El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por treinta días el estado de excepción en las provincias costeras de Guayas, El Oro y Manabí, así como la tropical de Los Ríos y en el cantón Echeandía de la provincia andina de Bolívar, las zonas más afectadas por la actividad del crimen organizado.

El Decreto Ejecutivo 175 que regula la norma justifica la renovación por la “grave conmoción interna” registrada en estas zonas. El texto recoge información periodística desde finales de septiembre hasta el 3 de octubre con noticias sobre inseguridad y violencia.

“A pesar de que el Gobierno ha recurrido a medidas extraordinarias para combatir la violencia, se evidencia la continuidad en la intensidad del accionar de los grupos criminales que causan zozobra en la población, así como la real ocurrencia de la problemática”, versa el documento oficial.

La renovación del estado de excepción permite mantener operaciones conjuntas y garantizar la seguridad ciudadana, restringiendo de manera temporal derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.

El texto recalca que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional “están autorizados para utilizar la fuerza en contextos de control del orden público, protección interna y seguridad ciudadana”, aunque de manera excepcional y solo durante la vigencia del estado de excepción.

Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas entonces por las estructuras criminales.

Esta declaratoria se produce apenas dos días después de que el mandatario ordenara el estado de excepción en otras diez provincias del país por la radicalización de las protestas indígenas.

La decisión pretende “detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana”, reza el decreto ejecutivo que regula la medida.

Ecuador lleva quince días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 el galón (3,78 litros).

Sin embargo, ahora la Conaie exige la baja en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 %, mejoras en salud y educación, y ha incluido en la protesta su rechazo a la consulta popular del próximo 16 de noviembre, en la que —por iniciativa del Ejecutivo— se preguntará a la ciudadanía sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El paro fue convocado a escala nacional, pero solo ha tenido efecto, por el momento, en unas cinco provincias del país, con la de Imbabura como epicentro.

El movimiento indígena ya estuvo al frente de manifestaciones masivas en rechazo a la eliminación de subsidios a los combustibles en 2019 y 2022, cuando consiguieron que los presidentes de entonces, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) diesen marcha atrás en la medida.

(Con información de EFE)