La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció la suspensión del paro nacional que mantuvo por más de seis semanas contra la eliminación del subsidio al diésel. La decisión marca un hecho inédito en la historia democrática del país: por primera vez, una movilización indígena de alcance nacional termina sin diálogo con el Gobierno ni concesiones económicas. El movimiento resolvió replegarse a los territorios tras denunciar una “represión brutal” que dejó tres muertos, decenas de heridos y sin ningún cambio en las medidas oficiales.

La Conaie ha sido, desde su fundación en 1986, protagonista de múltiples levantamientos y paros nacionales en las últimas décadas. Participó ya en huelgas generales contra los gobiernos de León Febres-Cordero (1987) y Rodrigo Borja (1988). Su primer gran levantamiento indígena nacional se dio en junio de 1990. Ese año sus bases tomaron la iglesia de Santo Domingo en Quito y paralizaron carreteras en siete provincias, desabasteciendo por varios días la capital. Tras la mediación de la Iglesia Católica, el gobierno de Borja acordó sentarse en diálogo con los dirigentes, poniendo fin al paro el 8 de junio. Ese primer choque catapultó a la Conaie como voz política influyente en el país.

En mayo de 1992 la Conaie encabezó otra gran marcha —esta vez liderada por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP)— con demandas de titulación de tierras amazónicas. Como resultado se reconocieron miles de hectáreas para comunidades indígenas y la propia Conaie obtuvo personería jurídica oficial. En junio de 1994 los indígenas organizaron de nuevo bloqueos generalizados contra la Ley de Desarrollo Agrario del presidente Sixto Durán Ballén, que eliminaba la reforma agraria.

La movilización, aunque de menor intensidad que en 1990, logró que el gobierno desistiera de esa ley. Estos primeros paros se caracterizaron por tomas de carreteras y edificios públicos, y siempre concluyeron con negociaciones gubernamentales que suspendieron las medidas impopulares.

A fines de los noventa la Conaie también participó en crisis políticas de alcance nacional. Colaboró en 1997 con otras organizaciones sociales en las masivas protestas que forzaron la salida del presidente Abdalá Bucaram. En enero de 2000 las marchas indígenas provenientes de la Amazonía y el norte del país exigieron la renuncia del presidente Jamil Mahuad y el fin de la dolarización. Aquella ola de protestas (que se unió a un levantamiento militar) culminó con la caída de Mahuad. Como en 1990, estos paros incluyeron tomas de edificios públicos y prolongados bloqueos de vías, pero finalmente el objetivo fue parcialmente alcanzado por la renuncia del mandatario.

En 2005 la Conaie apoyó también manifestaciones contra un tratado de libre comercio con Estados Unidos, suma de un histórico antagonismo a políticas neoliberales. En cada episodio destacado, la Conaie lograba que el gobierno cediera al menos en parte, suspendiendo temporalmente las medidas contestadas o abriendo mesas de diálogo.

El escenario cambió durante el gobierno de Rafael Correa (2007–2017). Aunque la Conaie convocó marchas importantes —como la de marzo de 2012, en rechazo a la minería a gran escala, y la “Caminata por el Agua, la Vida y la Libertad de los Pueblos” en 2014, contra la Ley de Recursos Hídricos—, el Ejecutivo no abrió canales efectivos de diálogo ni accedió a las demandas.

Entonces, el propio Correa calificó las protestas como intentos de desestabilización y mantuvo intactas las políticas extractivistas. Los encuentros formales que hubo en 2009 no derivaron en acuerdos sustanciales, y las reformas cuestionadas por el movimiento continuaron vigentes. Aquellos episodios anticiparon una etapa de debilitamiento organizativo y pérdida de interlocución política de la Conaie frente al poder central. Pese a ello, los levantamientos no fueron paros nacionales, por lo que 2025 es la primera vez, desde el retorno a la democracia, que un paro indígena de alcance nacional termina sin diálogo ni concesiones.

En la década reciente, los grandes paros se han vinculado principalmente a los subsidios de combustibles y otras protestas contra medidas económicas. En octubre de 2019 la Conaie y otros gremios protagonizaron un paro nacional de 11 días contra un paquete de ajustes del presidente Lenín Moreno. Decenas de miles de manifestantes ocuparon Quito demandando la anulación de recortes de subsidios, lo que finalmente consiguió que el Gobierno revocara el decreto y restableciera las ayudas al combustible.

De modo similar, en junio de 2022 un nuevo paro convocado por la Conaie obligó al gobierno de Guillermo Lasso a liberar protestantes detenidos y a acordar compromisos sociales a cambio de levantar los bloqueos. Estas experiencias recientes mostraron que, como en el pasado, los levantamientos indígenas podían forzar al Ejecutivo a sentarse a negociar y dar marcha atrás en medidas impopulares.

El paro de 2025, en cambio, terminó sin nada de eso. El 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa anunció la eliminación del subsidio estatal al diésel, elevando su precio en más de un 50 %. La Conaie respondió con bloqueos de vías, marchas y concentraciones, especialmente en la Sierra norte. El Gobierno desplegó fuerzas militares y policiales en zonas rurales y evitó reunirse con los dirigentes indígenas. En las semanas siguientes se registraron enfrentamientos que dejaron tres muertos, varios heridos y decenas de detenidos, según cifras de organizaciones sociales y reportes oficiales.

El 22 de octubre, la Conaie anunció el fin del paro. Su presidente, Marlon Vargas, explicó que la decisión se tomó “para proteger la vida del pueblo” ante la represión estatal y la falta de condiciones para el diálogo. La organización denunció el uso “excesivo y letal de la fuerza” y reclamó la desmilitarización de los territorios indígenas, la liberación de los detenidos y reparación para las víctimas.

Aunque el movimiento indígena ha enfrentado en el pasado escenarios de represión o falta de negociación, analistas coinciden en que el paro de 2025 marca un punto distinto: no solo se cerró sin diálogo ni resultados, sino que el Gobierno consolidó su posición manteniendo intacta la reforma que originó la protesta. En los años del correísmo hubo levantamientos que tampoco alcanzaron acuerdos, pero fueron coyunturales y no llegaron a escalar al nivel de un paro nacional. Esta vez, tras más de cuarenta días de tensión, el Ejecutivo impuso su decisión sin modificar la política económica ni abrir conversaciones.

Por eso, más que el “primer” levantamiento sin diálogo, el de 2025 simboliza un cambio histórico: el fin de una era en la que la Conaie podía doblegar al poder político mediante la movilización social. La organización, que antes forzaba gobiernos a negociar, enfrenta ahora un escenario de fragmentación interna y menor capacidad de incidencia en un país donde la represión y la fatiga social parecen haberle quitado su viejo poder de negociación.