Al menos 15 organizaciones nicaragüenses opositoras en el exilio solicitaron este martes a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Javier Fernández Sandoval, requerido por el régimen que dirigen Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua.
La petición fue formalizada mediante una carta dirigida a la jueza Maribel Bustillo Piedra, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, después de que representantes de las organizaciones llevaran a cabo una manifestación en las inmediaciones del complejo judicial con el lema “Hacer justicia es no extraditar a Pedro Fernández”.
Según el documento remitido, Fernández Sandoval, un agricultor nicaragüense de 57 años y residente en Costa Rica desde hace tres décadas, es padre de cuatro hijas —una de ellas nacida en el país centroamericano— y se declara un opositor activo y “perseguido político del régimen Ortega-Murillo”. Por ello, las organizaciones pidieron a la jueza que, “en atención a las normas internacionales de derechos humanos, no se ordene su extradición a Nicaragua”.
Las organizaciones sostienen que durante el periodo en el que el régimen nicaragüense formuló las acusaciones, Fernández trabajaba como jardinero en una institución estatal costarricense y afirman que este proceso “forma parte de un patrón más amplio de represión y criminalización de la disidencia” al régimen, extendiéndose incluso más allá de las fronteras nicaragüenses. En la carta, agregaron: “Aseveramos que el régimen nicaragüense ha extendido su aparato represivo fuera de sus fronteras mediante tácticas de persecución transnacional, vigilancia y hostigamiento a exiliados, amenazas a sus familiares en Nicaragua”, señalando una política coordinada de intimidación y control hacia la diáspora.
La carta subraya que la extradición podría poner a Fernández en riesgo de “tratos crueles, tortura o incluso desaparición forzada”. Como respaldo, mencionan informes de organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y procesos judiciales sin garantías mínimas en el país centroamericano.
Por todo ello, las organizaciones reclamaron a la jueza que se revisen detalladamente las pruebas de la defensa y se priorice el principio de no devolución, recogido en instrumentos internacionales de derechos humanos. “Confiamos en que Costa Rica mantendrá su tradición humanitaria y el estricto cumplimiento de sus compromisos internacionales”, expresaron en la carta.
El Ministerio Público de Nicaragua solicita la extradición de Fernández por el mismo caso por el que ya fueron acusados los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno, extraditado previamente, y Reinaldo Picado Miranda, quien permanece refugiado en Costa Rica. Las autoridades del régimen sandinista acusan a los tres hombres de estar vinculados con las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, ocurridas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, el 1 de octubre de 2022.
De acuerdo con la Policía Nacional de Nicaragua, los implicados y otros sujetos cometieron un asalto armado a trabajadores de la empresa agrícola Agro Industrial del Río, que llevaban consigo el pago de la planilla en una camioneta. La versión oficial señala que el grupo estaba armado con fusiles, escopetas y pistolas, y que el episodio derivó en la muerte de Díaz Salinas y Chavarría Rivas.
Reinaldo Picado Miranda, conocido como ‘comandante Omar’, declaró a EFE que “la dictadura de Nicaragua” solicita la extradición de Fernández “porque es un campesino humilde y opositor” que se pronunció en numerosas ocasiones en contra del régimen sandinista a través de redes sociales y por su vinculación con líderes del Movimiento Campesino. Picado también resaltó la trayectoria de Fernández en la Resistencia Campesina Azul y Blanco y otras plataformas disidentes.
La hija de Fernández, Karla Fernández, manifestó su agradecimiento a las organizaciones que abogan por su padre.
Prórroga de sanciones
Por otra parte, en el plano internacional, la Unión Europea (UE) anunció el lunes la prórroga por un año de las sanciones impuestas al régimen nicaragüense por el deterioro democrático y los abusos sistemáticos de derechos humanos propiciados desde las protestas de 2018. Estas medidas afectan actualmente a 21 personas, incluidas Murillo, varios miembros cercanos a la pareja presidencial y mandos policiales señalados por represión, detención y tortura contra la sociedad civil.
Las sanciones prohíben a los involucrados viajar a territorio europeo y bloquean sus activos dentro del bloque, a la vez que impiden a particulares y empresas facilitarles fondos en la UE. Además, el régimen de Ortega ha revocado la nacionalidad a cientos de opositores, algunos de los cuales recibieron ofertas de nacionalidad española, informó el Gobierno de España.
La UE aprovecha la prórroga para reiterar el pedido de restablecimiento de las libertades fundamentales, liberación de presos políticos y regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos. En febrero, el Parlamento Europeo aprobó una resolución impulsando investigaciones internacionales para que altos cargos del Gobierno de Nicaragua puedan ser juzgados ante tribunales por presuntos crímenes de lesa humanidad.
(Con información de EFE y EP)