La dictadura de Ortega reordena el mapa minero de Nicaragua para favorecer la expansión del régimen chino en el país

La empresa canadiense Calibre Mining Nicaragua, S.A. renunció en una semana a siete concesiones mineras, al tiempo que la dictadura Ortega-Murillo ejecuta contra ella una fuerte ofensiva tributaria por supuestos impuestos, intereses y multas.

Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, Calibre Mining formalizó siete renuncias consecutivas en la Costa Caribe. En paralelo, Equinox Gold, que completó la adquisición de Calibre en junio, reportó en sus estados un cobro fiscal por 36,6 millones de dólares en Nicaragua.

Las siete concesiones devueltas comprenden una superficie total de 261,316.96 hectáreas.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Calibre Mining renunció a ellas porque “no encontró potencial de interés a corto y mediano plazo” y anunció que las áreas entregadas quedarán libres de derechos 30 días después de su publicación, permitiendo al Estado otorgarlas nuevamente a otras empresas.

A la presión fiscal se suma la reconfiguración por la vía de las expropiaciones. En marzo de 2023, el Ministerio de Energía y Minas canceló la concesión del plantel minero Los Ángeles, en La Libertad. Más recientemente, en septiembre de 2025, inversionistas de BHMB Mining denunciaron la toma de su plantel de beneficio en Palacagüina.

El Ministerio de Energía y Minas justificó la toma “ante el incumplimiento de pago de los impuestos mineros desde diciembre de 2021” y como resultado de una inspección “donde se comprobó actividad de procesamiento de mineral aurífero sin autorización”.

El mapa minero de Nicaragua está cambiando bruscamente. Mientras la empresa canadiense, la mayor en su campo en el país, renuncia a sus concesiones, en los últimos dos años, el régimen nicaragüense ha entregado a 11 empresas chinas 56 concesiones, con una superficie total de más de 800 hectáreas, equivalentes al 6,4 por ciento del territorio de Nicaragua.

La estructura empresarial china en Nicaragua muestra señales de concentración. Las sociedades Little Stone, Zhong Fu, Waslala Mine, Norther Mining y Three Golds Mining comparten dirección de notificaciones en Residencial Altamira, Edificio 695, en Managua, lo que lleva a sospechar que en realidad son de los mismos dueños. En total, esa red acumula más de 370.000 hectáreas, según el conteo de resoluciones ministeriales publicadas.

Amaru Ruiz, biólogo y presidente de Fundación del Río, plantea que el giro minero en Nicaragua responde a un proceso de “limpiar la mesa” para nuevos actores.

“Lo que estamos viendo ahora es una renuncia sistemática de concesiones por parte de empresas de capital canadiense, acompañada de multas o cobros fiscales que han sido reportados en sus propios estados financieros. Eso demuestra que el régimen está ejerciendo presión sobre las compañías que ya tenían concesiones y cuyo origen de capital es distinto, para que renuncien a ellas o desistan de continuar”, sostuvo.

Según Ruiz, la renuncia no es fruto de errores de cálculo geológico. “Una empresa minera no solicita una concesión ‘a ciegas’: antes de hacerlo, invierte en estudios geológicos, abogados, ingenieros y todo un proceso técnico que le permite identificar el potencial minero de una zona”.

Añade que, en su análisis, la justificación de que “no hay suficiente material” para continuar “no es del todo creíble”. “Se trata más bien de presiones del régimen para que las empresas de capital previo abandonen sus concesiones”, afirmó.

“El Estado dice que ‘asumirá la administración’ de esas áreas, lo cual significa que no pasan a ser zonas libres para nueva solicitud, sino que quedan bajo control estatal, dentro de las llamadas ‘áreas de reserva minera’. Es decir, el Estado puede establecer contratos público-privados con otros concesionarios”, añadió. En la práctica, esas figuras facilitan reasignar lotes a nuevos beneficiarios.

En diciembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega anunció su decisión de romper lazos diplomáticos con Taiwán para reestablecerlos con Pekín. “La República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable de todo el territorio chino”, señalo en su comunicado de ruptura. Desde entonces, empresas con el sello chino mantienen una “invasión”, principalmente en el sector minero.

Amaru Ruiz adviertió que el terreno para los recién llegados fue allanado con reformas. “El régimen ya controla la minería artesanal y ahora busca dominar completamente la minería industrial. Lo hace con un doble movimiento: presiona fiscalmente a las empresas extranjeras y al mismo tiempo facilita la entrada de empresas chinas mediante reformas legales y ambientales”.

En mayo de 2025, el Ejecutivo reformó el Sistema de Evaluación Ambiental. Además, impulsó marcos de zonas especiales que concentran beneficios fiscales y aduaneros extraordinarios.

“El fenómeno que estamos viendo, donde unas empresas renuncian a concesiones y otras las reciben, no tiene una sola explicación. Desde mi punto de vista, hay varias causas que se combinan”, afirmó el economista nicaragüense Enrique Sáenz.

La primera, aseguró, es política interna. “Ortega rompió el límite de condescendencia que mantenía con grandes empresas nacionales e internacionales. Hoy vemos acoso fiscal, confiscaciones y conflictos abiertos con empresas que antes eran intocables. Ese es el primer dato: rompió el pacto con el gran capital”.

El segundo eje es geopolítico. “Ortega está apostando a ser, o al menos parecer, un aliado estratégico de China. Busca que, si la situación política se agrava, los chinos ‘metan las manos’ para defender la permanencia de su dictadura dinástica. Y, para ser o para parecer ese aliado, les está entregando todo: el cucharón, la mesa, la chicha y el delantal. Todo lo que tiene a su alcance".

Sáenz sostuvo que la razón económica concreta es el oro. “Nicaragua tiene poco que ofrecer a China. No exportamos lo que ellos consumen. Por eso, el único producto que resulta verdaderamente atractivo es el oro”. Y remarcó la ventaja: “Concentra un gran valor en poco volumen. No hace falta llenar un contenedor para generar ganancias millonarias. Además, es un producto con alta demanda internacional”.

En ese contexto, las canadienses habrían optado por limitar el daño, por lo que será difícil ver demandas en tribunales internacionales, al menos en el corto plazo. Hasta ahora ninguna empresa ha denunciado presiones para explicar sus renuncias. Ese silencio, según Amaru Ruiz, se debe a que no quieren arriesgar la gran parte del pastel que aún tienen en Nicaragua.

“En una mafia, como la que gobierna Nicaragua, hay muchas formas de hacerte entender que tu presencia ya no es deseada”, expresó Enrique Sáenz. Para él, las empresas siguen apostando a la rentabilidad que aún tienen, a pesar de que ya no tienen seguridad en sus inversiones.

Aún con las renuncias, Calibre Mining, que tiene presencia en Nicaragua desde 2009, mantendría bajo su control, por ahora, unas veinte concesiones con una superficie total de 682,577.16 hectáreas.

“En los últimos años no hemos visto concesiones nuevas a capitales no chinos. Lo que hay son empresas chinas o intermediarias con operadores políticos detrás, como Global Group. El fenómeno es claro: un cambio de hegemonía en el sector minero industrial para beneficiar los intereses del régimen y de sus socios chinos”, señaló el ambientalista Amaru Ruiz.

“Ninguna empresa minera extranjera tiene hoy seguridad sobre sus bienes. El nivel de riesgo es altísimo. El Estado dejó de ser regulador para convertirse en socio. El mismo que debería protegernos es quien firma los contratos y recibe beneficios”, concluyó.