La cifra de protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba alcanzó un máximo histórico en septiembre, con 1.121 incidentes documentados por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), cifra que supera el récord establecido el mes anterior.
El incremento refleja el persistente malestar social, las dificultades con los servicios públicos y un incremento de las confrontaciones directas contra el Estado policial.
El informe, al que tuvo acceso Infobae, resalta que los desafíos al Estado policial encabezaron nuevamente el listado de manifestaciones con 323 protestas de carácter contestatario. Entre estas se cuentan 16 acciones físicas en la vía pública, como cacerolazos, bloqueos de calles y marchas, sobresaliendo una movilización masiva en Gibara, Holguín.
El OCC también informó sobre “protestas clandestinas”, como grafitis antigubernamentales, sabotajes y vandalismo dirigidos a propiedades estatales, además de una amplia expresión de descontento a través de redes sociales.
La crisis de los servicios públicos constituye otro frente relevante en la estadística del mes. Esta categoría, que conformó el segundo grupo de mayor impacto con 245 protestas, se centró en el deficiente estado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que experimentó un segundo apagón total en lo que va del año junto con graves déficits de generación eléctrica.
El corte en el suministro de agua corriente también provocó manifestaciones, dado que vecinos de varias localidades bloquearon calles ante la falta del servicio. Otros apartados afectados incluyen el suministro de gas licuado, el transporte y los servicios funerarios.
La represión estatal escaló en septiembre. El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 152 detenciones y sentencias contra manifestantes y opositores, frente a 89 casos registrados en agosto. El informe documenta casos como el de un hombre sentenciado a cuatro años y medio de prisión en Santiago de Cuba por grabar con su teléfono móvil una fila para adquirir gas licuado.
Según el reporte, la respuesta de las autoridades incluyó procesamientos penales y sanciones tanto por manifestaciones presenciales como por expresiones en redes sociales.
En el ámbito de la inseguridad ciudadana, el OCC registró 121 protestas y denuncias, situando este motivo por encima de las preocupaciones vinculadas a la alimentación y la salud. Durante septiembre, se reportaron 21 muertes asociadas a la violencia social, criminal o de género, así como 17 desapariciones.
Los delitos de robo, asalto y extorsión se mantuvieron elevados: destacan 53 casos, entre ellos el robo en la vivienda de un secretario del Partido Comunista en Las Tunas y la sustracción de documentos de residencia a visitantes cubanoamericanos, práctica utilizada para exigir rescate económico.
El colapso de la salud pública mantiene un lugar destacado con 99 acciones de protesta. El mes estuvo marcado por situaciones epidemiológicas complejas en 11 provincias, presencia de arbovirus y muertes asociadas en municipios de Matanzas, sumado al deterioro de infraestructura hospitalaria y a la escasez de medicamentos, lo que obliga a los ciudadanos a recurrir al mercado negro.
Las problemáticas sociales permanecieron entre los temas más reportados con 79 registros relacionados, particularmente la migración masiva, el impacto psicológico de la crisis económica y social –definida por una especialista como una “epidemia silenciosa”– y la persistencia de la adicción a drogas de bajo costo entre los jóvenes.
El segmento de alimentación, inflación y agricultura acumuló 92 denuncias sobre la inseguridad alimentaria y la reducción del poder adquisitivo. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), citado por el OCC, arrojó que siete de cada diez cubanos dejaron de consumir una o más comidas diarias por insuficiencia de recursos, porcentaje que escala a ocho de cada diez en adultos mayores de 70 años. Además, persistieron retrasos de hasta cuatro meses en la distribución de productos básicos subsidiados como arroz y azúcar.
Por último, el informe documentó 24 denuncias vinculadas a la vivienda, que abarcaron daños tras lluvias en Guantánamo y Santiago de Cuba, derrumbes, condiciones precarias en albergues considerados temporales y la exposición de la crisis habitacional, incluyendo casos como el de una maestra que optó por salir del sistema educativo para poder construir un techo para su familia.
De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, el crecimiento del número y la diversidad de protestas pone de manifiesto el aumento del descontento social, la persistencia de la represión y la crisis multidimensional que atraviesa Cuba.