La Fiscalía General del Estado solicitó este martes que 17 miembros de las Fuerzas Armadas sean llamados a juicio por el delito de desaparición forzada en el caso conocido como Los cuatro de Guayaquil o los niños de Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024 en Guayaquil. En la audiencia preparatoria, el fiscal Christian Fárez expuso con crudeza los actos de violencia cometidos contra los adolescentes Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y el niño Steven Medina, quienes fueron hallados semanas después con signos de tortura y calcinación.
De acuerdo con la acusación presentada, los militares actuaron “con el designio de causar daño”, una expresión que el Ministerio Público utilizó para referirse a la brutalidad con la que fueron retenidos y golpeados los menores antes de su muerte. Los hechos, según los peritajes y testimonios recopilados, se remontan a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) interceptaron a los cuatro niños en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil y los trasladaron hacia la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad.
La versión oficial de los uniformados, sostenida durante los primeros meses de investigación, fue que liberaron a los menores en una zona rural. Sin embargo, tres de los procesados solicitaron luego cooperación eficaz y admitieron que los niños fueron golpeados y humillados por varios compañeros. Uno de los testimonios relató que un militar “boxeó” con uno de los adolescentes, mientras otro subteniente azotó con una correa al más pequeño, gritándole: “A tu edad yo vendía aguas”.
El fiscal Fárez detalló que los menores fueron obligados a desnudarse, tendidos boca abajo en el suelo y amenazados con armas de fuego. Uno de los militares disparó cerca del oído del niño Steven Medina, mientras otros los pateaban. Las agresiones continuaron cuando los forzaron a mover un tronco que obstaculizaba el camino. Luego, según la reconstrucción de los hechos, los uniformados trasladaron a los menores hacia otro punto, donde habrían sido entregados a un grupo aún no identificado. Días más tarde, el 31 de diciembre, los cuerpos fueron encontrados en un estero de Taura-Naranjal, con signos de tortura y quemaduras.
La Fiscalía presentó peritajes a teléfonos, registros de cámaras de seguridad y testimonios anticipados que vinculan directamente a los militares con la detención y traslado de los niños. Entre las pruebas constan videos que captan el momento en que las patrullas interceptaron a los menores y los subieron a los vehículos. “Desde ese momento —dijo Fárez— se violaron múltiples derechos constitucionales”.
La investigación también reveló inconsistencias en las declaraciones de los implicados. En una primera reconstrucción, los militares insistieron en que habían dejado a los niños con vida, pero en una segunda diligencia reconocieron las agresiones. “El trato que recibieron demuestra un propósito de causar daño físico y psicológico, lo que agrava la responsabilidad penal de los involucrados”, enfatizó el fiscal.
Las audiencias se desarrollan bajo fuertes medidas de seguridad, mientras las familias de las víctimas asisten a las afueras del complejo judicial de Guayaquil acompañadas de organizaciones de derechos humanos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) —que desde un inicio cuestionó la lentitud de la investigación— advirtió esta semana que la versión de un testigo clave podría haber sido obtenida bajo coacción militar y pidió que la investigación contemple tanto la participación de agentes estatales como de posibles redes del crimen organizado.
El CDH alertó que, a diez meses de la desaparición y muerte de los niños, la Fiscalía no ha identificado a los autores materiales del crimen, aunque existen suficientes elementos para sostener que los menores fueron retenidos, torturados y ejecutados bajo custodia estatal. En su pronunciamiento, el Comité insistió en que “la verdad y la justicia solo se garantizarán cuando exista una voluntad íntegra de investigar cualquier dinámica criminal dentro de las Fuerzas Armadas y una predisposición real de los procesados a colaborar con la justicia”.
La causa por desaparición forzada continúa en etapa preparatoria, mientras la Fiscalía analiza la posibilidad de abrir un proceso paralelo por homicidio. Los diecisiete acusados permanecen con medidas cautelares, entre ellos un coronel señalado como cómplice. Los familiares de las víctimas han reiterado su pedido de justicia y demandan que el Estado reconozca la responsabilidad institucional en la muerte de los cuatro niños de Guayaquil.