A un mes del inicio de la Conferencia Nacional sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP30, que se celebrará en Belém, en el estado amazónico de Pará, el Senado brasileño ha aprobado el traslado de la capital de Brasil de Brasilia a Belém. Se trata de una decisión simbólica para intentar mejorar la imagen de un evento cuya preparación lleva meses avanzando con mil dificultades. El cambio será válido exclusivamente durante la duración del evento, es decir, hasta el 21 de noviembre. Técnicamente, en los documentos y actas firmados por Lula y sus ministros durante ese periodo aparecerá el nombre de la ciudad elegida para la COP30 en lugar de la capital. Según la autora de la propuesta, la diputada Duda Salabert, del Partido Democrático Laborista (PDT), esta decisión reforzará “la importancia de la Amazonia en la agenda medioambiental internacional”.

Pero a pocas semanas del inicio de los trabajos, aún hay muchas incógnitas. En primer lugar, hasta la fecha solo 87 países han confirmado su presencia. Esta cifra es menos de la mitad de los 196 países que componen la COP30. El motivo de estas cifras tan escasas se debe a un aumento considerado desorbitado de los precios de los hoteles y alojamientos en Belém, donde el alquiler de las casas ha llegado a costar hasta un millón de dólares para toda la conferencia y que ha causado no pocas polémicas incluso dentro de la ONU.

“El reto para Brasil será llevar a los líderes internacionales a Belém y garantizar al menos un diálogo abierto y constructivo entre las partes durante las negociaciones. Una COP empobrecida y llena de discusiones sería un resultado pésimo”, declaró Bruno Toledo Hisamoto, experto en política internacional y clima de la organización no gubernamental Instituto Climainfo, a la prensa brasileña. La crisis de los precios es tan grave que el Gobierno brasileño ha tenido que cancelar una misión previa a la COP30, que debía celebrarse estos días, para presentar ante un público de investigadores y diplomáticos el uso sostenible del pirarucu, uno de los peces emblemáticos de los ríos amazónicos.

El otro punto crítico es el retraso en la entrega por parte de los países signatarios del Acuerdo de París de los llamados NDC, es decir, los objetivos voluntarios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de objetivos para limitar el aumento de la temperatura global hasta 1,5 grados a largo plazo. El décimo aniversario del Acuerdo de París, que se celebra este año, prevé que los objetivos se revisen y se relancen. Brasil espera que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reciba al menos un centenar de delegaciones para poder dedicarles un amplio debate durante la Conferencia, pero hasta ahora solo han llegado 62. Entre los rezagados se encuentran la India y la Unión Europea, mientras que China, uno de los países más contaminantes del mundo, se comprometió en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, para decepción de los presentes, a reducir solo entre un 7% y un 10% las emisiones para 2035.

El Acuerdo de París se analiza en detalle en un informe presentado recientemente por el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI, por sus siglas en inglés) titulado “Caminos hacia la descarbonización profunda”. El documento ha reunido a científicos de todo el mundo para analizar los avances y retrocesos del planeta en la búsqueda de un calentamiento y limitarlo “a largo plazo a 1,5°C por encima de los niveles ‘preindustriales’”, tal y como se estableció en el documento de la ONU de hace diez años. Según el informe, el Acuerdo de París ha transformado la gobernanza climática, favoreciendo las energías renovables, las nuevas tecnologías y la definición de objetivos concretos de reducción de emisiones, pero el sentido colectivo y planetario que lo caracterizaba inicialmente se ha debilitado.

En cuanto a Brasil, según los expertos del IDDRI, se han producido avances, pero también contradicciones. Entre los aspectos positivos que se destacan en el documento figuran la existencia de planes a largo plazo para la transformación ecológica, el desarrollo de las energías renovables y la integración de la ciencia en las decisiones públicas. Sin embargo, persisten altos niveles de deforestación, que representan el 40% de las emisiones, además de las emisiones procedentes de la ganadería (30%).

Según los datos de MapBiomas, una red colaborativa de investigación formada por universidades, ONG y empresas tecnológicas que, desde 2015, cartografía y supervisa el uso del suelo y la cobertura vegetal en Brasil, en los últimos 40 años la Amazonia ha perdido 52 millones de hectáreas de vegetación autóctona. Se trata de una superficie equivalente a Francia, que representa el 13% de su bioma. En total, la selva ya ha perdido el 18,7% de su cobertura original, de la cual el 15,3% se ha convertido para actividades humanas. Los científicos también advierten que el bioma se está acercando al punto de no retorno, con una pérdida del 20-25%. Entre las principales causas se señala el aumento de las zonas de pastoreo, que han pasado de 12,3 a 56,1 millones de hectáreas, y el auge de los cultivos, que se han multiplicado por 44, hasta alcanzar los 7,9 millones de hectáreas, de las cuales el 74% son de soja. La minería también ha tenido un peso considerable, ya que se ha ampliado de 26.000 a 444.000 hectáreas.

Según los expertos, la COP30 también podría tropezar con el tema de la financiación climática. En la edición anterior, la COP29, celebrada el año pasado en Bakú, Azerbaiyán, se decidió que los países ricos deben destinar 300.000 millones de dólares a promover soluciones climáticas, frente a los 1,3 billones de dólares que han solicitado los países que preservan sus bosques. Para Brasil, el reto en esta edición en Belém será conseguir que funcione el Fondo Bosques para Siempre, que prevé que los países beneficiarios reciban 4 dólares por hectárea de bosque tropical preservado.

Entre las novedades de la edición de este año se encuentra la propuesta del Ministerio de Economía brasileño de crear una Coalición Abierta para la Integración de los Mercados de Carbono. La idea es crear normas comunes y conectar los diferentes sistemas de comercio de créditos de carbono ya existentes, con el fin de garantizar una mayor transparencia. La participación será voluntaria. Según la subsecretaria de Desarrollo Económico Sostenible del Ministerio de Economía, Cristina Reis, el objetivo es acelerar la descarbonización y reforzar la aplicación del Acuerdo de París. Un punto central de la propuesta es la fijación del precio del carbono, una herramienta considerada clave para orientar a las empresas, los consumidores y los inversores hacia opciones con menor impacto medioambiental. La propuesta brasileña también incluye mecanismos de redistribución de la renta, para garantizar una “transición justa” y reducir las disparidades entre países y dentro de las sociedades. El pasado mes de diciembre, Brasil ya había promulgado la Ley n.º 15.042, que creó el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE), para regular el mercado nacional del carbono.

Sin embargo, lo que está ocurriendo estos días en el debate político interno podría dañar la imagen de Brasil durante el evento. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, ha convocado para el jueves de la próxima semana una sesión para votar los vetos que Lula ha impuesto al proyecto de ley que modifica las normas de autorización medioambiental. El pasado mes de agosto, el presidente brasileño promulgó parte del texto, pero bloqueó 63 artículos considerados peligrosos por los ecologistas, según los cuales la propuesta “podría reducir el control sobre las actividades que causan degradación y poner en peligro a las comunidades indígenas tradicionales”.

Ahora, sin embargo, las principales fuerzas del Senado han anunciado su intención de revocar los vetos. Entre los puntos más discutidos se encuentra el que impide obtener licencias mediante autodeclaración en línea para obras de impacto medio, como las presas de residuos mineros. El proyecto promulgado por Lula ha preservado la protección especial de la Mata Atlántica, que impide la tala del bosque nativo y garantiza la consulta a las comunidades indígenas. “Hemos aprobado una ley de común acuerdo con el Gobierno, no hemos añadido ni una coma. Ahora el Parlamento revocará todos los vetos”, declaró el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Omar Aziz. Paralelamente, Alcolumbre también ha acelerado el proceso de la denominada Licencia Ambiental Especial (LAE), que permite aprobaciones expeditas para obras consideradas estratégicas por el Gobierno federal, independientemente de su impacto medioambiental. Este instrumento agilizará la controvertida explotación petrolera en la cuenca del Amazonas, a la que Lula se ha mostrado favorable. Según el presidente del Senado, es necesario “dar seguridad jurídica al sector productivo de Brasil, que lleva décadas esperando esta regulación”. La senadora Tereza Cristina, del Partido Progressista (PP), ex líder de la denominada bancada ruralista, es decir, del Frente Parlamentario del Agronegocio, ha declarado que los vetos de Lula “crean un grave vacío normativo” y corren el riesgo de provocar “la parálisis de las obras y las inversiones, la inseguridad jurídica y el colapso administrativo”. La conferencia de Belém será, por tanto, una prueba crucial para el gigante latinoamericano, tanto en lo que respecta a sus cuestiones medioambientales internas como en la escena mundial.