Una serie de documentos oficiales publicados en Nicaragua ha revelado la magnitud de las nuevas inversiones extranjeras en el sector minero. Las resoluciones, difundidas a través del diario oficial La Gaceta, confirmaron la entrega de más de 85.000 hectáreas en concesión para la explotación de minerales a tres empresas de capital chino.
Las concesiones fueron otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas bajo un esquema de explotación de recursos metálicos y no metálicos.
Zhong Fu Development S.A. recibió uno de los permisos más extensos: un área de casi 50.000 hectáreas en el departamento de Río San Juan, al sureste del país, fronterizo con Costa Rica. La autorización contempla operaciones por un periodo de 25 años, abarcando actividades relacionadas con diferentes tipos de minerales.
La empresa Three Gold Coins Company S.A. obtuvo derechos sobre 23.223,53 hectáreas en una zona que se extiende entre Nueva Segovia y Madriz, al norte, próxima a Honduras.
Por su parte, Norther Mining Company S.A., representada en el país por el empresario Bao Jiang, accedió a dos permisos: uno de 3.115,5 hectáreas en Chinandega, al noroeste, y otro de 8.720 hectáreas en Jinotega, al norte, ambos en áreas próximas a la frontera con Honduras. En total, AFP indicó que las áreas suman 85.056 hectáreas distribuidas entre el norte y el sur de Nicaragua.
El Debate y otros medios nicaragüenses operando desde el extranjero también han obtenido los documentos oficiales.
Al mismo tiempo, el gobierno chino, dirigido por Xi Jinping, impulsa alianzas económicas y comerciales en América Latina, consolidando la presencia de sus empresas en países que aplican políticas afines.
La llegada de capitales chinos se observa especialmente en sectores como la minería, el transporte, la seguridad, la infraestructura y el comercio. La política de concesiones busca atraer inversiones y tecnología desde Asia para modernizar la explotación de recursos y fortalecer la infraestructura local.
La Fundación del Río, entidad ecologista que opera actualmente desde el exterior, denunció que una parte significativa de los territorios adjudicados abarca áreas protegidas o regiones clave para comunidades indígenas.
Según la organización, los permisos se entregaron sin consulta formal a los habitantes originarios, pese a que la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua exigen mecanismos participativos antes del inicio de proyectos extractivos.
En cuanto a las características técnicas, el volumen de territorio adjudicado y la duración de las concesiones sobresalen: las resoluciones publicadas suman más de 850 kilómetros cuadrados de superficie, con permisos de hasta 25 años para la explotación de metales y otros recursos
Los documentos oficiales establecen el oro como principal objetivo de extracción, ya que representa uno de los principales productos de exportación del país, aunque las licencias también abarcan otros minerales y recursos no metálicos, según precisó AFP.
(Con información de AFP)