El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas denunció que cuatro personas murieron en las cárceles de la isla en septiembre, una cifra que refleja el patrón de incumplimiento de las obligaciones estatales y la reiteración de graves violaciones a los derechos humanos en las prisiones del país.
Según el informe de la ONG, se identificaron en el mes "85 eventos" relacionados con personas detenidas, de los cuales "71 consistieron en algún tipo de violación de derechos“.
Entre los casos reseñados aparece el de Alfredo Ulecia Planche, conocido como “Alfredito”, quien cumplía una condena de 25 años en la Prisión Provincial de Guantánamo y trabajaba en la cocina del penal. Acusado por otro interno de vender alimentos, las autoridades penales lo apartaron de su cargo.
En señal de protesta, Planche ingirió psicofármacos y, por ese motivo, las autoridades del penal lo confinaron durante tres días a una “fijación mecánica”. El informe detalló que permaneció amarrado e inmóvil de manos y pies, sin comida ni atención médica, en un cuarto insalubre.
Otros internos dieron la alerta, pero las autoridades le comunicaron a su familia que la muerte sucedió por “sobredosis”, diagnóstico “incompatible con las circunstancias del hecho”, según el centro.
Otro caso mortal fue el de Ezequiel Aleixi Figueroa Mesa en el campamento de trabajo forzado Bungo 8 en Santiago de Cuba. Las autoridades informaron que se trató de un suicidio, mientras que los familiares denunciaron signos de violencia física y contradicciones en la información oficial, apuntando a posibles manipulaciones y falta de transparencia.
Las muertes de Roberto “El Nene” (Prisión Provincial de Granma) y Leudis Ramos Mejías (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), también catalogadas como suicidios, evidenciaron omisiones estatales en la prevención de intentos previos o el seguimiento de cuadros depresivos.
El informe subrayó que uno de los fallecidos había intentado suicidarse antes sin recibir seguimiento psicológico y otro convivía con depresión sin acceso a atención médica ni protección.
Durante septiembre, las formas de abuso con mayor frecuencia incluyeron hostigamiento y represión (48 incidentes), violaciones al derecho a la salud (24), negación o deficiencia de atención médica (20), malas condiciones de vida (10) y el uso de celdas de castigo (8).
Los eventos fueron registrados en 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La mayoría de los hechos se concentró en La Habana, Santiago de Cuba y Pinar del Río, especialmente en las instalaciones Combinado del Este, Mar Verde, la Prisión Provincial de Pinar del Río y Agüica.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas identificó a por lo menos 55 personas (cinco mujeres y 50 hombres) como víctimas directas de violaciones, y ocho denuncias documentadas involucraron afectación a poblaciones enteras de determinados penales.
Entre los más golpeados por estos patrones de abuso estuvieron los presos políticos, opositores y afrodescendientes. Así, José Daniel Ferrer (Prisión Mar Verde) y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río) encabezaron la lista de personas con más incidentes reportados.
El informe reseñó también la identificación total o parcial de 14 implicados directos, de los cuales ocho son funcionarios penitenciarios, cuatro oficiales de la seguridad del Estado y dos internos colaboradores.
Una de las formas de castigo documentadas fue el encierro en celdas de aislamiento en condiciones degradantes. El documento asegura que “estas prácticas constituyen una violación directa de los estándares nacionales e internacionales que prohíben el uso abusivo del aislamiento como forma de castigo”.
Durante el mes pasado, se registraron protestas internas y manifestaciones pacíficas como huelgas de hambre lideradas por internos como Julio César Duque de Estrada Ferrer, Walfrido Rodríguez Piloto, Rolando Yusef Pérez Morera, Dilvaldo Valcárcel González, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Georlys Olázabal Draque y Yoani Londres Gamón.
También hubo actos simbólicos, como el afeitado del cabello y cejas de Maykel Castillo Pérez y otros presos. Las causas de las protestas incluyeron denuncias por golpizas, demoras en juicios, permanencia tras cumplimiento de sanción, y exigencias de libertad para presos políticos.
En represalia por las protestas, se documentó el confinamiento en celdas de castigo bajo condiciones degradantes, como la reclusión de internos completamente desnudos, el aislamiento prolongado y restricciones de visita.
El reporte especificó que Dayron Martín Rodríguez fue esposado y escoltado ante su familia; y Amalio Álvarez González sufrió la suspensión de visitas durante un año y fue considerado “preso benéfico”, lo que limita la posibilidad de recibir productos básicos de sus allegados.
Varias víctimas denunciaron amenazas directas contra su vida. En palabras recogidas por el Centro, un carcelero del Combinado del Sur (Matanzas) advirtió a Oscar Sánchez Madan que podría sufrir daños físicos por sus denuncias, mientras que un oficial de la policía política en Kilo 8 (Camagüey) le comunicó a Amaury Díaz García que podía morir de ser necesario como castigo por sus denuncias.
La organización puntualizó que en algunos casos los ataques provinieron de presos comunes colaboradores, quienes recibieron protección e impunidad a cambio de ejecutar represalias para las autoridades.
Por último, el informe recogió la presencia de enfermedades infecciosas en los penales, como tuberculosis, escabiosis, chinches, chikungunya, dengue y hepatitis, acentuadas por la escasez de medicamentos, insuficiencia de agua y alimentación inadecuada.