La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, respondió con firmeza a las acusaciones del correísmo sobre una supuesta persecución política por parte del organismo electoral. El 27 de octubre de 2025, en el marco de la instalación de la mesa de seguridad para el referendo y consulta popular de 2025, Atamaint aclaró que es falso que el CNE haya solicitado la “eliminación” del movimiento Revolución Ciudadana (RC), y acusó a sus dirigentes de buscar victimizarse y desinformar a la ciudadanía.
Según Atamaint, lo que existe es un procedimiento administrativo por la falta de entrega completa de los informes financieros correspondientes a los aportes privados recibidos por el movimiento durante la última campaña electoral. “Una vez que se detectaron inconsistencias, se le otorgó un plazo de 15 días para que complete la información”, dijo. El plazo venció sin que se despejen las dudas del área de fiscalización, por lo que el CNE notificó una resolución de incumplimiento, frente a la cual RC interpuso un recurso administrativo que aún debe ser resuelto antes de pasar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Durante el fin de semana del 25 y 26 de octubre, cuentas vinculadas al correísmo difundieron en redes sociales la afirmación de que el CNE había solicitado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la “eliminación” de Revolución Ciudadana.
La presidenta del organismo negó tajantemente esa versión y explicó que lo que se ha producido es un procedimiento administrativo por la falta de entrega completa de informes financieros.
La resolución contra RC no es un hecho aislado. Atamaint confirmó que el CNE ha denunciado a más de una decena de partidos y organizaciones sociales ante el TCE por incumplimientos similares. Entre los movimientos ya denunciados constan Democracia Sí, Unidad Popular, Amigo, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el contexto de la consulta popular sobre el Yasuní de 2023.
Por el referendo de 2023 también se han presentado denuncias contra el PSE y la UGTE, y respecto al referendo y consulta de 2024, el Partido Socialista volvió a ser sancionado con una multa de 20 salarios básicos, tanto al representante legal como al responsable económico .
En el caso de las elecciones anticipadas de 2023, el CNE ha presentado denuncias por irregularidades en los informes de campaña de los movimientos Reto, Construye, ADN, Amigo y la alianza “Claro que se puede”, que impulsó la candidatura de Yaku Pérez. También constan en la lista las alianzas Actuemos (Avanza y Suma), que ya han sido notificadas por las cuentas de sus asambleístas por el exterior.
La presidenta del organismo electoral enfatizó que todas las resoluciones emitidas se basan en informes técnicos de la Contraloría Electoral y en las normas vigentes sobre transparencia en el financiamiento político. Explicó además que antes de acudir al TCE, todas las organizaciones sancionadas tienen derecho a presentar recursos administrativos, lo que demuestra que el debido proceso está siendo respetado.
La polémica con RC se agudiza en un contexto de alta tensión política. El movimiento correísta ha sido uno de los principales críticos del referendo y consulta convocados por el presidente Daniel Noboa, y ha anunciado que ejercerá el rol de veedor del proceso, junto con ADN y CREO. La designación de veedores de un proceso que cuestionan ha sido vista por algunos sectores como una estrategia del correísmo para mantenerse en la narrativa pública como víctima de persecución.
Esta no es la primera vez en el reciente periodo electoral que el CNE desmiente acusaciones del correísmo, cuyas figuras insisten en que hay una persecución institucional en su contra, de cara a los comicios del 16 de noviembre.