras un control sorpresa ejecutado en la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos de Senkata, en la ciudad de El Alto, Ayala informó haber identificado “mafias organizadas” operando en el desvío de combustible.
El abastecimiento de diésel y gasolina constituye uno de los principales desafíos para el Estado boliviano y será un eje central en las medidas que aplicará el nuevo gobierno, orientadas a estabilizar la economía y asegurar la continuidad del suministro.
Bolivia depende de la importación de combustibles debido a la insuficiente producción interna. Actualmente adquiere en el exterior el 95% del diésel y más de la mitad de la gasolina que necesita para cubrir la demanda, una situación que se ha visto agravada por la limitada disponibilidad de divisas derivada de la crisis económica que enfrenta el país.
Paralelamente, el Estado mantiene desde los años noventa una política de subvención a los carburantes, comercializándolos a un precio inferior al del mercado internacional (0,53 dólares por litro), lo que ha incentivado la conformación de redes de contrabando que generan pérdidas económicas. Según datos oficiales, cada año se pierden cerca de 600 millones de dólares por contrabando.
“No solo le están robando al gobierno, nos están robando a todos”, manifestó Ayala sobre las redes delictivas.
En ese contexto, el Gobierno analiza una reforma en la subvención y el precio de los combustibles como parte de las acciones para estabilizar la economía del país. De momento no se conoce cuál será la nueva política en relación a los carburantes, pero algunos funcionarios del Gobierno han dado indicios que sugieren que se levantará la subvención, pero se crearán otros mecanismos de asistencia social.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, adelantó que dejará de haber una “subvención ciega” y que generarán compensaciones para los sectores menos favorecidos. En tanto, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó que se está haciendo una revisión de la estructura de precio del combustible para redirigir el gasto de la subvención, con el objetivo de beneficiar de forma a los sectores vulnerables.
La dependencia de las importaciones en un contexto de crisis económica y la persistencia del contrabando han provocado periodos prolongados de escasez en los últimos años.
Tras ser elegido presidente de Bolivia, Paz y su equipo económico iniciaron gestiones con países vecinos para garantizar el abastecimiento de combustible desde el inicio de su mandato mientras se analizan los ajustes estructurales al sistema de importación y al esquema de subvención, que algunos gremios transportistas ya han rechazado.
Las próximas semanas serán decisivas para el anuncio y la puesta en marcha de una de las reformas más controvertidas y necesarias en Bolivia.
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