El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Bolivia, Romer Saucedo, instó a cinco magistrados judiciales a dimitir a sus cargos, tras haber fenecido su mandato en 2023 y haberlo prorrogado arbitrariamente al no tener electos a sus sucesores.

La declaración surge cuando se debate un proyecto de ley para cesar de sus funciones a los jueces “auto prorrogados” y autorizar el funcionamiento de los tribunales solo con los elegidos en las elecciones judiciales de 2024.

Saucedo escribió en su cuenta de X que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) le ha causado daño al país y a la democracia. “No podemos permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad”, escribió el juez y dijo que los aludidos tienen dos caminos: ”Renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”.

Bolivia es uno de los pocos países que elige autoridades judiciales por voto popular, un mecanismo incluido en la Constitución Política del Estado en 2009 con el objetivo de profundizar la democracia y la participación ciudadana.

Desde entonces se han realizado tres votaciones, en 2011, 2017 y 2024, la última con retraso de un año debido a una serie de postergaciones: inicialmente por falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la convocatoria y luego por una seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa.

Ese retraso hizo que las autoridades judiciales electas en 2017 se “auto prorrogaran” en sus cargos hasta la elección de sus sucesores, bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional.

Finalmente en agosto de 2024, con un año de demora, se convocaron las elecciones para diciembre. Se debían elegir a los 26 principales cargos judiciales que dirigen el Consejo de la Magistratura, y el Tribunal Agroambiental, Constitucional y Judicial por un periodo de seis años.

Sin embargo, cuando el proceso estaba en marcha y faltaba poco más de un mes para la votación, una sala constitucional declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del TSJ en los departamentos de Beni y Pando, y asumió la misma medida para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Pese al rechazo generalizado por esta determinación que vulneró el principio de preclusión electoral, la votación se llevó a cabo de manera parcial y se suspendió la renovación de siete magistrados: dos del judicial y cinco del constitucional, entre ellos los que habían decretado parcialmente desierta la convocatoria.

A pesar de ser siete los magistrados los que continúan en el cargo desde la elección anterior, dos del TSJ y cinco del TCP, el presidente del Tribunal de Justicia solo hizo referencia a los cinco jueces del Constitucional. En tanto, los presidentes del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, las otras dos instancias que componen el Órgano Judicial, respaldaron el ultimátum de Saucedo a los magistrados.

El proyecto de que se debate en la Asamblea para recomponer el Órgano Judicial, titulado “Ley de adecuación constitucional del funcionamiento transitorio y excepcional del TSJ y el TCP”, es impulsado por la senadora Silvia Salame y fue remitido a la Cámara de Diputados.