Río de Janeiro se ha convertido en escenario de una guerra urbana. Un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho (CV), la facción narco más poderosa de la ciudad, dejó más de 130 muertos, lo que lo convierte en la redada más letal en la historia carioca. El episodio revela la compleja red de organizaciones criminales que operan en Río: por un lado, las bandas dedicadas al narcotráfico, lideradas por el CV y surgidas de sus escisiones; por el otro, las milicias paramilitares formadas por expolicías y otros agentes que controlan amplias zonas periféricas.

El Comando Vermelho nació a finales de los años 70 cuando presos comunes y militantes de izquierda compartían la cárcel de Isla Grande durante la dictadura brasileña. De esa alianza surgió en 1979 la llamada Falange Vermelha, que luego la prensa denominó CV. Bajo el lema “Paz, Justicia y Libertad”, sus fundadores adoptaron una estructura de disciplina colectiva, aprendida en prisión, para organizarse y expandirse fuera de las celdas. A comienzos de los años 80, varios de esos líderes abandonaron la cárcel y transformaron la organización en una potente estructura criminal en las favelas marginalizadas de Río, concentrándose en el narcotráfico.

Para 1990, el Comando Vermelho ya dominaba el mercado de venta y tráfico de drogas en Río: según investigaciones periodísticas, el 90% de las favelas de la ciudad estaban bajo su control. La facción recluta a jóvenes de las comunidades pobres que, ante la ausencia del Estado, encuentran en el crimen una salida económica. Estos “soldados”, muchos de 20 años o menos, administran los puntos de venta de drogas mientras que los capos históricos —como Fernandinho Beira-Mar— siguen impartiendo órdenes desde la cárcel. El CV mantiene un código interno casi militar y tribunales clandestinos: la traición puede costar la vida, y el robo dentro de la favela puede terminar en mutilaciones.

Las fuerzas de seguridad de Río describen al CV como el grupo más violento: sus sicarios combaten los operativos “a sangre y fuego”, con fusiles de asalto y granadas, y han llegado a atacar a la policía con extrema crueldad. Enfrentamientos de hasta ocho horas siguen ocurriendo en las favelas. Ese nivel de violencia llevó a que las autoridades lo equiparen con una organización “narcoterrorista” en su retórica oficial reciente.

Aun cuando muchos de sus líderes han sido detenidos o han muerto, el Comando Vermelho se mantuvo resiliente. Según un estudio académico de la Universidade Federal Fluminense (UFF), entre 2022 y 2023 el CV amplió en un 8,4% sus áreas controladas, alcanzando el 51,9% del territorio dominado por grupos criminales en la zona metropolitana de Río. Esta expansión le devolvió la primacía que había perdido ante las milicias años atrás. Además de su dominio local, el CV opera en al menos diez estados brasileños y se alió con otras facciones —por ejemplo, la Família do Norte— para controlar rutas del narcotráfico en las fronteras amazónicas. Tras casi medio siglo sigue siendo sinónimo de poder criminal en Río.

Las facciones rivales existen, pero su poder es oscilante y fragmentado. La Amigos dos Amigos (ADA) se formó en 1998 tras la expulsión de un miembro del CV acusado de ordenar un asesinato interno. Desde entonces controla puntos de venta en las zonas norte y oeste de la ciudad, incluida la Rocinha, la favela más poblada de Río. El Terceiro Comando Puro (TCP) emergió en 2002 tras una ruptura del antiguo Terceiro Comando, liderada por Nei da Conceição Facão. Opera principalmente en la Zona Norte y en periferias de otros estados. Ninguna de estas facciones pudo destronar al CV: su presencia es menor, aunque siguen siendo actores importantes en determinados territorios.

Las milicias paramilitares surgieron como un actor distinto pero igualmente poderoso. Integradas por ex policías, ex militares y agentes de seguridad activos o retirados, las milicias no se presentan ante la población como meras bandas delictivas. Desde los años 2000 se autoproclamaron “autodefensas comunitarias”. Algunos analistas rastrean sus raíces en los “escuadrones de la muerte” de las décadas de 1960-70, formados por policías vinculados a la represión estatal.

La justificación inicial fue liberar a las comunidades del control narco. Durante un tiempo expulsaron a traficantes y redujeron ciertos crímenes, lo que les granjeó el apoyo de vecinos y políticos locales. En 2006, el entonces alcalde César Maia se refirió a ellas como “autodefensas comunitarias” que llevaban tranquilidad a barrios antes dominados por el crimen. Ese mismo año, el hoy alcalde Eduardo Paes reconoció que la “policía mineira” —apodo de las milicias— había devuelto la seguridad a zonas como Jacarepaguá. La connivencia política facilitó su consolidación.

Pero bajo esa fachada de orden, las milicias devinieron mafias lucrativas y violentas. Hoy dominan mediante el terror, la intimidación y el cobro sistemático de tasas: imponen pagos por agua, gas en garrafas, transporte informal y la venta de terrenos ilegales. Un negocio particularmente rentable es la “gatonet”: señal de TV e Internet pirata que controlan con decodificadores ilegales, prohibiendo a los vecinos contratar empresas legítimas. Millones de brasileños consumen esos servicios. Además, incursionan en préstamos usurarios, protección de comercios y, en los últimos años, en la venta de drogas.

Hacia 2020-21, las milicias controlaban alrededor del 57,5% del territorio urbano de Río y gestionaban al menos 37 barrios oficiales y 165 favelas. Para 2018, más de dos millones de cariocas vivían bajo su yugo, especialmente en la Zona Oeste y la Baixada Fluminense. Esta expansión convirtió a la milicia en la gran antagonista del Comando Vermelho por el control de Río.

La vida bajo las milicias se caracteriza por el miedo y la violencia soterrada. Hay relatos de personas castigadas brutalmente por comprar en tiendas no autorizadas o incumplir pagos. Los castigos van desde golpizas públicas hasta asesinatos y desapariciones. En algunos casos, los cuerpos son abandonados en ríos con piedras atadas. Las estadísticas muestran que las denuncias anónimas por abusos de milicianos superan incluso a las presentadas contra narcotraficantes en el estado. El modus operandi se basa en una aparente calma sostenida por el silencio forzado: no hay tiroteos frecuentes como en las favelas narco, pero el miedo es constante.

Uno de los elementos clave del fenómeno miliciano es su entramado de conexiones con el Estado. Agentes o ex agentes de seguridad crean redes de corrupción que les suministran armas, municiones y protección a cambio de sobornos. En 2008, una Comisión Parlamentaria de Investigación de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro reveló que su informe final solicitaba procesar a 266 implicados, entre ellos siete políticos acusados de colaborar con grupos milicianos. Varios cabecillas paramilitares se volvieron autoridades electas o figuras cercanas a ellas, lo que dificultó la erradicación de su influencia.

La realidad de Río de Janeiro hoy es la de una ciudad fragmentada en feudos. En líneas generales, las facciones narco dominan la mayoría de las favelas de la zona norte y algunas de la zona sur, mientras las milicias prevalecen en la zona oeste y los suburbios metropolitanos. Datos recientes indican que, tras las últimas conquistas del CV, las áreas bajo influencia de narcotraficantes volvieron a superar en extensión a las de las milicias: aproximadamente el 52% del territorio controlado por criminales está en manos del narcotráfico y cerca del 48% por milicias, según el mapeo de la UFF. En términos poblacionales, se estima que unos 2 millones de habitantes están bajo dominio narco y 1,7 millones bajo dominación miliciana.

La interacción entre estos actores es dinámica y violenta. En barrios del oeste como Gardenia Azul, Rio das Pedras, Barra da Tijuca o Cidade de Deus se han documentado ofensivas del CV para reconquistar zonas. Muchas de estas incursiones se intensificaron cuando cabecillas milicianos fueron detenidos o muertos tras 2018, lo que abrió vacíos que el CV supo explotar. Un caso revelador es el de Gardenia Azul: cuando el ex-concejal Cristiano Girão fue arrestado por ordenar un asesinato, la comunidad vivió meses de tiroteos constantes.

Un ejemplo emblemático es el asesinato de la concejal Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes el 14 de marzo de 2018, investigado como una ejecución política con participación de actores vinculados a las milicias. En marzo de 2024, la policía federal brasileña detuvo a Chiquinho Brazão y a su hermano, Domingos Brazão, ambos con historial de nexos con milicias paramilitares en Río de Janeiro, como presuntos autores intelectuales del crimen. Uno de los acusados materiales, el ex policía militar Ronnie Lessa, fue identificado como líder de una milicia en la zona oeste de la ciudad antes del asesinato.

Desde el lado del narcotráfico, el Comando Vermelho mantiene una política de expansión casi imperial. “Para el CV, conquistar nuevos territorios es cuestión de honor y gloria; es importante para su reputación”, explica la investigadora Carolina Grillo. A diferencia de otras organizaciones más jerarquizadas como el PCC paulista, el CV opera de manera descentralizada: cada favela libra su propia guerra, cada “dono do morro” (jefe local) busca expandirse. Esto implica que múltiples frentes de combate pueden estar activos simultáneamente en la ciudad sin una coordinación centralizada.

En medio de este tablero criminal, la fuerza pública —la Policía Militar de Río de Janeiro, la Policía Civil y en ocasiones las Fuerzas Armadas— actúa como un cuarto actor que interviene con operativos puntuales, pero nunca logra ocupar de forma permanente todos los territorios. Las autoridades libran una doble batalla —contra las facciones narco en unas zonas y contra las milicias en otras—, pero su eficacia se ve socavada por la corrupción interna. En muchas ocasiones se ha denunciado la colaboración de efectivos con uno u otro bando: se han vendido armas, suministrado información y permitido la coexistencia de crimen y Estado. Esta ambigüedad borra la línea entre la ley y el delito, mientras millones de cariocas siguen viviendo en territorios donde el Estado llega solo en forma de redadas letales.