Una investigación periodística en Bolivia reveló irregularidades con uno de las principales empresas frigoríficas del país. La empresa BFC, de capitales paraguayos (81%) y brasileños (19%), fue beneficiada con fondos del sistema financiero nacional, después de ser sancionada por Rusia por falsificar certificados de exportación y pese a tener un flujo de caja negativo.

La firma BFC, controlada al 100% por capital extranjero, recibió cerca de 182 millones de dólares del sistema financiero, de los cuales 43 millones fueron bonos de largo plazo del fondo de pensiones administrado por la Gestora Pública.

Según el reportaje del periódico El País, la historia de BFC en Bolivia comienza el año 2018 cuando se constituye en Santa Cruz de la Sierra con 10.000 dólares de capital.Es una extensión del Grupo Concepción, un conglomerado paraguayo-brasileño que domina la industria cárnica regional con el objetivo de “atender el mercado chino, aprovechando que la matriz en Paraguay no puede exportar directamente a ese mercado”, según lee en los documentos financieros de la empresa consultados por el medio.

Paraguay tiene veto de exportar a China debido a su reconocimiento diplomático a Taiwán. En ese marco, BFC en Bolivia ofrece una solución para evadir las restricciones: procesar carne con sello boliviano para acceder a mercados vetados a la casa matriz.

Desde su fundación en junio de 2018, BFC mostró un crecimiento exponencial financiado casi enteramente con capital boliviano a través de seis bancos y los bonos del fondo de pensiones. Sin embargo, los estados financieros muestran deterioro acelerado desde el segundo trimestre de 2024: el margen operativo se desploma, la cobertura de intereses cae, el endeudamiento explota y el flujo de caja es persistentemente negativo.

Según el reportaje, el periodo de mayor captación de fondos (2023-2024) coincide con las investigaciones por certificados falsos de exportación para el mercado ruso.

El 7 de febrero de 2023, la Aduana de la Federación de Rusia rechazó seis certificados de Origen Formulario A presentados por un importador ruso, que correspondían a envíos de carne boliviana realizados por BFC en enero y febrero de 2023. El Ministerio de Agricultura de Rusia suspende inmediatamente todas las exportaciones de carne de BFC a su mercado.

Los certificados debían haber sido emitidos por la oficina regional del Servicio Nacional de Certificación de Exportaciones en Santa Cruz (Senavex) que diez meses después del veto y tras una investigación interna, confirmó que nunca emitió esos certificados.

En paralelo a estas revelaciones, el periodista Carlos Valverde, presentó una comparación entre las cifras oficiales de exportación de carne vacuna de Bolivia hacia China con los registros de importación publicados por las autoridades aduaneras chinas. Los números no cuadran.

Entre 2020 y 2024, según datos bolivianos, el país exportó 108.388 toneladas de carne vacuna a China. Pero los registros chinos indican que, en el mismo período, China importa 237.576 toneladas de carne boliviana. La discrepancia es de 129.188 toneladas, un 119,19% más de lo que Bolivia reporta exportar.

“Por lo tanto, BFC, con matrices productoras en Paraguay y Brasil, podría estar ingresando ganado o carne de esos países a Bolivia, procesándola en su frigorífico de Santa Cruz, y reexportándola con certificados bolivianos hacia mercados donde Paraguay o Brasil tienen restricciones o menores precios. El esquema triangula materia prima sudamericana barata, procesamiento en Bolivia con sello boliviano, venta a precios asiáticos. Las ganancias fluyen hacia accionistas paraguayos y brasileños, mientras el riesgo sanitario, legal y financiero queda en Bolivia”, señala el reportaje de El País.

Analistas consultados por el medio reconocen que BFC, por su experiencia en Brasil y Paraguay, tenía potencial para convertirse en un actor importante en la industria cárnica en Bolivia.

Sin embargo el deterioro económico de la empresa frente a los compromisos financieros podría generar incumplimientos de pago. La mayoría de estos préstamos operan bajo garantía quirografaria, es decir sin activos específicos como respaldo: si BFC incumple, los bancos solo pueden perseguir a la empresa en tribunales, sin equipos ni propiedades comprometidas.

Si la empresa colapsa, los depositantes de los bancos financiadores asumirán las primeras pérdidas y los jubilados del verán evaporarse 42,9 millones de dólares de sus ahorros. Pero el costo trasciende lo financiero. El analista financiera Edith Galvez, consultada por El País afirma que “BFC representa un modelo de “inversión extranjera” que Bolivia celebra acríticamente: una empresa multinacional que no trae capital, sino que lo extrae, que no desarrolla capacidad productiva nacional, sino que utiliza a Bolivia como plataforma de conveniencia para evadir restricciones comerciales de su país de origen, que emplea trabajadores bolivianos, pero concentra propiedad y ganancias en accionistas extranjeros, y que opera en zonas grises legales mientras captura recursos públicos”.