
El Gobierno de Ecuador desplegó 7.000 policías y militares en la provincia del Guayas, con énfasis en los cantones de Guayaquil y Durán, como parte de la “Operación Guayaquil, Tregua Cero”, una intervención de gran escala que busca restablecer el control territorial, contener la violencia criminal y recuperar espacios públicos dominados por estructuras delictivas.
La medida forma parte de una nueva fase del denominado Bloque de Seguridad, una estrategia conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas impulsada por el presidente Daniel Noboa, que mantiene como objetivo reducir los índices de criminalidad en la Costa. La operación comenzó el domingo 26 de octubre de 2025 y se desarrolla con acciones simultáneas en sectores considerados de alto riesgo, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
Según el boletín oficial, las fuerzas del orden ejecutan acciones tácticas y estratégicas enfocadas en la captura de objetivos de alto valor, la neutralización de miembros de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y la incautación de armas, municiones, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización. Además, la operación incluye el desmantelamiento de redes de microtráfico y de estructuras dedicadas a la extorsión y al control territorial en zonas urbanas y periurbanas del Guayas.

Fuentes oficiales explicaron que se han movilizado equipos de inteligencia, unidades élite y personal especializado para realizar incursiones coordinadas en los puntos más conflictivos del suroeste de Guayaquil y en sectores de Durán, considerados epicentros de la disputa entre bandas. Los operativos, precisaron, contemplan allanamientos, controles vehiculares y patrullajes permanentes tanto en avenidas principales como en barrios donde se concentran denuncias de secuestros y cobros ilegales.
La “Operación Guayaquil, Tregua Cero” se produce en un contexto de incremento sostenido de la violencia en el Litoral, donde el número de homicidios y ataques armados ha aumentado en los últimos meses. Guayas continúa siendo la provincia con mayor número de muertes violentas del país, y Guayaquil, su capital económica, se mantiene como el epicentro de los atentados contra civiles y uniformados.
El Ejecutivo ha insistido en que este tipo de intervenciones buscan garantizar la seguridad ciudadana a través de una presencia sostenida del Estado y no de acciones aisladas. En el documento difundido por el Bloque de Seguridad se señala que los patrullajes y controles se mantendrán de forma continua para impedir el retorno de grupos delictivos a los territorios intervenidos.
“Con acciones focalizadas y patrullajes permanentes, las fuerzas policiales y militares reafirman su compromiso de mantener una presencia sostenida y efectiva en toda la provincia del Guayas, garantizando la protección de los ciudadanos y la recuperación del control estatal”, señala el boletín.
La estrategia militarizada de seguridad ha sido una de las principales apuestas del presidente Daniel Noboa desde el inicio de su mandato. Tras el estallido de violencia de enero de 2024, cuando bandas criminales tomaron instalaciones de medios de comunicación y centros penitenciarios, el Gobierno declaró al país en “conflicto armado interno” y lanzó una serie de operaciones conjuntas que han transformado el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.
No obstante, expertos en seguridad y derechos humanos han advertido que estas acciones deben complementarse con políticas sostenibles de prevención, reinserción social y fortalecimiento institucional. Según analistas, el despliegue masivo de uniformados puede estabilizar temporalmente los indicadores de violencia, pero sin una estrategia integral de justicia y desarrollo local, el control estatal podría resultar efímero.

El presidente Noboa ha sostenido que las operaciones conjuntas no solo buscan contener la crisis de seguridad, sino también “reafirmar la defensa de la soberanía y el orden interno”. En su mensaje más reciente, ratificó el compromiso del Bloque de Seguridad con la población del Guayas y destacó que el Gobierno “no negociará con el crimen organizado ni permitirá treguas implícitas”.
La nueva operación representa uno de los mayores despliegues militares y policiales en el país desde 2024 y se enmarca en la política de “tregua cero” impulsada por el Ejecutivo. En Guayaquil, las intervenciones se concentran en zonas donde confluyen puertos, bodegas y corredores logísticos utilizados por estructuras de narcotráfico, mientras que en Durán y Samborondón se han establecido cordones de seguridad y controles vehiculares.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado sobre detenidos o resultados parciales de los operativos, aunque fuentes del Bloque de Seguridad aseguraron que las acciones continuarán durante los próximos días con refuerzos terrestres y marítimos. El Gobierno mantiene que el éxito de la operación dependerá de la coordinación entre las instituciones y de la capacidad de sostener la presencia estatal en los territorios liberados del control criminal.
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