El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, uno de los cuatro imputados como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, negó a través de su abogado en Ecuador, Juan Carlos Salazar, haber sido arrestado, luego de que la Policía ejecutara un allanamiento en su residencia de Miami (Florida, Estados Unidos).
La confusión sobre la supuesta detención se originó la mañana del jueves, cuando Salazar afirmó inicialmente que Jordán había sido aprehendido por la Policía estadounidense, aunque no en relación directa con el crimen del político y periodista. Horas después, Salazar pudo contactarse con su cliente, quien le aseguró que “al final nunca se consolidó un arresto”.
Salazar relató a EFE que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) llegaron a la vivienda a las 4:00 (8:00 GMT) y permanecieron hasta cerca de las 14:00 (18:00 GMT), manteniendo una conversación con Jordán pero sin privarlo formalmente de su libertad ambulatoria.
“Nunca hubo formalmente un arresto como tal, de la información que me entrega ya en la tarde el señor Jordán”, explicó el abogado. Según sus declaraciones, los agentes se encontraban realizando “una investigación” sobre “un tema reservado” y confirmaron que Jordán sigue en libertad y sin cargos formulados en su contra.
El empresario fue vinculado al proceso por el asesinato de Villavicencio a principios de septiembre de 2023. La jueza que lleva el caso en Ecuador dispuso que Jordán se presente semanalmente en el Consulado de Ecuador en Miami. Salazar afirmó que el operativo del FBI no estaría relacionado con el asesinato ni conocía si existe un proceso judicial abierto en Estados Unidos contra su defendido.
Jordán publicó un video en su cuenta de X, donde aseguró estar llevando su “día normal” y restó importancia a los rumores, afirmando que “en EEUU no hay fiscales ni jueces corruptos”.
Entre los vinculados al caso Villavicencio figuran también el empresario Daniel Salcedo, condenado a más de treinta años de prisión por diversos casos de corrupción; el ex legislador correísta Ronny Aleaga, actualmente prófugo; y el ex ministro correísta José Serrano, detenido en Estados Unidos y a la espera de una decisión judicial sobre su situación. Salcedo declaró al Ministerio Público que el asesinato habría costado hasta doscientos mil dólares (unos 171.490 euros), pagados en dos cuotas, y señaló a Jordán como supuesto financista.
Hasta la fecha han sido condenadas cinco personas como autores materiales del crimen, entre ellas Carlos Angulo (“El Invisible”), líder de la banda delincuencial Los Lobos, quien planificó la ejecución y logística del homicidio desde una prisión en la ciudad de Latacunga. Otras ocho personas implicadas fallecieron antes del juicio, incluidas siete de nacionalidad colombiana, participantes directos del magnicidio. Uno de los sicarios murió en el lugar de los hechos, aparentemente por disparos de escoltas del candidato, y el resto falleció por ahorcamiento en prisión en circunstancias que aún no se han esclarecido.
La red de inteligencia, crimen organizado y poder político detrás del asesinato de Villavicencio quedó reflejada en el expediente público de la Fiscalía General del Estado, que revela seguimientos, amenazas y coordinación entre actores políticos, empresarios investigados y estructuras criminales, particularmente la banda Los Lobos. La documentación señala que Fernando Villavicencio era objeto de vigilancia, campañas de desacreditación y acciones políticas.
Según detalla la Fiscalía, uno de los sicarios que participó en el asesinato declaró ante un agente del FBI antes de ser asesinado en prisión en octubre de 2023. En su testimonio, aseguró que “el trabajo fue para el señor de arriba” y, al ser consultado, identificó como destinatario de la orden al ex presidente Rafael Correa.
Las investigaciones recogen chats entre varios implicados —identificados con alias como “Owner”, “Daddy Yanky” y “El Ruso”— donde se planificaban acciones de “inteligencia” sobre Villavicencio, estrategias para denunciarlo y esfuerzos para callarlo. Otros documentos dan cuenta de la existencia de estructuras criminales que realizaban seguimientos desde ámbitos mediáticos, judiciales y físicos. Testimonios como el del ex teniente de Policía R. P. H. R. mencionan solicitudes de informes sobre la vida personal del político, vigilancia, entrega de armas y coordinaciones desde prisión.
Villavicencio, referente de la oposición al correísmo, denunció contratos petroleros irregulares, hechos de corrupción en gobiernos anteriores y vínculos entre Estado, empresas privadas y narcotráfico, exponiéndose públicamente a amenazas que luego terminaron siendo investigadas judicialmente. La Fiscalía señala con precisión a Serrano, Aleaga, Salcedo y Jordán como presuntos autores intelectuales del crimen.
(Con información de EFE y EP)